Derechos humanos

‘A la Defensoría hay que fortalecerla, no debilitarla’

Mientras organizaciones de derechos humanos exigen respeto a la institucionalidad, en la Asamblea Nacional aceleran el caso contra el defensor Castillero Hoyos. Cortizo pide un informe.

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‘A la Defensoría hay que fortalecerla, no debilitarla’

La elección del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, el 30 de marzo de 2016, fue posible tras un acuerdo político entre las bancadas del entonces oficialista Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que presidía la Asamblea Nacional en la figura de Rubén De León.

Aquel pacto significó que Castillero Hoyos, quien trabajaba en el Ministerio de Seguridad Pública en el gobierno de Juan Carlos Varela, sería el defensor titular para el período 2016-2021 y la defensora adjunta sería una militante del PRD, Elsa Fernández, quien había sido suplente del diputado Crispiano Adames.

Tres años después, Fernández fue nombrada en la Autoridad Nacional de Trasparencia y Acceso a la Información por el presidente Laurentino Cortizo, y Castillero Hoyos llena la vacante con una vieja conocida en el PRD: Maribel Coco.

Con el nuevo tablero político -el PRD con el control del Ejecutivo y Legislativo- Castillero Hoyos podría correr la misma suerte que Liborio García y Patria Portugal, quienes fueron destituidos por la misma Asamblea Nacional que los nombró.

De hecho, la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, presidida por Zulay Rodríguez, pidió al pleno legislativo el pasado 3 de octubre la remoción del defensor alegando falta de solvencia moral.

Ello a raíz de una “investigación” que hizo una subcomisión, sobre una denuncia de presunto acoso sexual en la Defensoría, que implicaría a Castillero Hoyos. A los detalles de estas pesquisas, sin embargo, les dio carácter reservado la diputada Corina Cano, que participó en el proceso. No obstante, Zulay Rodríguez dijo hace poco que se trata de ocho denuncias de acoso laboral y sexual en un “expediente” de mil 500 páginas.

Castillero Hoyos ha advertido que no se le ha permitido defenderse y que se ha violado el debido proceso.

Rodríguez dijo que hoy o mañana se estaría tratando en el pleno la remoción y que, incluso, ya han llegado a la Asamblea hojas de vida de aspirantes al cargo.

Para remover al defensor, la Asamblea Nacional requiere de, al menos, 48 votos de los 71 diputados (es decir, dos terceras partes).

Mientras esto ocurre, agrupaciones de derechos humanos lanzan, a partir de hoy, una “cruzada” para fortalecer esta institución que consideran cada vez más debilitada.

Carlos Lee, de la Red de Derechos Humanos de Panamá, aseguró que “no permitiremos que la clase política desnaturalice la labor de esta institución o que la siga debilitando”.

Dijo que en los últimos años la Defensoría se ha utilizado como botín político, lo que representa un golpe al profesionalismo de quienes trabajan por los derechos humanos.

Mariela Arce, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, una de las agrupaciones de la Red, dijo que si bien las denuncias contra el defensor son muy delicadas y requieren una investigación técnica, también es preocupante que ya se habla de “hojas de vida” de posibles candidatos, sin que se sepa de un proceso de participación ciudadana.

Recordó que en el caso de la remoción de Liborio García en 2006, las organizaciones sociales exigieron su destitución porque había una denuncia de una persona que dio la cara: su esposa.

En tanto, Enrique De Obarrio, de la Concertación Nacional para el Desarrollo, coincidió con Arce y Lee en la necesidad de defender la institucionalidad y respetar el debido proceso. Sin embargo, señaló que Castillero Hoyos “erró y se precipitó” al nombrar como adjunta a una militante política como Coco. El defensor adjunto es un cargo de libre nombramiento y remoción del defensor.

De hecho, el nombramiento de Coco fue la razón por la que la secretaria general de la Defensoría, Joyce Araújo, renunció a su cargo desde el pasado 30 de septiembre.

Por los lados del Ejecutivo el caso es seguido con atención. El presidente Cortizo dijo este fin de semana que ayer (domingo) recibiría un informe de la situación de Castillero Hoyos. Además, pidió que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.

(Con información de Aminta Bustamante y Olmedo Rodríguez).

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