Manejos irregulares en programa juvenil

Diputada ratifica anomalías

Cuando el programa ´Mi primer empleo´ lo administraba la ministra de Trabajo, Alma Cortés, una empresa concesionaria operaba desde la misma sede de esa cartera, denunció la diputada Marylín Vallarino.

La diputada del oficialista Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino no se limitó a criticar a la ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, por presuntos malos manejos en el programa “Mi primera oportunidad”, al que el año pasado se le asignó un presupuesto de 6 millones de dólares.

Vallarino también denunció irregularidades en la administración pasada de este programa, originalmente en manos de la ministra de Trabajo, Alma Cortes, aunque con el nombre de “Mi primer empleo”.

Por ejemplo, Vallarino denunció que una empresa –favorecida con varios cursos por un monto de más de 700 mil dólares y bajo el paraguas de “Mi primer empleo”– operaba desde la propia sede del Ministerio de Trabajo.

La empresa aludida por Vallarino es Edutep, S.A., cuyo representante es el israelí Barak Afik. Según la diputada, gracias a esta compañía conoció el programa “Mi primer empleo” y fue entonces cuando decidió participar en sus licitaciones, a través de una ONG creada por ella hace más de una década: la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fundader).

“Esta empresa [Edutep, S.A.] no tenía oficinas... Las oficinas las tenía en el Mitradel”, sostuvo Vallarino.

Según su versión, directivos de esa empresa “prácticamente me presionaron para que les prestara la fundación y así dictar los cursos”. Pero Vallarino tenía otros planes: “Para que ellos [Edutep, S.A.] se ganen la plata, mejor nos las ganamos nosotros”, dijo.

¿Puede una fundación sin fines de lucro hacer negocios con el Estado?

Según Vallarino, Fundader “no está lucrando con este programa. “Hay que justificar las instalaciones. ¿Cómo pago la electricidad y a los profesores...? Ninguna fundación trabaja por amor al arte. Si dejo de ser diputada no me voy a llevar la fundación, esto es una obra para la comunidad”, afirmó.

Fundader es presidida actualmente por Marylín Sellhorn de Medina (hija de la diputada Vallarino), quien se desempeña, además, como directora ejecutiva institucional en la Agencia Panamá Pacífico, con un salario de 6 mil dólares al mes.

LOS NEGOCIOS

En julio de 2010, Fundader dictó dos cursos de atención al cliente en servicios turísticos que incluían capacitación en inglés, belleza, cocina y camarera. Por ambos cursos, el Ministerio de Trabajo pagó 334 mil dólares.

Ahora, bajo el paraguas de Ampyme, Fundader tiene contratos por un monto de 343 mil dólares. Además, está pendiente el pago de una compensación por un curso de 170 mil dólares que le anuló la ministra Burillo a Fundader, supuestamente por una “contención del gasto presupuestario”.

Fue precisamente la anulación de este contrato lo que dio pie para que la diputada Vallarino denunciara públicamente anomalías en el programa estrella de la ministra Burillo.

EMPRESARIO RIPOSTA

Este diario conversó vía telefónica con el empresario Barak Afik –representante de Edutep, S.A.–, quien se mostró sorprendido por las acusaciones de Vallarino.

“Nunca tuvimos algún escritorio en el Ministerio de Trabajo... Ojalá lo hubiésemos tenido”, dijo –desde Israel– Afik.

Incluso, relató que no fue fácil ganar licitaciones cuando el programa lo tenía la ministra Cortés, pues “siempre le tenían una historia”. “Luego de dos años y medio conseguimos ganar licitaciones y dictamos tres cursos... tuvimos que presionar para que nos pagaran”, dijo.

Respecto a sus intenciones de utilizar las instalaciones de Fundader –ubicadas en Arraiján–, el representante de Edutep informó que hubo un acercamiento con Vallarino para alquilar los salones, pero no lograron un acuerdo, y por ello firmó un convenio con la Universidad ISAE para alquilar sus instalaciones de día y dictar las capacitaciones, ya que el pliego de condiciones de las licitaciones no exigía a las empresas concesionarias contar con local propio.

Curiosamente, pese a que el costo de las capacitaciones ascendía a cientos de miles de dólares, Afik asegura que “cuando íbamos a empezar los cursos, nos percatamos de que no había jóvenes, a pesar de que el Ministerio de Trabajo tenía el deber de proporcionarnos las listas de los participantes”. Además, tal como lo denunció la diputada Vallarino, Afik corroboró que “había compañías que no estaban preparadas para dictar los cursos”.

