ASAMBLEA NACIONAL

Diputados dilatan proyectos contra la corrupción

En la Comisión de Gobierno de la Asamblea está la mayoría, aunque las iniciativas pasan a manos de una subcomisión.

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Diputados miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Encabeza la mesa su presidente, Carlos Santana (izq.) Diputados miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Encabeza la mesa su presidente, Carlos Santana (izq.)
Diputados miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Encabeza la mesa su presidente, Carlos Santana (izq.) Ricardo Iturriaga

La lucha contra la corrupción sigue enfrentando escollos tanto en el Órgano Legislativo como en el Ejecutivo.

Al menos, seis proyectos de ley que pretenden ponerle un alto a los delitos contra la administración pública y promover la transparencia en la gestión pública están engavetados en los escritorios de los diputados de la Asamblea Nacional.

Una propuesta de ley para que los servidores públicos reporten las actividades realizadas durante los años anteriores a su nombramiento en la entidad estatal; otra que busca dar una recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción; y un proyecto que crea una comisión para fiscalizar las contrataciones públicas en la Asamblea son algunas de las propuestas que esperan debate en la Comisión de Gobierno del Legislativo.

En esa lista también figura la iniciativa presentada por organizaciones de la sociedad civil, que pretende que los delitos relacionados con hechos de corrupción no prescriban; y otra que adopta medidas de protección para quienes denuncien delitos contra la administración y contra la fe pública.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo no ha cumplido con su promesa de enviar a la Asamblea un paquete de iniciativas que contempla más sanciones para los que participen, promuevan o cometan actos de corrupción.

SEIS PROYECTOS, ENGAVETADOS

Las iniciativas que buscan promover la transparencia y combatir la corrupción no logran calar en el Órgano Legislativo.

Al menos seis proyectos de ley que pretenden castigar los delitos contra la administración pública y transparentar los actos y compras del Estado, que se han presentado desde 2015 hasta la fecha, están engavetados en las comisiones de Gobierno, de Credenciales y de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional.

Los diputados proponentes de estas iniciativas advierten que se les hace difícil que sus colegas discutan estos proyectos; no obstante, esperan que estos avancen a primer debate antes del 31 de octubre, día en que termina el actual periodo ordinario de sesiones legislativas.

En la lista figura el proyecto de ley 215, que pretende que se entregue una recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, y el 415, que adopta medidas de protección contra las personas que denuncien delitos contra la administración y contra la fe pública. Ambas propuestas han sido presentadas por el diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez.

De igual forma, esperan por debate dos proyectos que presentó la diputada independiente Ana Matilde Gómez. Se trata del 52, que busca que se le exija al servidor público la obligación de declarar las actividades realizadas durante los años anteriores a su nombramiento en alguna entidad estatal, a fin de evitar potenciales conflictos de interés.

Otra propuesta impulsada por Gómez es el proyecto 258, que crea la jurisdicción especial de extinción de dominio, o la declaración de titularidad a favor del Estado de bienes, instrumentos o productos surgidos de actividades ilícitas.

Mientras que el diputado del Partido Popular Juan Carlos Arango, puso a consideración la iniciativa legislativa 440, que crea una comisión especial de investigación en el Legislativo sobre actos de corrupción en los procesos de contrataciones públicas.

Otro de los que espera luz verde es el proyecto de ley 514, que busca que los delitos relacionados con actos de corrupción no prescriban. Esta propuesta, que llegó al palacio Justo Arosemena de la mano de la sociedad civil organizada, es analizada por una subcomisión conformada por tres diputados de la Comisión de Gobierno.

Al menos seis proyectos de ley que pretenden castigar los delitos contra la administración pública y transparentar los actos y compras del Estado están engavetados. Expandir Imagen
Al menos seis proyectos de ley que pretenden castigar los delitos contra la administración pública y transparentar los actos y compras del Estado están engavetados. LA PRENSA/LA PRENSA/Archivo

‘ES DIFÍCIL’

Que estos proyectos sean tomados en cuenta ha sido una tarea difícil. Así lo expresó el diputado Domínguez, quien aseguró que en el periodo pasado hubo desinterés de sus colegas en aprobarlos.

El pasado martes 26 de septiembre, la Comisión de Gobierno inició la discusión del proyecto de ley 215, “que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncian actos de corrupción contra el Estado”.

