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‘Declaraciones de bienes son de acceso público’

Las declaraciones juradas de bienes patrimoniales que deben presentar algunos servidores públicos al inicio y al término de sus cargos son de libre acceso, concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González.

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El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a consulta del fiscal de Cuentas. El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a consulta del fiscal de Cuentas.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a consulta del fiscal de Cuentas.

Las declaraciones juradas de bienes patrimoniales que deben presentar algunos servidores públicos al inicio y al término de sus cargos son de libre acceso, concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González.

El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, había pedido la opinión del procurador sobre la publicación de dichas declaraciones. González respondió que la Ley 6 de 2002 no da carácter restringido a estos documentos, por lo que son de acceso público.

Declaraciones de bienes son públicas, procurador

De libre acceso al público son las declaraciones juradas de bienes patrimoniales que deben presentar algunos funcionarios al iniciar y concluir su gestión en la administración pública.

Así lo determinó el procurador de la Administración Rigoberto González, tras responder a la solicitud hecha por el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, quien el pasado 25 de marzo pidió su opinión respecto al tema.

En su momento, Rodríguez expresó al procurador su inquietud, de que no existe una “uniformidad” de criterio en el artículo 304 de la Constitución, que obliga a ciertos funcionarios a presentar sus declaraciones juradas. El fiscal buscaba conocer si es obligatorio o no publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

No obstante, la duda fue despejada luego de que el procurador de la Administración señalara, basándose en la Constitución, de que el pueblo es el titular del poder público, puesto que así lo dispone el artículo 2 de la norma constitucional.

Dicho artículo señala que el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado a través de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De allí, a que apunta sobre “la importancia de que la ciudadanía tenga derecho a acceder a toda aquella información que le permita ejercer el control ciudadano...”, dice la nota enviada por el procurador a Rodríguez.

Igualmente, el procurador de la Administración pone de manifiesto que es importante la rendición de cuenta y cita el artículo 43 de la Constitución, en el que se establece que “toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en base de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la ley...”.

Durante la pasada administración de gobierno, varios notarios, que son por ley los encargados de recibir las declaraciones juradas de los servidores públicos se negaban a entregar la información. En tanto, el artículo 304 de la Constitución obliga al presidente de la República, el vicepresidente, ministros, jefes de entidades autónomas y todo aquel que ocupe puesto de mando y jurisdicción hacer pública su declaración.

En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación investiga a varios exfuncionarios por supuesto enriquecimiento injustificado. Recientemente, la Asamblea Nacional condenó por este delito a cinco años de cárcel al exmagistrado de la Corte Suprema Alejandro Moncada Luna.

El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino es investigado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado basado, entre otras cosas, en las incongruencias de su declaración de bienes.

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