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Junta Comunal de Palmas Bellas, Colón

Edil de CD, ante la justicia

La representante Yinela Ábrego está acusada de falsificación y peculado por un monto de $114 mil. La fiscal pidió su llamamiento a juicio.
Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que se falsificó la firma del tesorero de Consejo Nacional de Representantes. LA PRENSA/Archivo. Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que se falsificó la firma del tesorero de Consejo Nacional de Representantes. LA PRENSA/Archivo.
Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que se falsificó la firma del tesorero de Consejo Nacional de Representantes. LA PRENSA/Archivo.

La actual representante del corregimiento de Palmas Bellas, en Chagres, Colón, Yinela Ábrego, militante del gobernante Cambio Democrático (CD), supuestamente utilizó la cuenta bancaria del Consejo Nacional de Representantes (Conare) para emitir cheques a su nombre y de otras personas, los cuales fueron cambiados en cantinas y restaurantes de ciudadanos de origen asiático.

Estas son parte de las conclusiones de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en la vista fiscal del 23 de agosto pasado, en la que solicitó el llamamiento a juicio de Ábrego.

A la edil se le acusa de delitos de peculado y falsificación de documentos en general, al causar una lesión patrimonial por más de $114 mil. Además, por presuntamente falsificar la firma del tesorero de Conare, Javier Henríquez, actual representante de corregimiento de El Caño, en Natá, provincia de Coclé.

La militante de CD aspira a la reelección como representante de Palmas Bellas, y también es candidata a alcalde del distrito de Chagres. Ábrego fue elegida presidenta de Conare en el período 2011-2012. Henríquez era su tesorero.

La denuncia del caso fue presentada por Henríquez el 29 de junio de 2012, en la que explicó que él y Ábrego eran los únicos autorizados para firmar los cheques de la cuenta de Conare.

Ábrego manejaba la chequera, cuyos recursos provienen del gobierno central y de aportes de los representantes.

Los fondos debían utilizarse para los gastos del congreso de representantes, así como en ayudas de las juntas comunales. El gobierno central aportó $100 mil para cubrir gastos y dietas de los 623 representantes de todo el país para el congreso realizado el 25 de octubre de 2011, en el hotel de playa Decameron.

Henríquez admitió haber firmado 18 cheques de Conare en 2011, por lo que insistió en pedir el informe de gastos a Ábrego, pero esta nunca lo entregó.

En vista de esa situación, según la denuncia, procedió a verificar los estados de cuenta en el Banco Nacional de Panamá, y se percató de las irregularidades en la emisión de cheques sin justificación a nombre de otras personas y para gastos que no competen a Conare.

Además, constató que le habían falsificado su firma en 15 cheques. Las copias de estos cheques fueron aportadas con la denuncia.

no hay informes

Las pesquisas de la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, determinaron que un peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) concluyó que la firma de Henríquez había sido falsificada en los cheques.

En tanto, la Contraloría informó a la fiscalía que no tenía informes de la conciliación bancaria de la cuenta de Conare para el período de 2011-2012.

Además, en inspección ocular a la oficina de Conare no se halló esa documentación. Solo se entregó copia de la conciliación bancaria de 2009.

firmas falsas

Eugenio Delgado, dueño de un restaurante en Colón, declaró a la fiscalía que Ábrego le pagó un cheque de $3 mil, por mil comidas para una actividad el 4 de noviembre de 2011.

La fiscalía mostró otro cheque similar a Delgado por el mismo monto. Sin embargo, el comerciante negó haber recibido ese pago, pues la firma de ese último cheque no era la suya.

Ese cheque de $3 mil a nombre de Delgado fue cambiado en el restaurante Balboa, de Colón, según lo declaró a la fiscalía el administrador del local Zhu Hao Feng.

Feng aclaró que el cheque fue cambiado a una funcionaria de la junta comunal de Palmas Bellas, en Colón, que presentó una copia de la cédula de Delgado, consumió $10 en el restaurante y le dieron el vuelto en efectivo.

Un peritaje del Imelcf determinó que la firma en ese cheque no era de Delgado.

Por su parte, Erick Menchaca, chofer de Ábrego en octubre y noviembre de 2011, negó haber recibido un cheque por $4 mil, girado a su nombre el 15 de noviembre de ese año.

Al igual que Delgado, el Imelcf determinó que la firma de ese cheque, no era de Menchaca.

Mejoras a su calle

La fiscalía se trasladó hasta Colón para tomar declaración a los dueños de los locales comerciales, en cuyas cuentas se depositaron los cheques firmados por Ábrego.

Cecilio Valverde Vega manifestó que Ábrego le giró un cheque por $700 a nombre de su madre Elvia Vega.

