Diputados presentan amparos contra las auditorías de Contraloría

Al menos ocho diputados reelectos en 2014 presentaron amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra las resoluciones proferidas por la Contraloría General de la República, en relación a las auditorías practicadas a juntas comunales y municipios.

Se trata de Yanibel Ábrego -actual presidenta de la Asamblea Nacional-, Mario Miller, Jackson Palma, Héctor Aparicio (expresidente del Legislativo) y Salvador Real, de Cambio Democrático (CD).

Además de los perredistas Benicio Robinson -actual presidente de ese colectivo- y Crispiano Adames, exjefe de bancada del partido.

También presentó un amparo Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Estos diputados forman parte del grupo de 39 que se reeligió en 2014.

Los amparos son contra dos resoluciones de la Contraloría de los años 2014 y 2015, mediante las cuales se ordenaron las auditorías.

El magistrado José Ayú Prado fue asignado como ponente del amparo que presentó Aparicio y Ángela Russo estará a cargo del resto de los recursos.

El pasado 27 de febrero, la Contraloría General de la República entregó las auditorías a 186 juntas comunales y municipios al Ministerio Público, que hace tres días pidió la reapertura del proceso.

Diputados, contra auditorías

Dos días después de que el Ministerio Público (MP) presentó ante el Juzgado Quinto Penal una solicitud para que sea reabierta la investigación por el uso de fondos públicos a través de juntas comunales y municipios en el período 2009-2014, varios diputados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar amparos de garantías constitucionales contra el alcance efectuado por la Contraloría General de la República a esos gobiernos locales.

Se trata de los diputados Yanibel Ábrego, actual presidenta de la Asamblea Nacional; Héctor Aparicio, Mario Miller, Jackson Palma y Salvador Real. Todos de Cambio Democrático (CD).

También presentaron amparos Benicio Robinson, diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Crispiano Adames, exjefe de bancada de ese colectivo. Asimismo, Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

El bufete Fuentes y Rodríguez Law firm aparece como apoderado judicial en los ocho amparos, que atacan la constitucionalidad de la resolución No.39-2014 Dinag del 20 de junio de 2014 y su modificación a través de la resolución No. 264-15-leg del 30 de abril de 2015, proferidas por la Contraloría General.

Mediante esas resoluciones, la Contraloría había ordenado las auditorías que finalmente fueron entregadas al Ministerio Público el 27 de febrero pasado.

Rehúyen hablar

Este medio llamó a la diputada Ábrego, quien contestó, pero una vez se le informó que era de La Prensa, cerró la llamada.

Mientras tanto, el diputado Crispiano Adames declaró que no iba a hablar sobre este tema.

Al resto de los diputados que presentaron recursos contra las auditorías se les llamó por teléfono y se les dejó mensajes, pero no respondieron.

Más recursos

En tanto, el diputado de CD Noriel Salerno dijo que él presentó un amparo contra las auditorías de la Contraloría , pero este recurso no aparecía ayer en la Secretaría de la CSJ asignado para reparto entre los magistrados.

En la Secretaría de la CSJ informaron que hay otros recursos de diputados –cuya cantidad no precisaron– contra las auditorías de la Contraloría, que aún están en revisión para determinar si cumplen los requisitos legales para ponerlos en reparto de los magistrados.

Salerno cuestionó que la Contraloría haya efectuado una auditoría al Municipio de Río de Jesús en Veraguas tres años después de que él transfirió fondos de su partida circuital para que fuera manejada por ese gobierno local.

Salerno fue uno de los diputados, junto con Carlos Afú, que más dinero manejó de sus partidas a través del Municipio de Río de Jesús. Salerno transfirió $2 millones y Afú $1 millón.

Al preguntársele al diputado Salerno por qué las auditorías son inconstitucionales, señaló que no entiende por qué el Ministerio Público solicitó una reapertura de la investigación del caso de las juntas comunales si los auditores de la Contraloría concluyeron en varios informes que no encontraron lesión patrimonial.

En tanto, la diputada de CD Dalia Bernal adelantó que próximamente habrá una reunión de la bancada, para unificar los procedimientos legales que presentarán contra las auditorías de la Contraloría.