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Diputados, señalados en caso de ‘diablos rojos’

Diógenes Vergara y su suplente, Milciades Navarro, del PRD, y el panameñista Carlos Santana fueron mencionados en las investigaciones.

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El Estado pagó indemnizaciones por 2 mil 649 buses entre 2010 y 2014, luego de que fueron reemplazados por el Metro Bus, pero la fiscalía investiga supuestos pagos irregulares en 573 cupos. Archivo El Estado pagó indemnizaciones por 2 mil 649 buses entre 2010 y 2014, luego de que fueron reemplazados por el Metro Bus, pero la fiscalía investiga supuestos pagos irregulares en 573 cupos. Archivo
El Estado pagó indemnizaciones por 2 mil 649 buses entre 2010 y 2014, luego de que fueron reemplazados por el Metro Bus, pero la fiscalía investiga supuestos pagos irregulares en 573 cupos. Archivo

Primero fue el escándalo de los $400 millones en partidas circuitales, luego los contratos fraudulentos y las planillas; posteriormente, las transferencias millonarias del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a las federaciones y ahora, los diputados de la Asamblea Nacional están involucrados en el escándalo de las compensaciones de los “diablos rojos”.

Los nombres de los diputados Carlos Santana, del oficialista Partido Panameñista, y Diógenes Vergara y su suplente, Milciades Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), figuran entre las 532 personas señaladas por este supuesto peculado millonario en perjuicio del Estado.

Cuando se pagaron las compensaciones a los dueños de buses “diablos rojos”, Vergara era dirigente de la piquera San Cristóbal en Chepo, y a Santana se le señala como representante legal de la empresa Jicalen, investigada en el caso.

Los señalamientos contra Vergara, Santana y Navarro en las pesquisas que sigue la Fiscalía Anticorrupción deben ser remitidas a la Corte Suprema de Justicia, competente para investigar a los diputados.

Entre 2010 y 2014, el Estado pagó $94.8 millones en indemnizaciones por 2 mil 649 “diablos rojos”.

‘Diablos rojos’ revelan el negociado

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto peculado en la compensación de buses “diablos rojos” revelan que funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) habrían actuado en asociación con transportistas y dueños de concesionarias para manipular el sistema y obtener ganancias ilegales.

La fiscalía, a cargo de Kira Tascón, descubrió que los cupos sacados de circulación fueron reasignados a otros dueños, que también se beneficiaron de las indemnizaciones.

En la trama de corrupción también participaban organizaciones de transportistas que, en sociedad con el nuevo concesionario, solicitaban la reasignación del cupo y una vez transferido este, el nuevo dueño mostraba interés en participar en el proceso de compensación y suscribía un acuerdo de voluntades con la Dirección General de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), según la fiscalía.

Todo este trámite, de acuerdo con las investigaciones, se hacía en tiempo récord, de forma que no había manera de verificar la funcionabilidad del cupo, y una vez reasignado y transferido el titular del mismo, con el aval de la organización transportista a la que estaba afiliado, solicitaba la actualización de la ruta para cobrar la indemnización.

Los montos de indemnización correspondían a $25 mil para los “diablos rojos” de ruta troncal; $35 mil para los de corredor; $50 mil por cada bus tipo Coaster; y $75 mil para los buses de lujo con aire acondicionado.

Las indemnizaciones a los “diablos rojos” comenzaron a pagarse desde 2010 y hasta 2014, como una compensación económica del Estado, tras aprobar un contrato con la empresa  Mi Bus para el servicio de transporte público de pasajeros.

ATTT, ¿cómplice?

En la investigación, la fiscalía acreditó que hubo una presunta complicidad entre funcionarios de la Dirección de Asesoría Legal y otras dependencias de la ATTT, quienes conocían de las irregularidades en las compensaciones a los buses “diablos rojos”.

Además, la fiscalía precisa que los funcionarios de la ATTT conocían de las normas legales que se infringían y establecieron relaciones contractuales con miembros de los gremios del transporte, lo que ocasionó un serio perjuicio a los caudales de la administración.

