BATALLA LEGAL

Diputados: auditorías son ‘jugadas políticas’

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“Permitir que el contralor investigue a un diputado por encima de la Constitución (...) es atentar contra la propia estabilidad del Estado (...)”, argumenta uno de los diputados que recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que se suspendan los efectos de las auditorías que llevó a cabo la Contraloría a juntas comunales a las cuales los diputados traspasaron millonarios fondos.

El amparo que presentó el diputado de Cambio Democrático Héctor Aparicio, a través de Fuentes & Rodríguez Law Firm, que también interpuso el mismo recurso a nombre de otros diputados, advierte que se está atacando a un órgano del Estado en su totalidad. “La Asamblea Nacional está siendo debilitada por hechos que evidentemente son jugadas políticas que, a la larga, pueden desembocar en un panorama de incertidumbre”, dice el recurso.

Por su parte, el contralor Federico Humbert aseguró que sí tiene competencia legal para hacer este tipo de auditorías.

En ello coincideron los excontralores Carlos Vallarino y José Chen Barría, quienes detallaron que no solo ya se han efectuado auditorías similares, sino que, además, distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia confirman las competencias de la Contraloría para ello.

El contraataque de los diputados

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Diputados: auditorías son ‘jugadas políticas’

Considera que se le vulneraron sus derechos, que se le ocasionó graves daños y que se atenta contra la estabilidad del Estado.

Todo eso es parte de lo que argumenta la defensa del diputado Héctor Aparicio, de Cambio Democrático (CD), en el amparo de garantías que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las auditorías de la Contraloría a los millonarios fondos que 70 diputados traspasaron a juntas comunales entre 2009 y 2014.

El recurso fue interpuesto por Fuentes & Rodríguez Law, el mismo bufete que representa a otros seis diputados ante la Corte por igual motivo.

“Lo que se está atacando no es a un diputado, sino a un órgano del Estado en su totalidad. Es decir, la Asamblea Nacional está siendo debilitada por hechos que son evidentemente jugadas políticas que, a la larga, pueden desembocar en un panorama de incertidumbre si no es corregido”, advierte el documento.

Más argumentos

En el recurso se resalta, además, que a pesar de que el contralor Federico Humbert tenía conocimiento de que se trataba del traslado de partidas circuitales gestionadas por diputados con “fines comunitarios y de apoyo social”, giró a su equipo de auditores la orden para investigar estos hechos, lo que, a su juicio, vulneró el debido proceso.

También se enfatiza en que las auditorías generaron una “exposición política” a su cliente.

Aparicio, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, recibió $7.2 millones en partidas circuitales durante el quinquenio pasado. Aparicio pertenecía al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), pero junto a un extenso grupo, se inscribió en CD, partido que gobernó entre 2009 y 2014.

Ábrego se retracta

También presentaron amparos de garantías Benicio Robinson y Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático; Miguel Fanovich, del Molirena; y los miembros de CD Jackson Palma, Mario Miller, Salvador Real y la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, retiró ayer el amparo de garantías que había presentado contra las auditorías de la Contraloría. Expandir Imagen
La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, retiró ayer el amparo de garantías que había presentado contra las auditorías de la Contraloría. Ana Rentería - LP

Sin embargo, Ábrego anunció en la mañana de ayer que desistió del recurso. “No estaba al tanto de lo que estaba haciendo el equipo legal. En lo personal, cuando vi la noticia del amparo de garantías, yo presenté el desistimiento de ese amparo... el que no la debe no la teme”, afirmó Ábrego, quien de paso explicó que el grupo de diputados que fue reelegido en las elecciones de mayo de 2014 y que figura en las auditorías contrató a un equipo legal para que se encargara de este caso.

Al frente de este equipo, según Ábrego, está su copartidaria Dana Castañeda.

‘No es procedente’

Para los excontralores de la República Carlos Vallarino y José Chen Barría, los amparos de garantías presentados por los diputados no tienen cabida.

Vallarino manifestó que existen precedentes y otros fallos de la CSJ que indican que este tipo de amparos no son procedentes y ratifican la facultad que tiene la propia Contraloría de hacer exámenes de auditorías.

“Lo que hace realmente la Contraloría General de la República no tiene que ver con un proceso penal. Es una especie de informe técnico o peritaje que verifica que sí hay irregularidades en el uso de los fondos públicos”, sustentó.

Vallarino recordó que si se demuestra que hay perjuicios económicos, las auditorías son entregadas tanto al Tribunal de Cuentas como al Ministerio Público, entidades a las que les corresponderá decidir si hay suficientes evidencias para iniciar un proceso penal.

Asimismo, reconoció que que los diputados tienen el derecho de interponer este tipo de recursos, “pero, ¿para defenderse de qué?”.

“Hay señales de que hubo irregularidades y cuáles son los vinculados, pero no se señala que son responsables”, manifestó.

Por su parte, José Chen Barría reiteró que la Contraloría tiene la responsabilidad de auditar todos los actos de gobierno o los que involucren recursos del Estado. “Esto no excluye a nadie, ni al presidente de la República, ni a ministros, ni a diputados”, añadió.

Para el excontralor, en vez de presentar amparos, los diputados deben presentar la documentación que, de acuerdo con ellos, los exime de responsabilidad.

Desde el Legislativo

La decisión de presentar los recursos contra las auditorías generó debate ayer en el propio órgano Legislativo. Distintos diputados se refirieron al asunto.

El diputado del oficialista Partido Panameñista Adolfo Valderrama dijo que reconoce la autoridad constitucional de la Contraloría para auditar los fondos públicos que cualquier funcionario electo haya administrado o gestionado.

“La rendición de cuentas es y será un deber de todos, quien no la debe no la teme”, expresó.

Valderrama agregó que los recursos para detener las investigaciones producto de las auditorías de la Contraloría son una “sinvergüenzura y otro acto de corrupción.”

Mientras que el también panameñista Jorge Alberto Rosas coincidió con Valderrama en que la Contraloría sí tiene facultad para investigar fondos del Estado.

Otro que se refirió al tema fue Iván Picota, diputado del PRD, quien dijo que él y varios de sus copartidarios analizan presentar recursos contra las auditorías del contralor. “ El recurso no nos hace sentir que estamos aceptando ninguna culpa (...)”, añadió.

Si bien Picota no era diputado en el periodo auditado (2009-2014), en ese entonces era representante del corregimiento de Betania.

Humbert responde

Mientras tanto, el contralor Federico Humbert se refirió al tema ayer en un acto público en Chiriquí y defendió su competencia para hacer este tipo de auditorías.

“Me sorprende que estén presentando amparos, pero la Corte es la que debe decidir. Todo ciudadano tiene la libertad de presentar cualquier recurso; no me cabe la menor duda de que hicimos correctamente las investigaciones, y si nos tuviéramos que defender, lo haremos porque no trabajamos bajo presión, sino por lo que exige la ciudadanía”, manifestó.

Humbert presentó las auditorías ante el Ministerio Público el pasado 27 de febrero.

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