Legislativo

Diputados defienden la prueba idónea

El anteproyecto de ley que elimina la prueba idónea para investigar a los diputados empezó a generar malestar en la Asamblea Nacional.

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Surgen voces a favor de la prueba idónea

De “peligrosa”, y “disparate jurídico”. Así calificaron algunos diputados la propuesta de ley que pretende eliminar la prueba idónea al momento de querellar o denunciar a un diputado de la Asamblea Nacional.

Hernán Delgado, diputado de Cambio Democrático, y padre legal de la actual figura de la prueba idónea, manifestó que suprimir esa figura significa “castrar” a los diputados en el ejercicio de sus funciones y “coartarles” su libertad y derechos.

La iniciativa legislativa fue presentada ante el pleno de la Asamblea por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien considera que cada vez que se rechaza una denuncia contra un diputado por falta de prueba idónea se atenta contra la Constitución.

Surgen voces a favor de la prueba idónea

La unión hace la fuerza. Esa parece ser la consigna de diputados de la Asamblea Nacional a los que este medio les consultó sobre si estaban o no de acuerdo con que se elimine la prueba idónea para investigarlos, tal como lo dispone una propuesta de ley presentada por el independiente Juan Diego Vásquez.

Coincidieron en que no se debe eliminar, e, incluso, uno de los entrevistados sugirió que con esta iniciativa su colega pretende ganar “protagonismo” . Otro calificó el anteproyecto de “disparate jurídico”.

Sustento

Ricardo Torres, jefe de bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue uno de los que defendió la prueba idónea. Incluso, dice que es “peligroso” que se elimine esta coraza, porque “cualquier Juan de los Palotes puede ir al Ministerio Público y decir: ‘el diputado tal es narcotraficante o violador’, y, sin necesidad de prueba, la fiscalía inicia la investigación escudriñando cada aspecto o vida del diputado y su familia”.

Torres obvió, sin embargo, el hecho de que quien investiga a los diputados no es el Ministerio Público, sino la Corte Suprema de Justicia.

El diputado argumentó además que “todo proceso judicial requiere que se demuestre lo pretendido. Para tal cuestión existen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de tipos de prueba [medios de prueba] que intentarán convencer al juez sobre la certeza de lo planteado. Por eso, para evitar procesos que no cuentan con elementos probatorios de responsabilidad, en algunos casos se exige la prueba idónea”.

El perredista, quien se estrena en este periodo como diputado, recordó que “la finalidad de la prueba es convencer al juzgador sobre la certeza de que existen hechos que fundamentan las pretensiones de quien interpone la denuncia o querella penal”.

Añadió que el tema amerita una “amplia discusión”, y de paso envió un mensaje: “más que quedar bien con un determinado sector, es hacer lo justo, sin querer ganar protagonismo como si se tratara de un circo romano”.

Habla el padre

Otro que defendió la existencia de esta figura fue el diputado de Cambio Democrático (CD), Hernán Delgado, precisamente el que la impulsó en la legislatura 2009-2014. Fue categórico al defender ese privilegio.

“La prueba idónea constituye una necesidad en todos los parlamentos del mundo. Panamá no puede ser la excepción. Y esa prueba idónea está contemplada en el artículo 154 de la Constitución, que establece claramente que los diputados no son responsables por las opiniones que brinden en el ejercicio de sus funciones. No son legalmente responsables. Por otro lado, el diputado sí es legalmente responsable en algunos aspectos relacionados con el procedimiento civil. Pero, como es precisamente el derecho laboral, las pensiones alimenticias, ahí el diputado es legalmente responsable. Usted no puede, de ninguna manera, responsabilizar a un diputado por el hecho de las versiones que emita en relación con cualquier tópico de interés nacional y que tenga consecuencias penales”.

Delgado fue más allá. Manifestó que sería “un disparate jurídico tratar de eliminar una prueba de esa naturaleza, y eso significa castrar a los diputados en el ejercicio de sus funciones. Coartarle su libertad y sus derechos”.

Su copartidario Rony Araúz, jefe de la bancada de de CD, por su lado, considera que la propuesta presentada por Vásquez, debe debatirse “ampliamente".

Manifestó que la Comisión de Gobierno, instancia que acoge o rechaza la iniciativa, debe encontrar los consensos necesarios en medio del debate.

La propuesta

El artículo 288 de la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal) establece los requisitos para presentar una querella o denuncia contra diputados. El númeral 4 de esa norma dice que la acción legal deberá expresar la “prueba idónea del hecho punible imputado”.

En el anteproyecto, Vásquez propone que se deben presentar: “los elementos de prueba que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su práctica”.

“Cada vez que deciden rechazar una denuncia contra un miembro de la Asamblea Nacional a falta de prueba idónea estamos violentando abiertamente el artículo 32 de la Constitución Nacional que norma el debido proceso en la República de Panamá. La norma hoy vigente pretende que sea el ciudadano que denuncia, el que cumpla con un rol que nuestra Constitución y la ley ciñen a diversas instituciones de entre las que se destacan el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia”, argumentó Vásquez en el anteproyecto que fue presentado ante el pleno el pasado 14 de agosto.

La Asamblea, de acuerdo al diputado por la libre postulación, “debe dar el ejemplo y demostrar que todos debemos asistir a la justicia en su rol de conservación de la paz social. ¿Con qué moral los diputados dictamos normas legales que violentan la Constitución, en claro beneficio nuestro, y luego pedimos cumplir las leyes que nosotros expedimos?”.

La propuesta también plantea inhabilitar, de manera definitiva, a los servidores públicos que cometan actos de corrupción.

Además, la iniciativa pretende que ese tipo de delitos no prescriban.

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