Una investigación de este medio en junio de 2011 determinó que la mayoría de las sociedades contratadas por la ministra Cortés no tenía experiencia en capacitación o formación de personal. También, que sus oficinas estaban ubicadas en residencias personales y que varias de ellas tenían el mismo domicilio.

“Después que salió en los medios toda la corrupción en el Ministerio de Trabajo, entendí que hubo empresas que entraron a licitar sin mucha capacidad educativa... Eso me dio pena, porque yo hice esfuerzos por año y medio y no tuve éxito...”, sostuvo Afik. Aseguró también que nunca se le acercó funcionario alguno para pedirle dinero a cambio de favorecer a su empresa con licitaciones.

“Quizá por eso fue que demoramos tanto en ganarnos las licitaciones... No sé si somos inocentes o más estúpidos, pero después entendí que hubo gente que proponía dinero”, indicó Afik, haciendo hincapié en que viene de un país donde esa acción se penaliza con la cárcel.

MINISTRA SE DISTANCIA

Este diario también consultó a la ministra Cortés sobre los señalamientos de Vallarino de que un contratista del programa “Mi primer empleo” operó desde las mismas oficinas del Ministerio de Trabajo.

Cortés lo negó: “Yo nunca manejé ninguna empresa en mi despacho”, dijo el pasado 14 de diciembre, durante el pago de estipendios en La Chorrera a 4 mil jóvenes que participaron de cursos de “Mi primer empleo”, cuando estuvo en la esfera del Ministerio de Trabajo.

Recordó que se denunció por conflicto de interés a una empresa en la que aparecía como agente residente su hermana Sara Cortés, y que, efectivamente, la comisión de adjudicación rechazó la oferta de la empresas que esta representaba.

DESEMBOLSO INESPERADO

Afik recordó que tuvo que desembolsar mucho dinero para alquilar el Teatro Nacional el 19 de mayo de 2011, donde 600 jóvenes recibieron sus diplomas de técnico en gerontología, contabilidad y cuidados de infantes.

“Yo me enojé porque esto fue un poco raro. Del Ministerio de Trabajo me dijeron al final del curso que tenía que hacer una graduación en el Teatro Nacional, a pesar de que teníamos salones alquilados... Esto fue un poco raro, y como para ese tiempo no nos habían pagado los cursos, pensé que si no lo hacíamos no nos pagarían”, comentó.

En esa graduación entregaron los diplomas la ministra Cortés; la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez; Barak Afik, fundador y director de Edutep, y Waleska Ramos, otra fundadora de Edutep.

Tras esta experiencia, Afik dijo que en “Mi primer empleo”, bajo la tutela del Ministerio de Trabajo, se aplicaba la “ley de la selva” y recordó que a una de las directoras del programa la encontraron recibiendo dinero de empresas para poder entrar en licitaciones.

Sin embargo, no pudo precisar el nombre de la funcionaria.

(Con información de Irene Hernández).

Empresas con curiosos vínculos

Entre 2011 y 2012, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), que dirige la ministra Giselle Burillo, convocó a 41 licitaciones por un valor de $6 millones, de las cuales, las primeras nueve, curiosamente, las ganó de forma consecutiva una sola empresa; Panamá Tech International Institute, S.A. que acumuló más de $1.5 millón, es decir, el 25% del valor licitado. Esta sociedad fue constituida en 2007 y actualmente la preside el venezolano Yolber Rojas Rodríguez.

La última reunión de accionistas de Panamá Tech International Institute fue el 4 de octubre de 2011, para darle un poder a la venezolana Joselin Acosta Chollet.

Jorge Jordán Ledezma fue el que presentó los documentos para estas diligencias ante el Registro Público. Jordán Ledezma es, a su vez, tesorero de Equipos Aeroportuarios, S.A., que ha recibido contratos directos de Tocumen, S.A. por más de un millón de dólares.

Equipos Aeroportuarios, S.A. la preside Ana Patricia Quijano, que fue gerente de Servicios de la Alcaldía de Panamá, en el último período del hoy aspirante por el PRD a la Presidencia de la República, Juan Carlos Navarro.

Jordán Ledezma fue nombrado el 3 de abril pasado jefe del departamento de Compras del Ministerio de Desarrollo Social (que dirige Guillermo Ferrufino) con un salario de $2 mil al mes, según el Nodo de Transparencia.

Este diario le envió un correo electrónico a Quijano para conocer su versión, pero no respondió. También se intentó conocer la de Panamá Tech International Institute, pero el número telefónico que aportó a Ampyme y al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano está fuera de servicio.

SANTIAGO CUMBRERA

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