debate judicial

Denuncias contra diputados dividen al pleno de la Corte

Trascendió que los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega serían partidarios de que no se admitan las denuncias contra los diputados Leandro Ávila y Felipe Vargas.

Hoy vence el plazo para que la Asamblea responda por las planillas

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Los magistrados que conforman el pleno de la Corte deberán discutir la admisión o rechazo de las denuncias la próxima semana. Archivo- Los magistrados que conforman el pleno de la Corte deberán discutir la admisión o rechazo de las denuncias la próxima semana. Archivo-

Los magistrados que conforman el pleno de la Corte deberán discutir la admisión o rechazo de las denuncias la próxima semana. Archivo-

Denuncias contra diputados dividen al pleno de la Corte Denuncias contra diputados dividen al pleno de la Corte

Denuncias contra diputados dividen al pleno de la Corte

Por segunda semana consecutiva, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se pudo poner de acuerdo sobre la admisión o rechazo de las denuncias presentadas por el contralor general de la República, Federico Humbert, contra los diputados perredistas Leandro Ávila y Felipe Vargas por supuestas irregularidades en el manejo de las planillas de la Asamblea Nacional.

Fuentes judiciales confirmaron que en la sesión del pleno de ayer, los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León (presidente interino de la CSJ) y Luis Ramón Fábrega no asistieron, por lo que el tema no pudo ser discutido.

Ayú, Fábrega y De León hicieron la semana pasada observaciones a los proyectos de fallo de los ponentes en estas denuncias, y los tres serían partidarios de que no se admitan, explicaron las fuentes.

Indicaron que las diferencias se centran en que algunos magistrados opinan que se debe realizar una audiencia de imputación antes de la admisión. Otros consideran que ya existe un fallo del pleno, fechado el 30 de enero de 2018, en el que se estableció que en el caso de los diputados la admisión de la denuncia equivale a la imputación, por lo que no se requeriría de una audiencia para iniciar la investigación.

En el caso de la denuncia contra el diputado Felipe Vargas, actúa como ponente el magistrado Oydén Ortega Durán, quien en su proyecto de fallo es favorable a la admisión de la denuncia.

El pasado 24 de julio, Humbert denunció a Vargas por presuntos malos manejos de contratos en la planilla 172 y alegó haber entregado la prueba idónea.

Mientras, en el caso del diputado Ávila, la denuncia de Humbert guarda relación con el nombramiento, a través de la planilla 172, de una empleada doméstica que laboraba en la residencia de la expresidenta Mireya Moscoso en Chiriquí.

Se trata de María Gómez, empleada de Moscoso, quien aparece en la planilla de la Asamblea Nacional como contratada entre los años 2015 y 2016. En esta denuncia el ponente también es el magistrado Oydén Ortega Durán.

Otras denuncias

El pleno de la CSJ admitió el 8 de agosto pasado la denuncia que presentó el contralor contra el diputado Aristides Aris De Icaza (Cambio Democrático).

El magistrado Abel Zamorano actúa como juez de garantías y Hernán De León como fiscal en esta investigación.

La Corte aún tiene pendiente decidir sobre la admisión o rechazo de las denuncias presentadas por supuestas irregularidades en las planillas de los diputados Marylín Vallarino (CD), Jorge Alberto Rosas (Panameñista) y Athenas Athanasiadis (PRD).

Estos tres diputados fueron señalados por el contralor de supuestamente pagar con las planillas del Legislativo el salario de trabajadores de empresas relacionadas con ellos o sus familias.

Hoy vence el plazo para que la Asamblea responda por las planillas

Hoy culmina el plazo para que la Asamblea Nacional (AN) entregue  información de las  planillas  172, 02 y 04, requerida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

La presidenta de la AN, Yanibel Ábrego,  pidió  a la Antai  el 1 de agosto una prórroga de 30 días  para contestar, por lo que la directora de la entidad, Angélica Maytín, le notificó el pasado martes que tiene hasta hoy para hacerlo, según  la Ley de Transparencia.

De no cumplir, la Antai podría abrir un proceso administrativo sancionatorio contra Ábrego.

Maytín pidió a la AN  que la información esté autenticada y tenga “los estándares que toda la planilla del sector público mantiene; es decir, nombre, apellido, número de cédula ,cargo, salario, estatus, así como cualquier otra información que se adicione y que resulte de relevancia para la entidad que usted preside”.

En tanto,  este medio pidió formalmente a la AN,  desde 2017, publicar los nombres y cargos de los contratos por servicios profesionales (172), pero no lo ha hecho,  pese a un fallo del habeas data de  la Corte Suprema de Justicia.

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