CONSEJO DE GABINETE

Designan reemplazos del magistrado Mejía y el fiscal Peñaloza

El Ejecutivo nombró a Luis Fernando Tapia para la Sala Penal de la Corte, y a María Eugenia Pérez de Preciado para la Fiscalía Electoral.

Del Ejecutivo y la Comisión de Estado

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Designación de Luis Fernando Tapia y de María Pérez de Preciado, en manos de la Asamblea Nacional Designación de Luis Fernando Tapia y de María Pérez de Preciado, en manos de la Asamblea Nacional
Designación de Luis Fernando Tapia y de María Pérez de Preciado, en manos de la Asamblea Nacional

El Consejo de Gabinete aprobó anoche la designación de Luis Fernando Tapia y María Eugenia Pérez de Preciado como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y fiscal electoral, respectivamente.

Tapia reemplazará a Jerónimo Mejía, a quien se le venció el periodo el 31 de diciembre de 2017, mientras que Pérez de Preciado, a Eduardo Peñaloza, quien tenía que dejar el puesto en diciembre pasado.

Tapia es magistrado de apelaciones del Tribunal Superior de Chiriquí y ha fungido como juez de garantías, defensor de oficio, juez penal, asistente de magistrado y juez municipal. En tanto, Pérez de Preciado es juez de garantías en procesos que siguen las fiscalías electorales y juez penal electoral.

Los nombramientos, que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, ocurrieron un día después de que el Legislativo ratificó a Olmedo Arrocha y a Abel Zamorano como magistrados de la Corte.

Designación de Luis Tapia y de Pérez de Preciado, en manos de la Asamblea Nacional

Después de un año y dos meses de retraso, el Consejo de Gabinete nombró ayer a Luis Fernando Tapia - actual magistrado de apelaciones del Tribunal Superior de Chiriquí- como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tapia reemplazará al magistrado Jerónimo Mejía, en la Sala Penal de la CSJ. A mejía se le venció su periodo de 10 años el 31 de diciembre de 2017.

Tapia fue uno de los candidatos al cargo seleccionados por el Ejecutivo y evaluados por la Comisión de Estado por la Justicia. No obstante, su nombre no fue incluido entre los tres recomendados por la Comisión para reemplazar a Mejía. Sí estaban Maruquel Castroverde, María Luisa Vijil y Luis Mario Carrasco, actual suplente de Mejía.

En aquella entrevista con la Comisión, Tapia expresó que ayudaría a mejorar la administración de justicia.

Manifestó además que uno de sus compromisos sería que la administración de justicia entienda el término “humanización”. “Si yo como administrador de justicia no entiendo que el ciudadano quiere resolver un conflicto, no estoy entendiendo mi trabajo”, planteó.

La designación de Tapia es hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ayer, también el Gabinete avaló el nombramiento de María Eugenia Pérez de Preciado, quien reemplazará al actual fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, a quien se le venció su periodo en diciembre de 2018.

Pérez de Preciado, que actualmente es juez de garantías en los procesos que adelantan las fiscalías electorales, también se ha desempeñado como juez segunda penal electoral del Primer Distrito Judicial. Además, está cursando una maestría en derecho penal electoral. Su designación será por 10 años.

Estas designaciones, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, fueron avaladas de forma unánime, ya que ambos abogados cuentan con una larga trayectoria, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Electoral.

Señala que estos nombramientos serán enviados a la Asamblea Nacional para su respectiva ratificación.

Será la Comisión de Credenciales, Ética y Reglamento Parlamentario, que dirige el diputado de Cambio Democrático Sergio Chello Gálvez, donde se analizarán en primera instancia estas designaciones.

El pasado lunes el pleno legislativo ratificó a Olmedo Arrocha como reemplazo de Oydén Ortega en la Sala Civil y a Abel Zamorano como magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, luego del aval de la Comisión de Credenciales.

Del Ejecutivo y la Comisión de Estado

Luis Fernando Tapia fue uno de los candidatos seleccionados por el Ejecutivo y evaluados por la Comisión de Estado por la Justicia; sin embargo, no fue incluido entre los recomendados por la comisión.

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