LEGISLATIVO

Diputados avalan ayuda sin sustento financiero

Representantes de la sociedad civil señalan que si bien hay una mora con los mártires, lo aprobado queda en un medida ‘populista’ si no hay estudios técnicos.

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La iniciativa señala que el Estado otorgará un resarcimiento económico a través de pensión vitalicia, atención médica, beca y otros beneficios. Román Dibulet La iniciativa señala que el Estado otorgará un resarcimiento económico a través de pensión vitalicia, atención médica, beca y otros beneficios. Román Dibulet
La iniciativa señala que el Estado otorgará un resarcimiento económico a través de pensión vitalicia, atención médica, beca y otros beneficios. Román Dibulet

En los últimos meses, los diputados de la Asamblea Nacional se han caracterizado por aprobar leyes sin la debida consulta y comprometer fondos públicos sin algún sustento técnico o económico.

El último caso fue la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 737, que crea una pensión vitalicia, atención médica, becas y estabilidad laboral a los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964 que están vivos y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

En el documento no se fijó el monto de la pensión, pero sí se estableció que la cantidad será tal que les permita vivir con “decoro” y “bienestar”, teniendo en consideración el costo de la vida, la canasta básica, educación, salud, vivienda, agua, luz, vestuario y transporte.

A su vez, se crea una comisión que se encargará de evaluar y determinar quiénes serán los beneficiarios, la cual estará integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Desarrollo Social, así como tres de los mártires o familiares que reciban la ayuda económica.

Proceso de inscripción

Según el proyecto de ley , la comisión deberá coordinar una ventanilla única para que todo ciudadano que considere que tiene derecho a algún beneficio por su participación en los conflictos de los días 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964 presente su testimonio personal, fotos, recortes de periódicos, testigos, certificados médicos y toda información relacionada al momento histórico.

Además, se les expedirá un carné especial a los beneficiarios de esta ley, a fin de que sean atendidos de manera expedita en hospitales y centros de salud del Estado, y se crea el “fuero especial” de estabilidad laboral para las personas dentro del segundo grado de consanguinidad de los héroes que presten servicios en las dependencias del Gobierno, entidades autónomas, semiautónomas y los municipios.

Para todos estos beneficios, el Ejecutivo deberá asignar las partidas con el año fiscal que corresponda.

No obstante, durante la discusión en primer debate de este documento ningún miembro del Ejecutivo participó, y tampoco tienen conocimiento de dónde saldrán los fondos para cumplir con esta pensión.

De esto dieron cuenta tanto Jorge González como Francisco Artola, ministro y viceministro de la Presidencia, respectivamente.

De hecho, Artola explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está estudiando el fondo del proyecto de ley y la viabilidad económica del mismo.

Los beneficiados

Esta propuesta llegó a la Asamblea en el año 2015 de la mano de Américo Alvarado, vocero de la organización Héroes Eméritos del 9 de Enero, quien subrayó que la Ley 2 de 19 de enero de 1965, que auxilia económicamente a los sobrevivientes de 1964, necesitaba ser modificada para incrementar la ayuda económica.

En aquel momento el apoyo económico estaba entre los $30 y los $100, dependiendo de los perjuicios que había sufrido la persona, y una tarjeta para recibir atención médica expedita.

Según Alvarado, actualmente existen muchos “deudos” que aún lloran por sus seres queridos fallecidos y muchos combatientes de la jornada patriótica de enero de 1964 a quienes solo se les otorgó pergaminos y una pensión que no es acorde con el alto costo de la vida hoy.

“Por años se ha solicitado que se haga justicia a los familiares de los mártires y a los sobrevivientes estableciendo un mecanismo que les permita a estas personas solicitar al Estado una pensión”, puntualizó.

Por último, detalló que dentro de las listas con las que cuentan, hay unas 15 personas que se podrían estar beneficiando con este proyecto de ley y que realmente requieren la pensión.

Sin embargo, el activista reconoció que con la aprobación de este documento saldrán personas que no participaron en los hechos históricos de 1964 y que también demandarán los beneficios económicos.

De hecho, aún no se sabe cuántos podrían tener derecho al subsidio y por lo tanto el monto que se tendría que destinar.

Este proyecto de ley fue presentado originalmente por los diputados Zulay Rodríguez, Miguel Fanovich, Javier Ortega, Iván Picota y Crispiano Adames, todos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), a excepción de Fanovich, quien pertenece a las filas del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Se intentó contactar a Adames, quien preside la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, la cual aprobó el proyecto de ley, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

Populismo

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Diputados avalan ayuda sin sustento financiero

 

"Si una norma incide sobre fondos públicos, la misma debe ir acompañada de un sustento financiero o informe técnico”.

Carlos Lee Alianza Ciudadana

 

 

 

Para representantes de la sociedad civil organizada, como Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, lo más importante es que este tipo de propuestas vayan acompañadas de un sustento financiero o informe técnico, porque se están comprometiendo fondos públicos.

Por ejemplo, Lee dijo que los diputados no pueden aprobar leyes que comprometan el fisco nacional si no garantizan la fuente de esos recursos. “Si una norma incide sobre fondos públicos deben poner la fuente de financiamiento, o de lo contrario quedará como una propuesta netamente proselitista”, puntualizó.

Mientras que Jaén consideró que si bien hay una mora con los mártires de 1964 y sus familiares, también en todas las leyes se requieren estudios técnicos y que no sean consecuencia de medidas populistas y políticas.

“Tenemos una deuda con estas personas, pero también debe haber un análisis financiero. Además, un aspecto que sí se debe fortalecer en este tema es la formación de una conciencia nacional sobre este hecho histórico en la recuperación de la soberanía, no solo en las escuelas, sino también en todos los sectores de la sociedad panameña”, acotó.

Algo recurrente

Esta no es la primera vez que la Asamblea compromete fondos o adopta medidas legislativas sin alguna evaluación técnica del tema.

Ya lo hizo con el proyecto de ley 666, que busca prorrogar la ayuda económica de $300 hasta 2022 a los trabajadores heridos durante las protestas en Changuinola, Bocas del Toro, contra la polémica “ley chorizo” en 2010.

Este subsidio venció en julio de 2018, pero el Consejo de Gabinete aprobó varias prórrogas a través de resoluciones mientras presentaba una nueva propuesta de ley que garantizara el pago de esta ayuda financiera. Finalmente, la iniciativa fue llevada por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea Nacional en agosto de 2018 y, tras varios meses, recibió tercer debate.

No obstante, los diputados incluyeron aspectos ajenos al espíritu de lo presentado inicialmente por el Ejecutivo, como la inclusión de “jubilaciones especiales” en el documento, lo que motivó que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, objetara el proyecto de ley.

A raíz de esto, el Consejo de Gabinete aprobó la semana pasada enviar nuevamente el proyecto de ley a la Asamblea, para que sea aprobado.

Anteriormente y sin ningún sustento técnico, los diputados aprobaron traspasar tierras del Parque Internacional La Amistad, entre Bocas del Toro y Chiriquí, a la comarca Naso.

Dicho parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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