FORMACIÓN

Descarte de materias en la UP genera inquietud

Profesores, estudiantes e historiadores muestran su inquietud ante la posibilidad de que se dejen de impartir seis materias, entre ellas, español e historia.

 

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Polémica. Polémica.
Polémica.

Cinco leyes que ordenan que se impartan asignaciones como español, historia y relaciones de Panamá con Estados Unidos, entre otras materias, fueron demandadas por la Universidad de Panamá (UP) ante la Corte Suprema de Justicia por considerarlas inconstitucionales.

Docentes, estudiantes e historiadores han mostrado su disconformidad con esta acción legal y piden a la Corte que no falle de manera favorable.

De lo contrario, apuntan, se estaría atentando contra la educación nacional y empujando a la formación de una generación desconectada de la realidad nacional.

Polémica por recurso legal que eliminaría materias 

Indignación y reproche generan una acción legal emprendida por la Universidad de Panamá (UP) ante el pleno de la CSJ, que podría concluir con la eliminación de seis materias que se imparten en esa casa de estudios.

Se trata de cinco demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Corte el 29 de diciembre de 2017 contra cinco leyes nacionales que ordenan la enseñanza obligatoria de materias como español, historia de Panamá, relaciones de Panamá con Estados Unidos, geografía de Panamá, inglés y educación ambiental.

Este grupo de materias es conocido como el “núcleo común”, porque en su mayoría son impartidas durante el primer año de enseñanza universitaria en las 17 facultades y 10 extensiones de la UP.

De acuerdo con la sustentación que hace la UP en estos procesos, mediante las leyes que se refieren a la obligatoriedad de impartir estas asignaturas se violan los artículos 99 y 103 de la   Constitución Política de la República de Panamá.

En el primero de los artículos se hace referencia a que la universidad oficial del Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan, mientras que el segundo artículo detalla que la UP es autónoma, jurídica, financiera y administrativamente, además de que tiene facultad para organizar sus estudios.

“Hay mucha tergiversación sobre el tema. Es falso que se quieren eliminar de la Universidad de Panamá las asignaturas del núcleo común”.

Eduardo Flores Rector de la UP.

Uno de los casos

Entre las demandas presentadas está aquella en contra de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 25 del 27 de junio de 2000, que hacen referencia a la obligatoriedad de la enseñanza del idioma español, la potestad del Consejo Académico de la UP para reglamentarla y fijarla como requisito en todos los planes, así como los programas de las carreras dictadas en las universidades públicas y privadas del país, respectivamente.

Ante esta situación, la UP indica que “la ley no puede” determinar la forma y contenido en que la universidad organiza sus estudios. Así mismo, considera que la Asamblea Nacional “no puede ordenarle” a uno de los órganos de gobierno de la UP formas específicas de organizar los contenidos en las diversas carreras que imparte. Finalmente, agrega que, a través de la norma, la Asamblea Nacional viola la tarea que tiene la UP de fiscalizar a las universidades privadas.

En las otras cuatro demandas de inconstitucionalidad los argumentos son los mismos, y se concluye que las leyes impuestas a la Universidad de Panamá “invaden un espacio reservado para la Constitución Política y al estatuto, reglamento y demás decisiones con las que la universidad organiza sus estudios”.

Desacuerdo

La medida adoptada por la UP generó sorpresa e indignación en la comunidad educativa de esa casa superior de estudios.

Olmedo García Chavarría, decano de la Facultad de Humanidades de la UP, calificó la medida como “lamentable”, porque “se intenta desconocer una visión de las humanidades y las ciencias sociales”.

Agregó que las materias que hoy son objeto de polémica son las que generan la transversalidad e interdisciplinidad de la enseñanza, promoviendo una formación integral humana.

De hecho, desde esa facultad se creó una comisión interdisciplinaria para estudiar las demandas presentada por la UP, y en mayo pasado terminó la evaluación.

El informe fue contundente: “no es cierto que la obligatoriedad de dichas disciplinas –del núcleo común– vulneren la autonomía universitaria”.

Así mismo, la comisión interdisciplinaria advirtió que, de ser acogida y fallada favorablemente la demanda presentada por la Universidad de Panamá, “se estaría atentando contra la política educativa nacional” y además sentaría un “precedente nefasto” que podría ser imitado por otras entidades.

Dicha comisión facultó al decano Olmedo García Chavarría y al especialista en derecho administrativo y catedrático de la Facultad de Derecho de la UP, Luis Palacios, para que comparecieran ante la Corte a presentar los puntos contra las demandas.

Fue así como el pasado 18 de junio, Palacios presentó un alegato y solicitó que ninguna de las leyes en cuestión sea declarada inconstitucional.

Palacios sustentó que la universidad no puede estar al margen del cumplimiento de las leyes del país, y así queda de manifiesto cuando se adoptan otras normas, como la ley de presupuesto o el respeto de los derechos humanos.

“No es posible que un sector de panameños tire al tinaco su lengua materna y su historia patria, sin antes buscar alternativas a la situación”.

Rommel Escarreola Historiador.

Más reclamos

La situación originada a lo interno de la casa de estudios Octavio Méndez Pereira tiene en alerta a historiadores, e incluso la Academia Panameña de la Lengua hizo un pronunciamiento al respecto.

El historiador Rommel Escarreola manifestó que las acciones emprendidas por la Universidad de Panamá son “absurdas y ridículas”.

Sostuvo que no es posible que un sector de panameños de alto estatus universitario “tire al tinaco su lengua materna y su historia patria”, sin antes buscar alternativas para hacer frente a la supuesta inconstitucionalidad a la que se hace referencia.

“Eliminar –estas materias– es una ofensa a la autonomía y a la figura del forjador de la universidad y gran humanista Dr. Octavio Méndez Pereira”, concluyó el historiador.

Por su parte, Margarita Vásquez Quirós, directora de la Academia Panameña de la Lengua, expresó que la realidad actual es que cuando los estudiantes llegan al nivel universitario y presentan sus exámenes de primer ingreso se notan las deficiencias. De hecho, han detectando un descenso en las competencias de lectura y redacción.

Por ello, Vásquez dijo que, como academia, respaldan las acciones de la Facultad de Humanidades y urge el cumplimiento de la Constitución Política de la República en lo que respecta a la educación y formación cultural de los panameños.

‘Hay tergiversación’

Respecto al debate, Eduardo Flores, rector de la UP, negó que se quiera dejar de impartir las asignaturas del núcleo común.

Flores explicó que con la presentación de las demandas lo que se busca es “enviar el mensaje” de que la Asamblea Nacional no le puede decir a la universidad qué asignaturas impartir.

“Estoy 100% de acuerdo con que debemos dar asignaturas del área humanística, porque eso nos ayuda a formar ciudadanos conscientes, con principios y valores”, aseguró el funcionario.

El rector de la UP indicó que todo lo actuado fue avalado por el Consejo Académico de manera unánime y con estricto apego al funcionamiento administrativo interno.

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