intoxicaciÓn masiva

Dietilenglicol: siguen las muertes de pacientes

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Pacientes que han perdido la movilidad realizan terapias en el centro. Roberto Cisneros Pacientes que han perdido la movilidad realizan terapias en el centro. Roberto Cisneros
Pacientes que han perdido la movilidad realizan terapias en el centro. Roberto Cisneros

Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) que fueron afectados por medicamentos contaminados con dietilenglicol en el año 2006 siguen muriendo.

El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida informó que en promedio fallecen al año entre 20 y 25 personas, producto de los efectos de la ingesta del peligroso químico.

El vicepresidente de este Comité, José Daniel Sarmiento, remarcó que las secuelas del envenenamiento masivo son “nefastas”, y que muchas personas las continúan viviendo actualmente. “Solo en lo que va del año 2019 ya fallecieron 14 personas que formaban parte de nuestra organización”, informó Sarmiento.

En estos momentos hay aproximadamente mil personas que esperan que se les reconozca como afectados, debido a que aseguran tener síntomas similares a los certificados (daños en el sistema óseo, neurológico y renal).

En tanto, mil 66 personas que están certificadas reciben la pensión vitalicia de $800. Una parte de este grupo se atiende en el Centro de Toxicología de la CSS.

El veneno que cambió vidas 

Condenadas a un “sufrimiento permanente” están las personas que consumieron fármacos de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminados con dietilenglicol en 2006 y todavía viven.

Son unos mil 800 pacientes –entre certificados y no certificados– que reciben atención médica en el Centro Especializado de Toxicología de la CSS, creado en enero de 2011 para “paliar” los padecimientos que les causó la ingesta de los fármacos contaminados y que se han ido agudizando en los 13 años que han pasado desde la tragedia.

Entre los malestares más comunes que refieren los pacientes están dolor en diversas partes del cuerpo, entre ellas las articulaciones, al punto que la tarea más sencilla –como sostener objetos y vestirse– se les hace imposible. También sufren mareos, pérdida del equilibrio y ardor en el estómago.

Algunos casos

Uno de los asegurados afectados es Thelma Pinzón, quien a pesar de que consumió medicinas que dieron positivo al solvente de uso industrial (dietilenglicol) se tardó en interponer la denuncia ante el Ministerio Público, porque en ese momento tenía 47 años y atribuyó los malestares a los “cambios que trae la menopausia”.

Incluso, algunos de sus conocidos sugirieron que podía estar embarazada, debido a un intenso ardor en el estómago que le provocaba náuseas, mareos y vómitos.

Agregó que a estas dolencias se le sumó un dolor intenso en el cuerpo, que no le permitía levantarse de la cama por sus propios medios.

La paciente, que actualmente tiene problemas hasta para alimentarse, dice que la entristece el haber pasado de ser una persona “muy activa” a una “que tiene que echarse el dolor al hombro para seguir viviendo”.

En igual circunstancia está María Batista, quien se retiró a los 43 años de la vida de asalariada para emprender un negocio propio, el cual no pudo desarrollar porque al año siguiente comenzaron sus padecimientos médicos.

Batista narró que el jarabe sin azúcar que le recetaron para contrarrestar un cuadro de gripe le provocaba “quemazón”, pero no lo dejaba porque estaba enferma y se lo había recomendado el médico. Ahora, a los 59 años, sufre cuadros constantes de depresión. Además, los malestares físicos le impiden efectuar los quehaceres del hogar. “[...]Veo la casa sucia y no la puedo limpiar”, se lamentó.

También padece insomnio. Dice que todos los días logra conciliar el sueño a las 3:30 a.m.

La atención médica

Fulvia Guerra de Lasso De La Vega. Expandir Imagen
Fulvia Guerra de Lasso De La Vega.

La directora del Centro de Toxicología, Fulvia Guerra de Lasso De La Vega, expresó que a los pacientes que acuden a esta instalación se les atiende de manera integral, a través de médicos generales instruidos en toxicología, siete médicos especialistas, más el personal de los servicios técnicos.

Informó que a los pacientes no solo se les ve por la exposición al dietilenglicol, sino también por otras enfermedades de fondo, como diabetes e hipertensión.

Según la funcionaria, solo el 25% de los que fueron certificados por la Comisión Evaluadora del Ministerio de Salud acude en busca de atención, porque piensan que esta instalación es solo para los trámites de certificación, cuando en realidad se brindan “valiosos” servicios de salud.

Lasso De La Vega llamó la atención de los afectados para que se acerquen al centro, ya que allí tienen disponibilidad diaria de varios especialistas, como medicina interna y oftalmología.

Además, mencionó que para corregir el hecho de que no asisten todos los pacientes están desarrollando unas “unidades médicas de enlace” que brindarán atención a estos pacientes en los lugares donde residen, entre ellos, en Santiago, Veraguas; Aguadulce, Coclé; Las Tablas, Los Santos; y Colón.

 Explicó que si por algún motivo la red de atención local no le puede ofrecer una respuesta oportuna al paciente, se tramitará el traslado a Panamá para que reciba la atención que necesita.

Certificación

El vicepresidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, José Daniel Sarmiento, sostuvo ayer que están apoyando el Anteproyecto de ley 35 por medio de cual se modifican artículos de la Ley 20 de 2013 y de la Ley 12 de 2015 relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol y se dictan otras disposiciones.

Sarmiento explicó que el proyecto, presentado por unos 14 diputados, busca certificar a todos los afectados por el consumo de las medicinas envenenadas y que todavía no reciben este beneficio.

En este grupo, explicó Sarmiento, hay 322 personas que pidieron reconsideración y todavía no reciben respuesta, y otras 670 que presentaron las denuncias después que la Corte Suprema de Justicia cerró el expediente del caso.

Sarmiento añadió que el pasado 20 de agosto el texto fue discutido en la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y fue pasado a una subcomisión para unificar criterios y lograr la certificación de la mayor cantidad de afectados.

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