OPOSITORES SEÑALAN AL GOBIERNO POR SUPUESTAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS ILEGALES

Denuncias no reciben impulso

La exprocuradora Ana Matilde Gómez fue la única funcionaria condenada por autorizar ´pinchazos´ en pesquisa penal.

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Aunque las denuncias sobre supuestas escuchas telefónicas a políticos opositores al gobierno han aumentado en los últimos meses, en el Ministerio Público (MP) las investigaciones por esas quejas no han recibido el impulso esperado por los afectados.

Fuentes de la Procuraduría de la Nación informaron que la acusación más reciente sobre la supuesta comisión de este delito, presentada por la exjueza suplente Zulay Rodríguez el pasado 24 de noviembre, no ha sido enviada a ninguna fiscalía y que todavía permanece en la Secretaría General en espera de reparto.

“Ocho impulsos procesales hemos interpuesto para acelerarla y no la han movido aún”, denunció Rodríguez.

Dicha denuncia penal fue por la supuesta intervención de su teléfono celular y del de su esposo, Álvaro Testa, caso en el que incluso una conversación entre ambos fue publicada en la internet sin su debida autorización.

Rodríguez acusó directamente al Consejo de Seguridad por el “pinchazo” y responsabilizó al presidente, Ricardo Martinelli, por cualquier agresión que pueda sufrir. De hecho, denunció al mandatario ante la Asamblea Nacional.

A finales de noviembre pasado, Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también denunció haber sido objeto de una grabación ilegal. No lo hizo en el MP, sino a través de los medios.

En concreto, denunció que grabaron y divulgaron una conversación privada que sostuvo en la casa de Mitchell Doens, secretario general del colectivo político, y advirtió de que pudieron haber sido “plantados” micrófonos.

Sobre este caso, el MP informó que no se ha presentado ninguna denuncia oficial ni se ha abierto expediente alguno.

Sánchez Cárdenas dijo no tener ninguna duda de que este tipo de “espionaje y violación de la privacidad” es ejecutado por parte de miembros del Gobierno y del partido Cambio Democrático (CD)”.

Frente a estas denuncias, la Presidencia de la República presentó ante el MP el pasado 5 de diciembre, por intermedio de la exfiscal y ahora asesora legal del Ministerio de la Presidencia Ana Belfon, una denuncia por la publicación en varios medios de comunicación de correos electrónicos de la cuenta del Presidente, y para que se investigue la posesión de documentos del Estado en manos de la dirigente del PRD Balbina Herrera.

Este sumario está todavía en el despacho del procurador de la Nación, José Ayú Prado, según se informó en el MP.

ENGAVETADA

En octubre de 2010, la Procuraduría archivó una primera denuncia presentada por Sánchez Cárdenas, también sobre supuestos “pinchazos” telefónicos.

Cuando el perredista fue al MP a rendir declaración jurada y ampliar la queja que había presentado cuatro meses antes, se sorprendió pues le comunicaron que la denuncia fue archivada por carecer de sustento.

“Determinaron cerrar el sumario, cerraron el proceso, cosa que es inadmisible porque no hay el mínimo interés de investigar nada”, dijo Sánchez Cárdenas en ese momento.

La denuncia consistía en una supuesta intercepción telefónica y escucha ilegal, luego de que en el sitio de internet Youtube se publicara una conversación del perredista con un supuesto dirigente sindical de Bocas del Toro, durante los enfrentamientos ocurridos en Changuinola en 2010.

En la conversación telefónica interceptada entre Sánchez Cárdenas y el dirigente sindical, éste le solicitaba instrucciones al perredista sobre cómo proceder en momentos en que se registraban los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Bocas del Toro.

OTROS CASOS

Desde agosto de 2010 el MP tiene abierto un expediente sobre la denuncia presentada por el exjefe de Seguridad de la Procuraduría de la Administración Jorge Ábrego, quien acusó al procurador de la Administración, Óscar Ceville, de ordenar escuchas telefónicas  a varios de sus subalternosen 2005, entre ellos al hoy magistrado de la Corte Suprema Víctor Benavides.

Este caso está desde el 13 de octubre de 2010 en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en espera de que se resuelva un recurso interpuesto por Ceville para que se declarara nula toda la investigación.

Hasta el presente, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez ha sido la única funcionaria condenada en Panamá por una grabación telefónica sin consentimiento de una autoridad judicial.

El 11 de agosto de 2010, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia condenaron a Gómez por autorizar “pinchazos” en una investigación seguida al exfiscal Arquimedes Sáez, acusado de cobrar una coima.

Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena de Gómez fueron Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Alejandro Moncada Luna y Wilfredo Sáenz. En tanto, los cuatro magistrados que votaron en contra fueron Harley Mitchell, Oydén Ortega, Víctor Benavides y Jerónimo Mejía.

Gómez fue condenada a seis meses de prisión, pero la pena fue reemplazada por 40 días multa, que equivalen a 4 mil dólares.

El artículo 165 del Código Penal dice: “Quien sin contar con la autorización de la instancia judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.

Días después de la destitución de Gómez se produjo la salida del entonces jefe del Consejo de Seguridad Olmedo Alfaro, que había reemplazado en el cargo al exmilitar Jaime Trujillo, antiguo jefe de seguridad de los Súper 99. A su vez, Alfaro fue reemplazado el 27 de julio por Julio Moltó, exasesor de Martinelli.

´Pinchazos´ nacen con el Consejo de Seguridad

La nueva moda de los “pinchazos” telefónicos trascendió públicamente desde el comienzo de este gobierno, y esto quedó demostrado con las publicaciones de cables filtrados por Wikileaks, en los que se señalaba que el control por el programa de escuchas denominado “Matador”, supervisado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, enfrentó a la embajada de ese país con el presidente, Ricardo Martinelli, que al percatarse de que no podría manipular el sistema, le dijo a la entonces embajadora Bárbara Stephenson que ya no necesitaba de la ayuda de Estados Unidos para “espiar a sus enemigos”, porque él podía hacerlo a través de otras fuentes que no detalló. Según revelaría en abril de este año la exprocuradora Ana Matilde Gómez, Stephenson le habría dicho en 2009 que le preocupaba el “manejo político” que la administración Martinelli le estaba dando a las escuchas telefónicas.

Pero para algunos expertos estos escándalos por “pinchazos” telefónicos se remontan mucho más en el pasado, y surgieron de manera paralela con la creación del Consejo de Seguridad en 1990, durante el gobierno de Guillermo Endara con el apoyo de Estados Unidos.

El objetivo en aquella época era identificar amenazas contra la recién instalada democracia, pero los aparatos donados provocaron el rompimiento de la alianza entre arnulfistas y democratacristianos, después de que Endara denunciara que lo espiaban.

En el gobierno de Mireya Moscoso hubo otro escándalo por el supuesto espionaje a políticos, funcionarios, periodistas y sindicalistas, que sin embargo nunca se probó.

José Otero

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