INVESTIGACIÓN

Qué pasó con... Donaciones, en la mira

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El diputado Rubén De León evitó dar explicaciones a este medio por este caso. El diputado Rubén De León evitó dar explicaciones a este medio por este caso.
El diputado Rubén De León evitó dar explicaciones a este medio por este caso. Archivo

Fueron tres factores los que obligaron al Ministerio Público a pedir un sobreseimiento provisional del proceso relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea Nacional.

Según el Ministerio Público, dichas razones fueron que la Asamblea no entregó la información requerida, el plazo de la pesquisa se venció y la Contraloría General de la República no ha entregado una auditoría del caso.

Por ello, en septiembre pasado la Fiscalía Anticorrupción de Descarga le puso pausa a la investigación, en la que se buscaba determinar si se incurrió en delitos contra la administración pública.

El caso llegó a la esfera judicial el 20 de abril pasado, cuando la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, denunció a cinco funcionarios de la Asamblea Nacional y uno del Municipio de Santiago, Veraguas, por las presuntas anomalías.

En total, han transcurrido seis meses desde que el Ministerio Público inició esta investigación y un mes desde que la vista fiscal fue remitida al Órgano Judicial, según consta en un monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción efectuado por la fundación junto con la Alianza Ciudadana pro Justicia.

El hecho de que el Ministerio Público solicitara un sobreseimiento provisional permite que la causa no se archive y una vez que la Contraloría entregue la auditoría, y se junten otras pruebas, la fiscalía pida al juzgado reabrir el caso, en el que hasta ahora no hay personas imputadas.

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Donaciones, en la mira

El escándalo que dejó al descubierto presuntas irregularidades en la gestión de donaciones y contratos por servicios profesionales se originó a partir de una investigación publicada por este diario en la semana del 6 al 11 de marzo pasado.

Según la investigación, la Asamblea gestionó donaciones por, al menos, $14 millones entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017, dinero que en buena parte no habría llegado a sus beneficiarios. Además, otros $68 millones en contratos y servicios profesionales por trabajos que en su mayoría no se habrían realizado. Estos fondos se repartieron entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, durante las presidencias de Adolfo Valderrama, del oficialista Partido Panameñista, y Rubén De León, del Partido Revolucionario Democrático.

Entre los denunciados se encuentra el coordinador de los trámites de donaciones y asesor de la Presidencia de la Asamblea, Teófilo Gálvez; y la secretaria de la presidencia de ese órgano, Isabel Araúz. En la lista también está Ismael Frías, del despacho del diputado de Cambio Democrático Juan Poveda, quien habría gestionado contratos temporales para su sobrino por casi $10 mil.

Además, Marisela Araúz, asignada a la oficina de Fiscalización de la Contraloría en la Asamblea –según la planilla del Legislativo correspondiente a marzo pasado–; y Raúl Moreno, de la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales de la Asamblea, quienes habrían ofrecido donaciones y contratos por servicios profesionales.

En la denuncia también se señala a Luis Cruz, secretario general del Municipio de Santiago (Veraguas), quien recibió $20 mil en donaciones para supuestamente sufragar las fiestas de Santiago Apóstol, según dijo, y otros $2 mil 400 para un viaje a China.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia, órgano que procesa a los diputados, rechazó investigar por este caso a De León y a sus colegas Adolfo Valderrama, Katleen Levy, Alfredo Pérez, Miguel Salas, Carlos Tito Afú, Benicio Robinson, Elías Castillo, Juan Manuel Poveda, Crecencia Prado, Dalia Bernal, Juan Carlos Arango y Mario Miller.

Diligencias del Ministerio Público

El pasado 25 de abril comenzó a contar el plazo de cuatro meses para que el fiscal Javier Mitre Burgos concluyera la investigación que buscaba determinar si en  las donaciones y contratos que gestionó el Legislativo hubo anomalías. 

En esos cuatro meses, se pidió información al Tribunal Electoral respecto a si los investigados tenían fuero electoral y se tomaron seis declaraciones juradas a particulares. 

La fiscalía también efectuó una inspección ocular en la Asamblea el 27 de julio pasado y obtuvo información sobre los nombramientos de los funcionarios denunciados.

Pero, en la inspección ocular Mitre no halló toda la información requerida y, por ello, remitió un escrito al Legislativo, en el que le solicitó más datos, pero, según se dijo, las respuestas fueron evasivas.

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