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Denuncias ante la Asamblea Nacional buscan suspender del cargo a Mejía y Díaz

El pleno de la Corte debatirá hoy si admite o no un amparo de garantías que ataca la competencia de la Corte en el caso Martinelli.

Dos denuncias para defenestrar a la Corte Suprema

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Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías. Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías.

Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías. Foto por: Archivo

Harry Díaz, magistrado fiscal. Harry Díaz, magistrado fiscal.

Harry Díaz, magistrado fiscal. Foto por: Archivo

Los dos magistrados clave en el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli por las escuchas supuestamente ilegales enfrentan denuncias en la Asamblea Nacional (AN), en las que se pide suspenderlos del cargo.

El 4 de este mes, el abogado Jorge Domínguez denunció a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía y Harry Díaz: juez de garantías y fiscal del caso, respectivamente, por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad.

Domínguez sustenta que los magistrados y jueces no podrán desempeñar ningún otro cargo público, que no sea el de profesor, por lo que no podían fungir como juez de garantías y fiscal del caso.

La denuncia debe ser tramitada por la Comisión de Credenciales, que está presidida por el diputado Sergio Chello Gálvez, del partido Cambio Democrático, que fundó Martinelli.

Carlos Herrera Morán, vocero de las víctimas de los pinchazos, asegura que este nuevo recurso es parte de “la guerra sucia” que los abogados de Martinelli vienen realizando desde hace varias semanas al sentir que el proceso está cobrando fuerza.

DEBATIR

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debatirá hoy si admite o no un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli contra la decisión del magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, de determinar que esa corporación de justicia no pierde la competencia de juzgar al exmandatario por el caso de los pinchazos, a pesar de su renuncia al Parlamento Centroamericano .

Fuentes del  Órgano Judicial informaron que en el pleno extraordinario de hoy participarían los magistrados Hernán De León, Abel Zamorano, Ángela Russo, Oydén Ortega (ponente del amparo), Efren Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega, quien está de licencia), Asunción Alonso Mojica (suplente de José Ayú Prado), Luis Mario Carrasco (quien actuará como suplente especial de Cecilio Cedalise) y Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz).

Las fuentes informaron que por el despacho del magistrado Mejía no firmará ningún suplente, ya que su suplente, Luis Mario Carrasco, actuará por Cedalise.

Explicaron que en caso de haber un empate, ya que actuarán ocho magistrados, sería necesario llamar a un magistrado dirimente, que podría ser Gisela Agurto Ayala (suplente de Oydén Ortega) o Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León).

Mientras tanto, los abogados Carlos Herrera Morán y Rosendo Rivera presentaron ayer un escrito para que se les permita participar como terceros interesados en el amparo presentado por la defensa.

Morán alegó que el escrito busca que la Corte Suprema de Justicia rechace de plano la solicitud de declinación de competencia, ya que los fallos del máximo tribunal son definitivos y de estricto cumplimiento, por lo que el dictamen de Mejía como juez de garantías no es revisable por ninguna otra instancia judicial.

Dos denuncias para defenestrar a la Corte Suprema

ANÁLISIS: La Asamblea Nacional está acumulando millaje en ilegalidades y en comportamiento contrario al Estado de derecho. No es de extrañar, entonces, que en el marco de la presidencia de Yanibel Ábrego y con el diputado Sergio Gálvez como presidente de la Comisión de Credenciales, se hayan presentado dos denuncias sumamente peculiares contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía y Harry Díaz, por la supuesta comisión de un delito, muy raramente calificado, que consiste en violar el artículo 208 de la Constitución Política“Artículo 208. Los magistrados y jueces principales no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del derecho en establecimientos de educación universitaria”.

¿Cómo presuntamente se incumple con este artículo de la Constitución? Según las dos denuncias del abogado Jorge Domínguez, esto ocurre porque tanto Mejía como Díaz desempeñan otros cargos públicos, que son el de juez de garantías y el de fiscal de la causa de los pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Para confirmar que se ha cometido un delito -según estas denuncias-, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tendría que interpretar que el artículo 489 del Código Procesal Penal viola la Constitución: “Artículo 489. Designación del magistrado fiscal y del juez de garantías. Admitida la querella o la denuncia, el pleno designará, en esa misma resolución, a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de fiscal de la causa y a otro para que ejerza las funciones de juez de garantías[...]”.

Las dos denuncias son idénticas, excepto por el segmento que le corresponde a la descripción del magistrado denunciado y su supuesto “otro cargo público”.

Lo primero que hay que advertir sobre el fondo de la denuncia es que para calificar el delito, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, y posteriormente el pleno de la misma, tendría que interpretar la constitucionalidad del artículo 489 del Código Procesal Penal. Esa función, según la Constitución en su artículo 206, la tiene el pleno de la Corte Suprema de Justicia exclusivamente, por lo que dicha interpretación por parte de los diputados sí sería un delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Un segundo argumento contra el fondo de estas denuncias es que la propia Constitución Política, en el numeral 3 del artículo 206, establece que los magistrados de la Corte son los que investigan y juzgan a los diputados. El artículo 489 solo establece la forma en que la Corte se organiza para cumplir con esa función constitucional. Si esto fuera declarado un delito, no existiría forma legal de juzgar a un diputado, por lo que no solo quedarían impunes por cualquier delito cometido, sino que se le estaría dando un golpe de Estado a la Corte, quitándole una de sus funciones fundamentales.

Los libelos de las denuncias contienen citas textuales de normas del libro tercero del Código Judicial, que, como es público y notorio, no es aplicable a una denuncia contra un magistrado de la Corte porque ese libro del Código Judicial fue derogado y reemplazado por el Código Procesal Penal.

La redacción de las denuncias da la impresión de ser escrita sobre un borrador de amparo de garantías constitucionales, ya que hace alusión a términos usuales en ese recurso. “...se estima agotada la vía ordinaria que es de una sola instancia, pues no existe recurso ordinario de impugnación para la reparación de los hechos vulnerados del diputado Ricardo Martinelli Berrocal, en el pleno de la Corte, la cual negó a pesar de cumplir con el artículo 2619, al manifestar no tener competencia”.

Las denuncias mencionan al magistrado Hernán De León como el presidente de la Corte que lideraba el pleno de dicho cuerpo en 2015, cuando se designó a los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía como fiscal y juez de garantías, respectivamente. El presidente de la Corte era entonces el magistrado José Ayú Prado.

Como dato curioso, el pasado 28 de mayo el abogado Carlos Carrillo presentó un amparo de garantías constitucionales en representación de la diputada presidenta Yanibel Ábrego en el caso de la auditoría de las planillas de la Asamblea Nacional. Coincidentalmente, Carrillo lidera el equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

En condiciones normales, estas denuncias (“demandas”) habrían sido rechazadas al momento de su presentación; sin embargo, con el diputado Sergio Gálvez presidiendo la Comisión de Credenciales, se puede presentar alguna situación preocupante, ya que las denuncias piden a la Comisión de Credenciales que como medida cautelar suspendan de sus cargos a los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía. Esto es una clara amenaza a la independencia judicial y a la integridad del Estado de derecho.

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