escogencia de magistrados

Dudas sobre el papel de la comisión especial evaluadora

La Comisión de Estado por la Justicia se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo para analizar los alcances de la comisión que evaluará a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Corte.

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La Comisión de Estado por la Justicia se reunió ayer, y acordó que cada organización que la integra debe designar a un representante para que forme parte de la Comisión Especial de Evaluación encargada de ver el perfil de las personas postuladas para ejercer el cargo de magistrado de la Corte. La Comisión de Estado por la Justicia se reunió ayer, y acordó que cada organización que la integra debe designar a un representante para que forme parte de la Comisión Especial de Evaluación encargada de ver el perfil de las personas postuladas para ejercer el cargo de magistrado de la Corte.
La Comisión de Estado por la Justicia se reunió ayer, y acordó que cada organización que la integra debe designar a un representante para que forme parte de la Comisión Especial de Evaluación encargada de ver el perfil de las personas postuladas para ejercer el cargo de magistrado de la Corte. Archivo

Al menos tres de los integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia consideran que hace falta esclarecer los criterios que tendrá la Comisión Especial de Evaluación en el proceso para escoger a tres magistrados titulares y tres suplentes de la Corte Suprema de Justicia en 2019.

Esta Comisión Especial de Evaluación –creada originalmente en 2005, a raíz de la firma del Pacto de Estado por la Justicia– fue reorganizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través del Decreto Ejecutivo 623 del pasado 2 de septiembre.

Los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia aprovecharán una reunión que les ha solicitado el presidente Cortizo, para despejar sus dudas. El encuentro tendrá lugar mañana, viernes 6 de septiembre, a las 8:00 a.m.

Uno de los que tiene dudas sobre el papel que jugará la Comisión Especial de Evaluación es el diputado Juan Diego Vásquez, quien representa a la Asamblea Nacional en la Comisión de Estado por la Justicia. Expresó que lo que el Presidente ha hecho es nombrar una comisión diferente a la que surgió del Pacto de Estado por la Justicia para recibir los documentos de panameños y panameñas que aspiran a ser magistrados.

“Esto hay que afinarlo y determinar cómo va ser el procedimiento de esta comisión evaluadora”, añadió, y el Presidente “debe tomar una decisión importante: qué es lo que el espera de esta comisión”.

Vásquez consideró que Cortizo ha faltado a la verdad ya que la comisión evaluadora tiene prohibido mandar puntuación o recomendación, sólo puede hacer “consideraciones”.

Juan Carlos Araúz presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que se necesita más información del Ejecutivo sobre el propósito de la Comisión Especial de Evaluación, toda vez que hay dudas sobre el papel que pueda desempeñar.

Araúz adujo que hay que evaluar “las realidades de la resolución” de 2005 –la 91 de 23 de noviembre– que recomienda dicha Comisión, para ver si encajan en la necesidad del Órgano Judicial.

La resolución de 2005 se fundamenta en que la Comisión de Estado por la Justicia fue creada para “recibir fórmulas alternativas o procedimientos más participativos para la elección” de los magistrados; en que la sociedad aspira que quienes llegan a esos cargos tienen “la credibilidad de la comunidad por sus valores éticos y morales, idoneidad técnica y jurídica, y compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia” y que “ante la ausencia de un proceso de evaluación, le es permitido al Consejo de Gabinete emitir una reglamentación sobre esa materia”.

El presidente del Colegio de Abogados manifestó que hay que analizar el alcance que van a ejercer los distintos actores de esta comisión especial, para determinar su futuro. “Esas reflexiones se van a dar a corto plazo”, dijo en relación a que le expresarán sus inquietudes directamente al mandatario en la reunión de mañana

Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia apuntó que lo importante es aclarar que la resolución que habilita la Comisión Especial de Evaluación hace esta designación separado del Pacto de Estado por la Justicia. “Por supuesto que es una recomendación que hizo el Pacto, pero es independiente, no se ha reunido y todavía no está constituida”, indicó.

Además, destacó que una de las recomendaciones que hizo el Pacto Estado por la Justicia en su momento fue que la Comisión Especial de Evaluación tuviese la facultad de hacer una preselección –de los candidatos– y eso no está en la resolución.

Lee informó que en la reunión semanal de la Comisión de Estado por la Justicia, realizada ayer, se solicitó a las organizaciones que la integran que designen a las personas que van a formar parte de la Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, quien preside la Comisión de Estado por la Justicia, indicó que se reunieron para tratar el proceso de recepción de las postulaciones y la posterior evaluación que tiene que hacer la Comisión Especial designada por el Ejecutivo.

Mencionó que los integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia quieren fijar algunos criterios con respecto a las facultades que corresponderán a la Comisión Especial de Evaluación, ya que se debe tener presente que su creación fue una sugerencia que la Comisión de Estado por la Justicia hizo en 2005 y eso es lo que está retomando y avalando con su palabra el Presidente.

En este sentido, remarcó, “una cosa es la Comisión Especial de Evaluación y otra cosa es la Comisión de Estado por la Justicia; lo que quiero decir es que son dos entes distintos(...)”.

Detalló que la Comisión Especial de Evaluación tiene una función específica: que una vez se hace la convocatoria de los que aspiran a ser magistrados de la Corte, todos los que hayan aspirado tienen que pasar un proceso de evaluación, y ese es el papel que va jugar la Comisión Especial.

El pasado 2 de septiembre el Consejo de Gabinete abrió la convocatoria para escoger dos magistrados titulares para la Sala Penal y uno para la Sala de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

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