ANÁLISIS

Diputadocracia no es un régimen parlamentario

La concentración de poder por parte de la Asamblea Nacional, ha venido a expensas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

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José Gabriel Carrizo, Laurentino Cortizo y Marcos Castillero (de espalda), en el acto de instalación el 1° de julio. Archivo José Gabriel Carrizo, Laurentino Cortizo y Marcos Castillero (de espalda), en el acto de instalación el 1° de julio. Archivo
José Gabriel Carrizo, Laurentino Cortizo y Marcos Castillero (de espalda), en el acto de instalación el 1° de julio. Archivo

Los regímenes democráticos occidentales son de tres tipos. Presidenciales, si domina institucionalmente el poder Ejecutivo, aunque no tenga la mayoría en el legislativo. Parlamentarios, si domina el Órgano Legislativo, y el partido mayoritario en éste conforma el gobierno de acuerdo con las directrices del parlamento. Finalmente, un sistema híbrido, denominado semipresidencial, abarca lo que se supone son las mejores características de los dos primeros. Quizás Francia y Perú son los ejemplos más claros.

El mejor término que se me ocurre para describir el sistema político panameño es el de una “diputadocracia”.

La diputadocracia es el resultado de un proceso de acumulación política, que desde 1990 se venía cocinando. Esencialmente, el fenómeno consiste en que los legisladores de antes, y los diputados de ahora, funcionan con un criterio central colectivo: sus intereses están por encima de los intereses del sistema democrático, y por supuesto, son mucho más importantes que los de la ciudadanía.

Aprovechando las reformas constitucionales de 2004, los legisladores se convirtieron en diputados, y le quitaron al Ministerio Público la capacidad de investigarlos. Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) su partido, el PRD, dominaba la Asamblea, no obstante hubo sus momentos memorables. El cuartito-escondite en una de las comisiones permanentes, que estaba a disposición del entonces diputado Pedro Miguel González, provocó más morbo que análisis racional. Hay quienes culpan al hecho de que cuando González fue presidente de la Asamblea, Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado de Promoción Comercial con Panamá, como una forma de demostrar su rechazo al diputado González, por su supuesta participación en la muerte del sargento estadounidense Zack Hernández, en 1992. González fue declarado inocente por un jurado panameño que lo juzgó por este caso.

Durante ocho años de los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, parece que existió en Panamá un mercado persa de conciencias de diputados. Cambio Democrático, que empezó 2009 como la bancada más pequeña de los tres más grandes partidos políticos, terminó como la más grande para 2014. Las denuncias presentadas por el contralor general de la República, Federico Humbert, ante la Corte Suprema de Justicia, por el uso de partidas y el desvío de fondos por parte de diputados de todos los partidos, demuestran con creces el punto del argumento político. Los diputados tienen su propio espíritu de cuerpo y su prioridad son ellos mismos.

Así lo demuestran las distintas propuestas de reformas constitucionales. Como si se necesitara confirmación, después de los desaires a la agenda presidencial de Laurentino Cortizo, la mayoría de la bancada del PRD ha tomado el paquete de reformas elaborado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y lo ha convertido en confeti. Han tratado a toda costa de incluir una normativa constitucional tras otra que desbarataría el sistema electoral, la justicia y reduciría al presidente de la República al rol de un notario, que tiene que rubricar forzosamente lo que venga de la Asamblea Nacional.

Aunque ya existía el voto de censura, era letra muerta. Las propuestas de los diputados buscan convertir el voto de censura en el verdugo de ministros poco complacientes. Igualmente, la figura de un “fiscal superior especial”, designado por los diputados, para que investigue a los procuradores es aberrante.

Lo que han hecho con el presupuesto nacional es terrible. Han asignado porcentajes fijos de los ingresos del Estado a diestra y siniestra, y se pueden aumentar su salario todos los años, si así lo quieren. Tampoco tienen limitaciones para modificar el presupuesto.

En un régimen semipresidencial existen amplios poderes para que la Asamblea haga investigaciones y vote la censura de ministros y de todo el gabinete si así lo consideran. Sin embargo, también hay controles, como el artículo 134 de la Constitución del Perú, que permite que el presidente de la República cierre el congreso y convoque a nuevas elecciones parlamentarias si no lo dejan gobernar. Eso evita los chantajes y la diputadocracia. Tal vez necesitamos esa medicina.

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