TE COMPRUEBA USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN CAMPAÑA ELECTORAL

Denunciarán penalmente a Carlos Tito Afú

El Tribunal Electoral convocó a comicios parciales en 15 mesas en el circuito 7-1, que incluyen a más de 4 mil electores.

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Además de que el Tribunal Electoral (TE) anuló su proclamación como diputado de Cambio Democrático (CD) en el circuito 7-1, Carlos Tito Afú deberá ahora enfrentar a la justicia penal.

Y es que los abogados de Ovidio Díaz, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que impugnó a Afú, presentarán una acción penal contra el político, que lleva cuatro períodos consecutivos ganando la representación del 7-1 en el Legislativo.

Díaz manifestó que tras el fallo del TE quedó confirmado que “con la plata de todos Afú compró de todo para torcer la voluntad popular a su favor, sin licitación y con sobreprecios. Por eso, procederemos a interponer una acción penal ante la Procuraduría General de la Nación”.

Señaló que la acción penal será por el uso indebido de los recursos del Estado a favor de su campaña, porque esto no se puede resolver solo con la celebración de nuevas elecciones.

SE USÓ DINERO ESTATAL

El TE resolvió convocar a nuevas elecciones parciales en el circuito 7-1 (Las Tablas, Pocrí, Guararé y Pedasí), al admitir el recurso de impugnación presentado por Ovidio Díaz, quien alegó la utilización de recursos del Estado en la pasada campaña política.

De acuerdo con el fallo, “se violó la libertad y honradez del sufragio popular en la elección de diputado en el circuito 7-1 en 15 mesas impugnadas por el manejo de fondos y recursos públicos”.

Los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Erasmo Pinilla respaldaron la sentencia, mientras que Heriberto Araúz salvó su voto.

En el fallo, los magistrados concluyeron que quedó en evidencia el uso de recursos del Estado por parte de la campaña de Afú por cerca de 4.1 millones de dólares, de los cuales 1.4 millón de dólares provinieron del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y fueron destinados al Proyecto de Interés Social Comunitario, en el que “el impugnado tuvo a su exclusiva y entera disposición bienes adquiridos con fondos públicos obtenidos de transferencias hechas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Mientras tanto, cerca de 2.7 millones de dólares fueron desembolsados de una cuenta en el Banco Nacional de Panamá para la Alcaldía de Río de Jesús en Veraguas, “para beneficiar a electores y juntas comunales en el circuito 7-1”.

El alcalde de Río de Jesús, Humberto Sánchez, declaró que esa cuenta era administrada siguiendo órdenes del diputado Carlos Afú.

Los magistrados destacaron que la entrega de dinero y/o bienes de manera selectiva y discrecional a electores en la campaña electoral atenta contra la libertad del sufragio popular y, por ende, viola de manera directa la garantía constitucional consagrada en el artículo 135 de la Constitución Política.

“Sí constituye apoyo oficial que una entidad del Estado como el MEF entregue fondos públicos a un diputados para que este los maneje a su absoluta y entera disposición”, concluyeron.

Establecieron, además, que el dinero público fue transferido a una cuenta que manejaría exclusivamente el impugnado, “lo que nos permite calificar el apoyo oficial como directo”.

Lo planteado por los magistrados fue producto del análisis de la causal 14 del artículo 339 del Código Electoral, que fija como una causal de impugnación la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el Código Electoral.

Contra la resolución, el impugnado podrá interponer recursos de reconsideración al momento de su notificación y tendrá dos días hábiles para esto.

EXPLICA SALVAMENTO

En su salvamento de voto, el magistrado Heriberto Araúz destacó que aunque reconoce que hubo hechos irregulares durante la campaña, no es procedente anular una elección por hechos ilícitos ocurridos durante la campaña electoral invocando para ello el numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral, porque este se refiere a situaciones ocurridas durante la celebración del mismo día de las elecciones.

Consideró que aquellos actos ocurridos antes de las elecciones, como el desvío de fondos públicos a juntas comunales y otras entidades, y su utilización ilegítima a favor de determinados candidatos o partidos políticos, de probarse, constituye un hecho aborrecible y es competencia de la jurisdicción penal electoral.

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