INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD

Obreros extranjeros denuncian a exfiscales de Azuero

Los denunciantes fueron contratados para labores de construcción. Acusan a las exfuncionarias de haberlos detenido sin que hubieran cometido delito.

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Los cinco extranjeros rindieron declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, en vía España. Los cinco extranjeros rindieron declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, en vía España.
Los cinco extranjeros rindieron declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, en vía España. Olmedo Rodríguez

Una denuncia por la posible comisión del delito contra la libertad fue presentada en el Ministerio Público contra la exfiscal del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos) Enereida Barría y la exfiscal de circuito Dalilia Villareal De La Fuente.

La acción penal fue interpuesta por un grupo de extranjeros, trabajadores de la construcción, que laboraban para un subcontratista del programa Techos de Esperanza, que lleva adelante el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el corregimiento de Bahía Honda, en Macaracas, provincia de Los Santos.

La denuncia se interpuso un día después de que ambas fiscales manifestaran ante los medios de comunicación que habían sido destituidas y que consideraban la decisión injusta, ya que esta había sido consecuencia de una medida tomada en un proceso que instruyeron contra dos ciudadanos venezolanos y tres nicaragüenses.

Se trata de un caso en el que a los cinco extranjeros se les acusó de la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de la empresa que los contrató.

Barría indicó que ellas actuaron conforme a la Constitución, a la ley y a evidencias que al momento de la decisión existían en la investigación.

En términos similares se expresó Villarreal De La Fuente, quien dijo que pareciera que actuar conforme a la ley, la Constitución y los procedimientos es un pecado para el Ministerio Público en estos momentos.

Los argumentos de las fiscales no son compartidos por Lola Barcala, abogada de la Fundación X-ella’s –que trabaja en la prevención de la trata de personas–, quien defiende a los cinco obreros.

Barcala considera que las fiscales le “armaron un paquete” sobre un supuesto delito de extorsión a los trabajadores, y esto llevó a que estuvieran detenidos provisionalmente durante seis meses —del 24 de agosto de 2017 al 9 de febrero de 2018—, cuando la entonces fiscal solicitó que se les diera la libertad absoluta porque consideraba que eran víctimas de trata y, por tanto, nunca extorsionaron a la empresa.

Según Barcala, el “paquete” tiene relación con que la hija de la exfiscal Villarreal De La Fuente laboraba para la constructora encargada del proyecto.

LOS HECHOS

En febrero pasado, los cinco obreros fueron dejados en libertad, luego de que la fiscalía determinó que, en efecto, eran víctimas de trata de personas en la modalidad laboral.

Barcala relató que cuando estas personas empezaron a trabajar con la empresa subcontratista, esta les quitó los pasaportes y otros documentos personales.

Denunció que los extranjeros laboraban más de 15 horas diarias, que los obligaban a levantar cargas con pesos inhumanos (varios sacos de cemento a la vez) y que dormían a la intemperie: en los predios de la Junta Comunal del corregimiento de Bahía Honda.

También aseguró que solo les daban una comida diaria y la mayoría de las veces el menú era pan con sardina. Según la versión de las víctimas, moradores de la comunidad algunas veces les daban comida.

Luego de unos meses, cuenta Barcala que el grupo de trabajadores reclamó a la empresa subcontratista para que les pagaran sus prestaciones laborales; que acordaron encontrarse en un lugar y llegado el día fueron aprehendidos por la fiscalía, por una denuncia en la que se les acusaba de la comisión del presunto delito de extorsión en perjuicio de la empresa.

Barcala indicó que lo que se busca con la acción legal interpuesta es que no se repita el hecho de que fiscales, producto del tráfico de influencias entre familiares, cometan estas injusticias.

La activista hizo un llamado a la población para que cuando vean estas violaciones de derechos humanos presenten la denuncia ante las autoridades.

“Hay muchos extranjeros que entran a Panamá por la mala regularización que hay ahora mismo en temas migratorios y les están siendo vulnerados sus derechos . No se atreven a denunciar porque piensan que si no tienen papeles no pueden hacerlo”, advirtió.

Los obreros terminaron de hacer sus descargos en la tarde de ayer, en la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, en la ciudad de Panamá.

La investigación será llevada bajo los parámetros del sistema penal acusatorio en Azuero.

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