TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Demandan nulidad de contrato

Según el demandante, el canon que recibe la Universidad por sus tierras es ‘irrisorio’. Se disfrazó una concesión en un contrato de alquiler.

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La Universidad de Panamá, que cedió 42 hectáreas por un periodo de hasta 40 años, cobra solo por 33 de ellas a Parque Sur, a 5 centavos el metro cuadrado. La empresa, a su vez, alquila el metro de sus bodegas (en el terreno universitario) a $9.50. La Universidad de Panamá, que cedió 42 hectáreas por un periodo de hasta 40 años, cobra solo por 33 de ellas a Parque Sur, a 5 centavos el metro cuadrado. La empresa, a su vez,  alquila el metro de sus bodegas (en el terreno universitario) a $9.50.

La Universidad de Panamá, que cedió 42 hectáreas por un periodo de hasta 40 años, cobra solo por 33 de ellas a Parque Sur, a 5 centavos el metro cuadrado. La empresa, a su vez, alquila el metro de sus bodegas (en el terreno universitario) a $9.50. Foto por: LA PRENSA/Archivo

Gustavo García de Paredes, exrector. Gustavo García de Paredes, exrector.

Gustavo García de Paredes, exrector. Foto por: Archivo

Una demanda de nulidad contra el contrato de arrendamiento entre la Universidad de Panamá (UP) y Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., espera su admisión en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Con este alquiler de 20 años prorrogables, firmado en 2006 por el entonces rector, Gustavo García de Paredes, y Salomón Hanono, de Parque Sur, la UP cedió 42 hectáreas de tierras próximas al Aeropuerto de Tocumen –que eran para la Facultad de Ciencias Agropecuarias– para construir un centro logístico, aunque solo cobra por 33 hectáreas.

“Se trata de los bienes de nuestra primera casa de estudios que están siendo usurpados con mecanismos ilegales para lucrar a favor de terceros por cifras que no representan los mejores intereses de la Universidad de Panamá y por términos ilegales”, expone el exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta en la demanda, de 73 páginas, en la que objetó 14 cláusulas del contrato.

Explica que el contrato nació de una licitación de 18.2 hectáreas y que, mediante modificaciones, el terreno entregado superó el 100% de la tierra ofrecida en la licitación, y que los lotes adicionales no fueron actualizados mediante avalúos.

Agrega que la licitación de las 18.2 hectáreas se hizo con avalúos “irracionales”, con un uso de tierra agrícola, pese a ser un proyecto de infraestructura, y que los 5 centavos que paga el arrendatario por metro cuadrado es, incluso, inferior a esta valoración.

Además, en esta cantidad de hectáreas se incluyeron nueve de “presunta servidumbre” ecológica, cuya existencia fue cuestionada por el Ministerio de Ambiente y que son explotadas sin pagar arrendamiento. Todo esto afecta el principio de “proporcionalidad en la contratación y lesiona el interés público”.

El contrato, argumenta Zuleta, otorga derechos “omnímodos” al arrendador, “con altos privilegios”, como el registro de las mejoras y que la UP le resarza hasta el 70% de una inversión de hasta $10 millones. Para cuando estas edificaciones reviertan a la UP, estarán “altamente depreciadas” y este reembolso de la reducción del canon de arrendamiento “equivale a un enriquecimiento injustificado por el arrendatario”.

Ello, sin considerar que la pasada administración declaró parte del terreno zona franca tras la licitación, “privilegios y ventajas exorbitantes, irracionales y desproporcionales” no amparadas en la Ley de Contrataciones Públicas, sostiene Zuleta.

La demanda indica que el contrato y sus adendas violan normas legales, como “obtener el mayor beneficio para el Estado”, porque se “intenta blindar un contrato de concesión administrativa dentro de un contrato de arrendamiento, cuyos beneficios no califican dentro de esa clase y objeto de contrato”.

Agrega que el beneficio del contrato para un grupo económico atenta “contra el patrimonio de la casa de estudios y el crecimiento de su patrimonio”, porque se trata de “un contrato de concesión administrativa disfrazado, obviando las regalías que verdaderamente representaría esta contratación a la UP, frente a un canon de arrendamiento irracional y desproporcional, violándose la clase y objeto del contrato”.

Añade que Parque Industrial y Corporativo Sur “prácticamente ha sido beneficiada con un contrato que se origina de una licitación pública mal planteada y proyectada como si fuera un típico contrato de arrendamiento de duración prolongada, sin las previsiones acordes a su finalidad, que no representa los mejores intereses de la UP y que contiene reglas y prestaciones típicas de un contrato de concesión administrativa, entre otras inconsistencias jurídicas”, sostiene.

“El interés público ha sido sorprendido al acordar la UP un contrato de duración prolongada con cláusulas exorbitantes que no califican como un arrendamiento de duración prolongada y después modificarlo con reglas que no representan los mejores intereses de la UP...”.

Otra violación a la ley, añade el jurista, es que el contrato no se publicó en la Gaceta Oficial ni tiene aprobación del Consejo de Gabinete.

La acción legal surge tras la publicación de una investigación periodística que reveló que la UP alquiló y vendió terrenos en transacciones desfavorables, lo que, a su vez, provocó una investigación en el Ministerio Público, luego de que la Contraloría confirmara que estos alquileres perjudicaron a la UP.

Ni la Contraloría ni el nuevo rector de la UP, Eduardo Flores, demandaron este contrato. Flores informó en su momento que la UP negocia mejores beneficios para la institución. Se intentó contactar a Hanono para obtener su versión al respecto, pero no fue posible.

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