IRREGULARIDADES

Diputado Frías: de negocios y planillas

Una funcionaria de la Asamblea adquirió un préstamo por miles de dólares a favor de la familia del diputado Rubén Frías.

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Rubén Frías. Rubén Frías.
Rubén Frías. LA PRENSA/Archivo

Aunque Oristela Quintero se desempeña como “promotora deportiva” en la Asamblea Nacional –con un salario de 750 dólares mensuales– esta funcionaria solicitó un préstamo hipotecario de más de 180 mil dólares a favor de la Fundación Paracotos, vinculada al diputado chorrerano de Cambio Democrático (CD) Rubén Frías.

Quintero –en calidad de presidenta y representante legal de la mencionada fundación– solicitó el 30 de agosto de 2017 un préstamo de 181 mil 125 dólares a la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R.L. (Coopeduc), para trabajos no definidos en un terreno ubicado en La Trinidad (Capira), donde el diputado Frías tiene propiedades. Pese a lo modesto de su salario, Quintero obtuvo el préstamo –pagadero en 27 años y cinco meses– sin mayor trámite.

Quintero es empleada “eventual” de la Asamblea. Además de ser promotora deportiva, en 2015 cobró 12 mil dólares por servicios profesionales en este órgano –no identificados– , según se desprende de un informe de pagos de la Contraloría al que este medio tuvo acceso.

El terreno donde se ubicaría la obra por la cual Quintero solicitó la hipoteca tiene una extensión de 40 hectáreas, adquirido por 100 mil dólares en enero de 2012, sin mediar préstamo alguno o, por lo menos, que ello conste en el Registro Público.

Desde febrero de 2011, la fundación Paracotos tiene como “protector” a Ricardo Frías –hermano del diputado– quien también tenía el cargo de presidente de la fundación hasta el 22 de enero de 2014, cuando fue reemplazado por Quintero.

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Parentela

Junto a Ricardo Frías también aparecían como miembros del “consejo” de la fundación su hermana y diputada suplente por CD, Ana Tilsia Frías de Herrera (secretaria), y su hijo Euribiades Herrera Frías (tesorero).

La diputada suplente devenga salario de 2 mil dólares mensuales y ha reemplazado al principal en contadas ocasiones, pese a que su hermano es uno de los diputados que más licencias ha pedido para ausentarse de la curul.

Según las listas de asistencia que publica la Asamblea, de 153 sesiones ordinarias en 10 meses, Frías solo ha asistido a 23.

Tanto la diputada suplente como su hijo Euribiades –también nombrado “promotor deportivo” en la Asamblea con salario de $800 mensuales–, fueron reemplazados en la directiva de la fundación por Marco Rodríguez y Maricruz Rodríguez Chacón.

Consta en registros oficiales que entre octubre de 2012 y marzo de 2014, Rodríguez Chacón recibió 21 mil dólares por servicios profesionales a la Asamblea, al tiempo que cobraba como docente en un centro educativo en el distrito de La Chorrera.

En los cheques refrendados por la Contraloría no se indica qué tipo de trabajos realizó Rodríguez Chacón en la Asamblea, salvo que era “funcionaria” en esa entidad y que los contratos estaban en el “registro de planillas adicionales” .

Leandro Ávila, diputado y vicepresidente de la Asamblea, ha indicado que todas las personas que están en la planilla 080 son considerados funcionarios de la institución, no así los contratados en la planilla 172, ya que estos últimos no cumplen con horarios fijos de trabajo.

Este medio fue a la Asamblea en busca de los funcionarios Quintero, Rodríguez, Rodríguez Chacón y Herrera Frías, pero nadie los conocía.

Cuestionado sobre ello, el diputado Frías guardó silencio. Prometió –desde el 16 de julio pasado– dar respuesta sobre estos funcionarios que aparecen en la Fundación Paracotos –ligada a él–, pero no lo hizo.

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‘Me acojo al artículo 25’

Oristela Quintero, tras ser abordada por este medio en su residencia en Arraiján, se mostró esquiva y a la defensiva. “Me acojo al artículo 25. Así me dijo mi abogado que les contestara a todas sus preguntas”, gritó Quintero desde el interior de su casa.

Quintero hizo referencia al artículo de la Constitución que indica que “Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, utilizado en procesos judiciales.

