IMPRESCRIPTIBILIDAD

Diputados dan tercer debate a proyecto de ley anticorrupción

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Con un golpe en sus curules, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer en tercer debate el proyecto de ley 514 que establece la imprescriptibilidad para los delitos de peculado (en sus diferentes formas), corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.

La iniciativa pasará al Ejecutivo para su sanción o veto parcial o total.

Proyecto 514 pasa al Ejecutivo

El proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que fue presentado con un artículo único, fue aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, con seis normas.

Con un golpe en sus curules, los diputados manifestaron su aprobación al proyecto de ley, pero en sus intervenciones muchos expresaron algunas aprensiones sobre el contenido final de la iniciativa y otros aprovecharon el debate para hablar de la corrupción.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez indicó que, aunque este proyecto no acabará con la corrupción, es un paso que da la Asamblea contra este flagelo.

Señaló que le hubiese gustado que se quedara la imprescriptibilidad para los delitos de fraude en las contrataciones públicas, abuso de autoridad y tráfico de influencias, como señalaba el proyecto de ley original.

Gómez expresó que el fraude en las contrataciones públicas ocurre cuando se hacen pliegos de cargos en las licitaciones “a la medida”, para que allegados al gobierno de turno logren acceder a millones de fondos públicos.

Juan Diego Vásquez y Annette Planells asistieron a los debates en la Asamblea como impulsadores de la iniciativa . Roberto Cisneros - Expandir Imagen
Juan Diego Vásquez y Annette Planells asistieron a los debates en la Asamblea como impulsadores de la iniciativa . Roberto Cisneros - LP

Los diputados incluyeron como imprescriptibles los delitos de peculado en sus diferentes formas, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos. No consideraron esta cualidad para los delitos de fraude en los actos de contratación pública, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, que también los proponía el proyecto original.

Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela destacó que si hay un gobierno que en las últimas décadas ha iniciado un proceso de perseguir la corrupción en la cosa pública es el de su hermano , Juan Carlos Varela. “Nunca antes se había denunciado lo que un gobierno anterior hacía… y este gobierno empezó a denunciar y presentar pruebas. Ha iniciado un proceso de adecentamiento de la administración pública”, dijo.

Manifestó que “ahora ningún funcionario, alcalde, quiere firmar. Por eso se dice que somos lentos, pero se están viendo en el reflejo de las anteriores autoridades […] Este es un gobierno que ha dado ejemplo con hechos”, acotó el oficialista.

Sobre el proyecto, el diputado denunció que a última hora se metieron modificaciones, pese a que los diputados habían terminado de hablar en el segundo debate.

“ Yo siento que en esos artículos hay un interés malévolo, para que el presidente la vete y luego se diga que él no quiere la imprescriptibilidad […] haber puesto en el artículo que una persona no pueda contratar con el gobierno, lo que estamos haciendo es que se pueda vetar el proyecto”, advirtió.

En tanto, el diputado perredista Pedro Miguel González respondió a varios de los puntos señalados por su colega Varela. Entre ellos, reconoció que ha sido un gobierno que ha denunciado casos de corrupción de sus antecesores, Cambio Democrático, pero que también ha sido una administración que se ha visto envuelta en uno de los escándalos más grandes de corrupción, como el de Odebrecht, que financió la campaña presidencial del actual mandatario con una donación de $10 millones.

González aseguró que con las modificaciones introducidas se amplían las medidas anticorrupción para los servidores públicos, pero también para los empresarios.

El diputado hizo referencia a la inclusión de los artículos para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, con el fin de inhabilitar para hacer contratos con el Estado a las empresas que hayan sido condenadas en Panamá y en el extranjero en casos de corrupción, así como a las que hayan llegado a acuerdos de pena o de colaboración eficaz en delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

También indicó que se incluyó una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, para inhabilitar para contratar directa o indirectamente con el Estado a aquellas empresas que sean usadas o creadas para cometer delitos en el país.

El diputado manifestó que se aprovechó este proyecto de ley anticorrupción para hacerle varias reformas a la Ley de Contrataciones Públicas que no se efectuaron cuando se dio el debate de esta norma en la Asamblea Nacional, en 2016.

Otros diputados intervinieron en el debate, aunque no para referirse al contenido del proyecto, sino para atribuirse el impulso de la iniciativa. Tal fue el caso del panameñista Luis Barría, quien indicó que “gracias” a que la Comisión de Gobierno era presidida por un panameñista [Carlos Santana] se impulsó el proyecto de ley.

Pero el perredista Elías Castillo afirmó que Barría mintió, porque el proyecto llegó a la comisión mucho antes de que Santana fuera presidente.

La iniciativa llegó al Legislativo el 19 de julio de 2017, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, presentada por estudiantes de derecho de la USMA y por la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, apoyados por el Movimiento Independiente.

Casi un mes después, el 22 de agosto de 2017, el proyecto llegó a la Comisión de Gobierno [Carlos Santana la presidía]. Más tarde, el 16 de enero de este año, se le dio primer debate, y el 2 de abril pasado el segundo debate en el pleno legislativo.

La iniciativa pasa ahora al Ejecutivo que, según la Constitución, tiene 30 días para vetarla total o parcialmente o sancionarla y hacerla promulgar en la Gaceta Oficial, para que se convierta en ley de la República.

Semana de cambios en el palacio Justo Arosemena, ¿por qué?

Desde el pasado lunes 2 de abril, hay un movimiento inusual en la Asamblea: las oficinas administrativas lucen ocupadas, hay poca gente en los pasillos, y ya no hay plazas vacías en los estacionamientos del nuevo edificio de ese parlamento. Fuentes políticas aseguraron que todo es producto de la nueva auditoría que inició  la Contraloría desde el pasado lunes 2 de abril a la partida 080, que contiene los contratos del personal de confianza de los 71 diputados. Pero las primeras señales de que esta semana traería cambios las dio el diputado perredista Raúl Pineda en el pleno legislativo la semana pasada. Dijo que la presidenta de ese órgano,  Yanibel Ábrego, estaba bajando a las oficinas para  verificar que los funcionarios estén en  sus  puestos.

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