EFECTOS DEL CASO NEW BUSINESS

Directivos de la ACP, con ‘patente de corso’: Angélica Maytín

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Angélica Maytín, directora de la Antai. Angélica Maytín, directora de la Antai.
Angélica Maytín, directora de la Antai. Archivo

Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), aseveró que los miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) parecieran tener una especie de “patente de corso” que los protege.

CUESTIONAN A DIRECTIVOS DE LA ACP

Nicolás Corcione tomó posesión como directivo de la ACP el 23 de marzo de 2010. Expandir Imagen
Nicolás Corcione tomó posesión como directivo de la ACP el 23 de marzo de 2010. LA PRENSA/Archivo

Representantes de la sociedad civil organizada cuestionaron el hecho de que los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Henri MizrachiNicolás Corcione tienen varios meses de no asistir a las reuniones de esa corporación, justamente cuando el Ministerio Público los investiga por el caso relacionado con la compra de la Editora Panamá América S.A., presuntamente con fondos públicos.

De acuerdo con la ACP, la última vez que Mizrachi asistió a la directiva fue el 19 de junio pasado, mientras que Corcione, el 10 de agosto último. Ambos han justificado su ausencia argumentando que tienen que atender temas personales y empresariales fuera del país.

El numeral 2 del artículo 13 del reglamento interno de la directiva de la ACP señala que los directores, entre otras funciones, deben “participar en los debates de las reuniones”. Sin embargo, no existen reglas específicas con relación a la asistencia.

En ese sentido, Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), recordó que en el código de ética de esa empresa estatal no existe una norma que alcance a los miembros de la junta directiva.

“Desde hace dos años la Antai inició una campaña para que Corcione fuera removido de la junta directiva de la ACP, porque estaba siendo investigado y en ese entonces encontraron que el código de ética de la entidad no tiene una norma que cubra a los miembros de la junta [...] eso es una laguna y se les está dando una especie de patente de corso”, argumentó Maytín, quien enfatizó que en la junta directiva de la Autoridad del Canal “deben estar los más probos de este país”.

Por su parte, Magaly Castillo, dirigente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que es el momento de que se aprueben normas éticas y de conflicto de interés para la junta directiva de la ACP. “Para los colaboradores de la ACP existe un estricto código de ética, pero para los miembros de la junta directiva parece que no existen normas éticas”, reiteró.

A juicio de Castillo, Corcione y Mizrachi deben renunciar. “Está claro que nunca debieron ser directivos de la ACP y aunque no son funcionarios de la entidad, le pueden ocasionar un daño a la imagen de la empresa más importante del país”, expresó.

La activista añadió que “lo más responsable” sería que ambos miembros renuncien y, de no hacerlo, exhortó a que fueran removidos de sus cargos.

Mientras que Lina Vega, recién electa presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, indicó que esta situación “es inexplicable”.

“No es posible que esta junta directiva siga mirando para otro lado. Es una situación incómoda y ellos tienen que tomar decisiones, enfrentarlo con valentía y hacer que esto termine, pero es una decisión que solo ellos sabrán cómo tomar”, dijo.

En tanto, el presidente Juan Carlos Varela informó ayer que analizará la situación. “El Canal de Panamá es un activo muy importante del Estado. Hay que proteger su imagen y sus estructuras legales, nos tocará evaluar esta situación”, manifestó el mandatario luego de que periodistas le preguntaran sobre el tema. Varela agregó que solicitará un informe al equipo legal de la Presidencia de la República para conocer cuáles son las acciones que se pueden adoptar en este caso.

EL PROCESO

La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó a la Interpol la difusión de una alerta roja, con fines de detención, para Mizrachi y Corcione, investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con supuestas transacciones irregulares para la adquisición de Epasa.

La medida, solicitada por el fiscal David Mendoza, está motivada porque ambos directivos de la ACP no han comparecido al proceso y además tienen informes de que ambos están fuera del país.

Henri Mizrachi asumió como directivo de la ACP el 19 de febrero de 2013. Expandir Imagen
Henri Mizrachi asumió como directivo de la ACP el 19 de febrero de 2013. LA PRENSA/Archivo

EN LAS ENTRAÑAS DE LA DIRECTIVA

Mientras tanto, el presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy, solicitó a Corcione y Mizrachi que atiendan “prontamente” su asunto. Tras concluir la reunión ordinaria mensual de la directiva para tratar asuntos internos de la vía interoceánica, el también ministro de Asuntos del Canal manifestó que no han recibido ninguna notificación oficial sobre este caso por parte de una autoridad competente.

Cuestionado sobre alguna acción que pudiera adoptar esa corporación como ente administrativo de la vía, Roy reiteró que ellos carecen de esa potestad.

“Nosotros no tenemos una facultad para atender estos casos. Esta es una facultad estrictamente de los órganos judiciales. Nosotros somos una junta directiva que hace su función, la hacemos profesionalmente”, precisó.

En la reunión estuvieron presentes, además de Roy, Marco A. Ameglio, Francisco Sierra, Ricardo Manuel Arango, Óscar Ramírez, José A. Sosa, Elías Castillo, Alberto Vallarino Clément y Lourdes Castillo.

La cita comenzó a eso de las 11:00 a.m., y a las 2:20 p.m. los miembros de la directiva comenzaron a descender las escaleras del edificio de la administración del Canal.

Este diario abordó a algunos de ellos, como Elías Castillo y Marco Ameglio, para conocer sus opiniones sobre el caso de Corcione y Mizrachi, pero prefirieron no referirse al tema.

Pese a las ausencias de estos dos directores durante las reuniones de los últimos meses, Roy afirmó que no han tenido ningún problema de interrupción o para atender los negocios del Canal.

Sin embargo, reconoció que ciertamente no es un asunto positivo para la vía acuática, pero insistió en que “son cosas que suceden”.

El Canal de Panamá tiene una emisión de $450 millones en bonos colocados en los mercados para financiar la construcción del tercer puente sobre la vía acuática en Colón.

Roy no cree que haya un efecto en esta operación, porque el Canal es una institución centenaria y, por lo tanto, tiene una estructura y una administración muy sólidas.

EL CASO DE CORCIONE

Es la segunda vez que Corcione falta a las reuniones de la junta directiva del Canal. En 2015 se ausentó durante dos meses cuando el entonces fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, lo investigaba por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con cuentas del encarcelado exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

Corcione presentó múltiples recursos legales y Murgas nunca logró indagarlo por este caso.

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