El documento, que presentó Domínguez en 2015, plantea que “los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción tendrán el derecho de reclamar el pago del 30% del total del dinero recuperado”.

La recompensa “solo se pagará si el Estado recupera los fondos”, precisó Domínguez. “No entiendo cómo [los diputados] se oponen a proyectos que no tienen razón para ser rechazados”, manifestó.

“Quienes se opongan deben ser aquellos que se encuentren envueltos en actos ilícitos (...)”, agregó.

Por su lado, la diputada Gómez dijo desconocer el motivo por el que este tipo de propuestas no avanza en la Asamblea y otras sí.

“Yo mando nota de impulso a cada comisión para pedir que las debatan”, indicó.

El 26 de septiembre, en la sesión de la Comisión de Gobierno, Gómez cuestionó al presidente de esa instancia, el diputado panameñista Carlos Santana. Reprochó el hecho de que la mayoría de las propuestas legislativas que le corresponde debatir a esta comisión son enviadas a una subcomisión.

Según la diputada, las subcomisiones no se reúnen “como deben”. Santana se defendió diciendo que sí dan resultados, y de hecho, ese mismo día envió a una subcomisión el proyecto de ley para regular las notarías en el país, presentado por el Ministerio de Gobierno, luego de meses de trabajo y consultas. La propuesta legislativa para reorganizar las notarías tiene la finalidad “de promover mayores niveles de transparencia, un mejor servicio relacionado con la tutela de la fe pública y fortalecer la seguridad jurídica”.

Gómez le pidió a sus colegas de la Comisión de Gobierno que debatan la propuesta que crea la jurisdicción especial de extinción de dominio. “Este es un proyecto presentado hace más de dos años en la comisión y no se ha debatido. Me preocupa que en las subcomisiones no avanzamos (...), no veo cuál es el problema que la comisión trate los temas”, explicó.

‘NO LES DA VOTO’

Fuera del Palacio Justo Arosemena, la mayoría de los dirigentes de la sociedad civil organizada consultados por el tema aseguran que por el hecho de que estos proyectos no dan votos, los diputados prefieren dejarlos a un lado e impulsar “leyes más populistas y las que promueve el Ejecutivo”.

Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia y uno de los que impulsa el proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, opinó que es “lamentable” que los diputados no le den prioridad a los proyectos que le ponen un alto a los actos de corrupción mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

“Es sabido que algunos no van a las comisiones, llegan tarde y demás. Creo que es momento de que todos, incluyendo a los diputados, pongamos más tiempo y esfuerzo en la lucha contra la corrupción”, indicó.

Mientras que Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, dijo que los diputados han demostrado por casi cuatro años estar comprometidos con intereses ajenos a los del país.

“Ellos van a dilatar lo más que puedan las iniciativas que buscan la transparencia y el castigo a los servidores públicos que lesionen el patrimonio del Estado”, opinó.

A su juicio, no les conviene a los diputados aprobar estos proyectos de ley anticorrupción, porque desean mantener el statu quo, que les permite hacer lo que mejor les parece, sin ningún tipo de consecuencias, a pesar de que la Constitución establece que no habrá fueros ni privilegios.

Annette Planells, del Movimiento Independiente, agregó que estas iniciativas a favor de la transparencia no avanzan porque la mayoría de los diputados se sienten cómodos con el sistema actual y ven la transparencia como una amenaza a sus intereses

Explicó que en una evaluación sobre transparencia parlamentaria, Panamá quedó de último en Centroamérica y uno de los peores en Latinoamérica.

“Temas como llevar un registro público sobre cómo votan los diputados, nunca ha podido ser implementado en Panamá, a pesar de que se han comprado los equipos para esto”, indicó.

LA DEUDA DEL EJECUTIVO

No solo el Legislativo. El Ejecutivo también está en mora con la transparencia y la lucha anticorrupción en cuanto a proyectos de ley.

El gobierno de Juan Carlos Varela se comprometió a llevar a la Asamblea cinco iniciativas para combatir la corrupción, pero a la fecha no lo ha hecho.

Una de ellas pretendía reformar la Ley 59 de 1999, que busca que los diputados hagan declaraciones de bienes patrimoniales.

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