¿Trabaja en la Asamblea?, ¿qué vínculos tiene con el diputado Frías?, ¿por qué adquirió préstamos en beneficio de una sociedad vinculada a la familia del diputado Frías? Quintero se negó a contestar. “Ya le dije, no responderé... Me acojo al artículo 25”, insistía, pese a que esta era una entrevista periodística y no de carácter judicial.

“Yo ya sabía de esto y por eso hablé con mi abogado”, dijo. Este diario intentó hablar con familiares de Quintero que viven al costado de su casa, pero la funcionaria –corriendo desde su residencia– gritó a su sobrina: “El asunto no es contigo, así que no hagas declaraciones”.

Una fuente reveló que Quintero participa en las fiestas familiares y políticas del diputado por ser madre de tres de sus sobrinos.

Más propiedades

Un apartamento de dos recámaras, dos baños, cuarto y baño de empleada, sala, comedor, cocina, dos estacionamientos y un depósito en el PH Andaluz, en El Cangrejo, también pertenecía a la Fundación Paracotos hasta mayo pasado.

Cuando este inmueble fue adquirido por $105 mil en septiembre de 2009 –año en el que Frías llegó a la Asamblea– Quintero no aparecía en la directiva de la fundación. No obstante, habría solicitado un préstamo de $100 mil a Coopeduc para su compra.

Este préstamo con Coopeduc no aparece en el contrato de compraventa del apartamento en 2009, ni en el historial de traspaso del inmueble en el Registro Público. El tema no se mencionó sino hasta nueve años después.

Justamente, en mayo pasado, en una nueva compraventa del apartamento por 125 mil dólares entre Quintero –como presidenta de la Fundación Paracotos, e Intergroup Inmobiliaria, S.A.– se indica que el comprador debe remitir un pago por 100 mil dólares a Coopeduc para “saldar el préstamo” que mantiene la vendedora.

Euclides Vargas Hernández preside Intergroup Inmobiliaria. Raymond Jiménez y Susana Solís aparecen como secretario y vocal, respectivamente. Ambos están vinculados a la firma Rodríguez & Rodríguez, agente residente tanto de la sociedad compradora como de la fundación vendedora.

El bufete pertenece a Leonel Rodríguez (padre e hijo), quienes aparecen en todas las transacciones de las sociedades mencionadas. De acuerdo con Leonel Rodríguez hijo, “ninguno de los dignatarios de Inmobiliaria Intergroup [sic]” ha trabajado para la familia Frías.

En cuanto al pago de 125 mil dólares para adquirir el apartamento en El Cangrejo, indicó –sin mencionar nombres– que “los fondos provienen de los accionistas que tienen en bancos de la localidad”.

“La fundación me pidió que promoviera la venta de un apartamento, el cual ofrecí a varios de mis clientes, resultando el grupo accionario dueño de Intergroup los primeros en cerrar la venta”, dijo.

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Inusual movimiento

Personal de Coopeduc –que prefirió el anonimato– confirmó que la obtención de ambos préstamos habría sido irregular, ya que la cooperativa solo otorga financiamiento a sus afiliados y a ciertos funcionarios relacionados con la salud, seguridad y empleados de la Autoridad del Canal de Panamá.

¿Cómo entonces Quintero logró una hipoteca? “No se le otorgan préstamos a servidores permanentes o eventuales de la Asamblea”, recalcó la fuente de Coopeduc.

Quizás la respuesta a la pregunta se encuentre en el hecho de que el abogado Leonel Rodríguez Rodríguez –candidato a alcalde de Santa Fe, en Veraguas, por el PRD– es, a la sazón, consultor jurídico de Coopeduc y agente residente de varias sociedades vinculadas a la cooperativa.

Este abogado también cobra $600 mensuales en la Asamblea en calidad de “promotor deportivo”.

Además, Rodríguez Rodríguez cobró más de 23 mil dólares por servicios profesionales en la Asamblea entre 2014 y 2016, sin que se especificaran los trabajos realizados (ver facsímil superior).

Este medio intentó conocer cómo Rodríguez Rodríguez –siendo su firma agente residente de la Fundación Paracotos– logró confeccionar las minutas del préstamo otorgado por Coopeduc y, a la vez, ser funcionario de la Asamblea. No respondió los reiterados mensajes y llamadas.

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