Entre las direcciones de la ATTT que supuestamente incurrieron en estas anomalías, la fiscalía señala a Asesoría Legal, que estuvo a cargo de Roger Araúz; y al Departamento de Registro de Documentación de Transporte Público, a cargo de Rolando Urriola.

Las pesquisas dan cuenta de que el Departamento de Informática de la ATTT cuenta con una excelente base de datos, en la que se podía corroborar el historial de un Certificado de Operación; sin embargo, dicha información no era verificada por quienes estaban a cargo de las compensaciones.

En ocasiones, la fiscalía detectó que el concesionario no había presentado su pretensión de participar en el proceso de compensación y ya se tenía resuelto lo concerniente a la liberación y cancelación del cupo y el cheque de la indemnización listo.

Tal complicidad presuntamente involucraba a la Comisión Técnica Evaluadora, a los fiscalizadores del Departamento de Tesorería y Finanzas y Contabilidad, que confeccionaban el cheque sin verificar los datos.

También se señala la supuesta responsabilidad del director general de la ATTT, que daba su aval para el pago; y a la Contraloría General de la República, que refrendaba el pago.

Los imputados

Así, la fiscalía imputó cargos a los exdirectores de la ATTT Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno; al exsubdirector de la entidad, Arturo Araúz; y al exdirector de Registro Único Vehicular Nicolás Brea.

A su vez, entre los dirigentes transportistas imputados están Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez.

Asimismo, Franz Wever, actual secretario general de la Asamblea Nacional.

La fiscalía también acusó a Juan Pablo Mora, exsecretario de Metas de la Presidencia en el gobierno pasado, y a unos 10 fiscalizadores de la Contraloría.

En total, la fiscalía ha imputado a 532 personas.

En las investigaciones y declaraciones de indagados han salido a relucir los nombres de los diputados Diógenes Vergara y su suplente Milciades Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), así como el del diputado panameñista Carlos Santana.

Otras anomalías

Un hecho relevante en la investigación es que se detectaron buses que operaban en rutas inexistentes para la época, como la de Veranillo-Corredor Norte; San Pedro-Corredor Sur; y Los Andes-Corredor Norte. Esto se hacía para cobrar la indemnización como buses de los corredores.

Según constató la fiscalía, en estos casos, ocasionalmente, los conductores de buses daban el servicio en los corredores, pero sin tener el permiso correspondiente para ello, pero esta información fue obviada por los funcionarios, quienes consintieron la compensación a sabiendas de que dichas rutas no existían.

Además, la fiscalía corroboró que buses “diablos rojos” que no tenían incorporado sistema de aire acondicionado fueron compensados con $75 mil. La mayoría tenía las pólizas de seguro vencidas y otros no tenían seguro de asiento.

Otra de las anomalías fue que se expidieron certificados de operación de las rutas de los corredores con anterioridad al año de la construcción de los corredores. Por ejemplo, se expidieron certificados de operación para la ruta del corredor Sur en el año 1999, pero la vía fue inaugurada en 2000.

Proceso de chatarreo

En el proceso de chatarreo de los buses que saldrían de operación se descubrió que los funcionarios encargados de esta labor no cumplieron sus responsabilidades, ya que permitieron la entrada al área designada de unidades no contempladas en el proceso de rescate administrativo, y de vehículos del interior del país que no serían compensados.

Además, permitieron el ingreso de unidades con desperfectos mecánicos y que daban cuenta de que no eran funcionales desde hacía mucho tiempo, y buses con el distintivo de privados.

La lesión

El Estado entregó indemnizaciones a cambio de 2 mil 649 certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso de 94.8 millones de dólares.

Del total de certificados compensados, la fiscalía investigó 573 por presuntas irregularidades en el pago de las indemnizaciones.

En la semana del 12 al 24 de este mes, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga estará en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los santos, Herrera y Coclé, para tomar un total de 83 declaraciones relacionadas con las compensaciones.

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