advertencia de inconstitucionalidad contra fueros y privilegios

Demandan ley que favorece a diputados

Un recurso contra un artículo del ´Código Procesal Penal´, forma parte de una demanda presentada contra el diputado Sergio Gálvez.
El diputado Sergio Gálvez fue acusado de repartir dinero en El Chorrillo LA PRENSA/Archivo. El diputado Sergio Gálvez fue acusado de repartir dinero en El Chorrillo LA PRENSA/Archivo.
El diputado Sergio Gálvez fue acusado de repartir dinero en El Chorrillo LA PRENSA/Archivo.

El artículo 491-A del Código Procesal Penal, que otorga un plazo de dos meses a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para investigar a los diputados y establece nuevos requisitos para que se extinga la acción penal, debe ser declarado inconstitucional.

Así lo solicita una advertencia de inconstitucionalidad, presentada el 20 de noviembre pasado por el abogado y miembro del Partido Popular Carlos Rubio, contra el citado artículo de la ley 55 de 2012.

Dicha petición es parte de la denuncia que interpuso Rubio contra el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez.

La acción fue presentada el 9 de julio pasado y le atribuye a Gálvez los delitos contra la libertad y pureza del sufragio. Se sustenta en el hecho de que dos días antes el diputado oficialista regaló dinero en una actividad en El Chorrillo.

Además del plazo de los dos meses, el artículo demandado estipula que la acción penal se extingue si en 10 días el magistrado que actúa como juez de garantías no fija el término para investigar.

La norma impugnada también concede un mes adicional para tramitar el proceso cuando la investigación es compleja.

impunidad

Dentro del recurso, Rubio sustentó que el hecho de que la acción penal se extinga en 10 días “crea un fuero y un manto de impunidad en favor de los diputados”.

Agregó además que con ello se violan los artículos 19 y 155 de la Constitución, debido a que a su juicio, al ciudadano común se le extingue la acción penal por otras causas distintas a las de los diputados.

Según Rubio, con la fijación de un plazo para extinguir la acción penal, se protege a los diputados para que no sean investigados.

“Cualquier traba, autorización, o amparo que impide la investigación y procesamiento a los diputados es una inmunidad”, señaló.

Fábrega decide

El magistrado ponente de la denuncia contra Gálvez es Luis Ramón Fábrega.

Fuentes judiciales explicaron que la advertencia de inconstitucionalidad debe también ser asignada a Fábrega, quien debe resolverla para luego continuar la investigación de la denuncia a Gálvez.

Rubio, además, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 55 de 2012, que establece requisitos para denunciar a diputados y fija un plazo de dos meses para investigarlos. Dicha demanda tiene como ponente a Hernán de León.

El 20 de diciembre pasado, el pleno de la CSJ rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado José Luis Galloway contra la citada ley 55 de 2012. Este último fallo tuvo como ponente al magistrado Fábrega.

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