CONSTITUYENTE VENEZOLANA ILEGÍTIMA TOMA SUS PRIMERAS DECISIONES

Destituyen a la fiscal general y ordenan reestructurar el MP

El presidente del Consejo Moral Republicano y hasta ayer defensor del Pueblo, Tarek Saab, fue nombrado provisionalmente fiscal general, en reemplazo de Luisa Ortega, a quien se sacó del cargo por ‘inactividad’ y favorecer la ‘impunidad’ de los opositores.

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Tarek William Saab juró ante Delcy Rodríguez que por sus ‘compañeros de lucha, los que aun en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de lealtad a la patria, de la no traición’, hará justicia. Tarek William Saab juró ante Delcy Rodríguez que por sus ‘compañeros de lucha, los que aun en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de lealtad a la patria, de la no traición’, hará justicia.

Tarek William Saab juró ante Delcy Rodríguez que por sus ‘compañeros de lucha, los que aun en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de lealtad a la patria, de la no traición’, hará justicia. Foto por: Juan Barreto

El grupo que protegía a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tuvo que llevársela luego de que se le impidiera, según ella misma denunció, a empujones, el acceso al MP. El grupo que protegía a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tuvo que llevársela luego de que se le impidiera, según ella misma denunció, a empujones, el acceso al MP.

El grupo que protegía a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tuvo que llevársela luego de que se le impidiera, según ella misma denunció, a empujones, el acceso al MP. Foto por: Ronaldo Schemidt

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –electa e instalada al margen de lo que establece la Constitución venezolana– decretó ayer la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, nombró en su reemplazo al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y declaró en emergencia y ordenó la reestructuración del Ministerio Público (MP).

La medida contra la fiscal fue tomada luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró“con lugar” la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño –petición que por ley solo podía hacer la directiva de la Asamblea Nacional– para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo.

En su decisión, el TSJ ordenó enviar copias certificadas de las actuaciones a la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, para que determinara lo conducente.

El TSJ decretó, además, la inhabilitación de Ortega para ejercer cualquier función pública mientras dure el proceso.

“Esta ANC no está solo para suspender, está para hacer cesar a todo funcionario del poder público si ha incurrido en hechos delincuenciales, sobre todo cuando esos delitos son contra el pueblo o son de lesa patria”, dijo el constituyente Hermánn Escarrá al sustentar el decreto.

Según el oficialista, con su inactividad y sus declaraciones Ortega es responsable de la hostilidad permanente a las instituciones democráticas, y su parcialidad “absoluta mostrada en estos últimos 100 días” son los causantes de las más de 100 víctimas que tienen.

Escarrá aseguró que decisiones como la de destituir a Ortega también fueron tomadas en momentos decisivos por países como Francia y Estados Unidos.

La destitución de Ortega no toma por sorpresa, ya que el presidente Nicolás Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, habían dejado claro desde antes de la elección del 30 de julio, que una de las primeras tareas de los 545 constituyentes sería tomar control del Ministerio Público que, vista la instalación de esta asamblea paralela, que actúa con el apoyo de la fuerza armada, era la única institución del Estado que se había salido de su control, después de que en marzo pasado la fiscal denunciara la ruptura del hilo constitucional y de que las investigaciones del MP, por asesinatos y lesiones infligidas a manifestantes, comenzaran a generar imputaciones hacia miembros de la Policía y la Guardia Nacional.

Muy temprano ayer, a través de su cuenta de Twitter, la fiscal general denunció el asedio del que estaban siendo objeto los funcionarios de su institución. “ Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, expresó en su primer tuit. “ Funcionarios del MP están siendo víctimas de atropellos por parte de efectivos de la GNB [Guardia Nacional Bolivariana]. No permiten entrar ni salir a nadie”, añadió.

Luego, cuando se apersonó le fue impedido el acceso. “Lamentablemente, ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, manifestó a la prensa local, y aseguró que el objetivo es “esconder las pruebas de Odebrecht, de la corrupción en Venezuela, quieren esconder las pruebas de la violación de derechos humanos”.

Más tarde, después de que se consumara su destitución, emitió un comunicado en el que señala, entre otras cosas, que su remoción la efectuó una “ilegal” constituyente “presidencial”, pasando por encima de la Constitución y las leyes, y que por ello ratifica que en el país “ está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el TS y el Ejecutivo nacional”, algo que debe alarmar a la comunidad internacional.

Dijo que desconoce la decisión de un grupo de “magistrados ilegítimos” y no las asume, y que bajo esa premisa se mantendrá hasta el final. “ No se trata de Luisa Ortega Díaz ni del Ministerio Público; nosotros somos una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar”. “ Seguiré luchando por los venezolanos, por sus libertades y derechos, hasta mi último aliento y desde el lugar que me toque ocupar”, afirmó.

Los tres decretos emanados de la primera sesión fueron precedidos por la aprobación de una propuesta de Cabello: que el tiempo de funcionamiento de la constituyente sea de dos años y no los seis meses que estableció el estatuto de la ANC de 1999, que están utilizando hasta aprobar el de 2017, por instrucción del presidente Maduro.

Cabello también aprovechó el momento para decir que debía quedar muy claro que la ANC debe funcionar desde el Palacio Federal Legislativo. “Esta es nuestra sede, eso no incluye nada más el Salón Elíptico, incluye también las áreas administrativas, el hemiciclo, todas las áreas y quien coordinará será la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, no son los poderes constituidos los que nos van a decir a nosotros lo que vamos a hacer, el que quiera hacer algo tiene que pedirle permiso a la presidenta de la ANC, cualquier cosa”, remarcó en medio de aplausos.

El que la ANC se reúna en las mismas instalaciones donde sesiona la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— electa en diciembre de 2015, implica un riesgo de confrontación que podría ponerse a prueba la próxima semana. La presidenta de la ANC convocó para una nueva sesión el próximo martes, mientras que la Asamblea opositora prevé hacer un consejo consultivo con los presidentes de las comisiones y un pleno el lunes.

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, reaccionó ante los hechos de ayer. “Es muy claro que a este gobierno lo único que le queda es la violencia y la fuerza bruta (...) ha recurrido al desconocimiento de la Constitución al uso de la fuerza bruta, como hizo hoy con la fiscalía general”, indicó.

Aclaró que la Asamblea Nacional es la única que puede nombrar y remover al fiscal general, y que quienes están en “esa constituyente” lo que están haciendo son actos nulos, impuestos por la fuerza bruta y con los que están cavando su propia tumba.

Borges reiteró su llamado a la fuerza armada para que deje de ser “espaldero” del régimen. También hizo un llamado al país a “seguir de pie, a resistir con dignidad”, asegurando que no solo Europa y Estados Unidos, sino Latinoamérica están del lado del pueblo y que el Gobierno de Venezuela se ha quedado aislado. “Nos toca sacar la energía, el talante, la mística, para que se termine de imponer la fuerza del pueblo”.

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