El pago fue en 2011 por llevar tierra en su camión, entre 8 y 10 viajes, desde Río Indio hasta una calle cercana al centro de salud de Palmas Bellas.

En la inspección ocular la fiscalía corroboró con moradores del lugar, que en ese sector está la casa de Ábrego y allí se hicieron mejoras a la calle, en 2012.

La vista fiscal señala, además, que se giró un cheque (cuyo monto no fue revelado) a nombre de Federico Bhaktad, con un número de cédula que corresponde a otra persona.

cambió en la cantina

Xiao Juan de Feng, dueña del restaurante y cantina Salón Oriental, confirmó que la misma Ábrego iba a cambiar sus cheques al local.

De Feng reconoció tres cheques por $3 mil, $2 mil y mil dólares que fueron cambiados en su cantina, aunque dijo ignorar el nombre de los beneficiarios de esos pagos.

También manifestó que las personas que hacían efectivos los cheques consumían en la cantina y luego les daba el vuelto en efectivo.

En tanto, Zhuoqiao Feng, dueño del bar La Cantina, confirmó a la fiscalía que cambió un cheque por $8 mil y otros dos por $4 mil.

Explicó que la persona que los cambió debió comprar licores finos entre $200 a $250 y le dio el vuelto en efectivo. Ambos comerciantes reconocen que los cheques estaban firmados por Ábrego.

No rindió indagatoria

El 12 de junio pasado, el Tribunal Electoral (TE) comunicó a la fiscalía que la representante de Palmas Bellas no gozaba de fuero electoral.

Seis días después, el 18 de junio de 2013, la fiscal Chevalier le formuló cargos a la representante.

Ábrego recibió personalmente la boleta de citación de la personería de Chagres para que se presentara a la fiscalía a rendir indagatoria el 23 de julio, pero no asistió.

Se reprogramó para el 31 de julio, pero su abogada pidió aplazar la indagatoria. Se dispuso citarla para el 12 de agosto, pero Ábrego presentó una incapacidad y no acudió.

La representante de CD fue citada por cuarta y última vez a indagatoria, el 23 de agosto pasado, y tampoco se presentó.

Ese mismo día, Chevalier envió la vista fiscal al Juzgado Tercero Penal de Panamá pidiendo su llamamiento a juicio.

En sus conclusiones, Chevalier manifestó que se estableció la participación deliberada de Ábrego, y que se benefició de la custodia de la chequera de Conare para causar una lesión patrimonial al Estado.

Agregó que quedó en evidencia que Ábrego “giró diversos cheques para gastos que no tenían nada que ver con el congreso, incluso cheques a título personal”.

La fiscalía no le impuso medida cautelar a la edil.

Ábrego salió elegida candidata a representante de Palmas Bellas y como alcalde del distrito de Chagres en las elecciones primarias de CD del 8 de septiembre pasado. Por ello, goza de fuero electoral.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que Ábrego conocía del proceso en su contra, y no comunicó que tenía fuero electoral. Por ende, señalaron las fuentes, el tema del fuero debe decidirlo el juzgado.

Este medio se comunicó con Ábrego, a quien se le envió un cuestionario de 12 preguntas. No obstante, informó que su abogada Rosa Mancilla contestaría las preguntas. Este medio lo remitió a Mancilla, pero tampoco lo respondió.

Solo hay un funcionario de este gobierno condenado

Además de la investigación a Yinela Ábrego, representante de Palmas Bellas, Colón, al menos 10 procesos penales se han seguido a funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno de Ricardo Martinelli. La exdirectora de titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte fue investigada junto con otras siete personas por la cesión gratuita de un terreno en Paitilla; y por la titulación gratuita de 54 hectáreas en las orillas de la playa Juan Hombrón, Coclé.

En ambos casos, Villamonte fue favorecida con el archivo definitivo del proceso por el Juzgado Tercero Penal en 2012. En tanto, el Juzgado Tercero Municipal hizo lo mismo, el 11 de octubre pasado, con la exdirectora de Migración María Cristina González, al archivar un proceso penal seguido a ella y a otras cinco personas por la pérdida del expediente de la naviera Ocean Cross. Esa empresa era investigada por supuesto tráfico de ciudadanos de origen asiático.

González, además, tiene pendiente ir a juicio junto con cuatro personas, en el Juzgado Tercero Penal, por supuesta falsificación de visas. Mientras, el 3 de junio pasado, el Juzgado Primero Penal dio un archivo definitivo a las investigaciones por supuesto pago de sobornos para la fallida construcción de cuatro cárceles modulares por parte del consorcio italiano Svemark.

En este caso no hubo acusados. Mientras que la exdefensora del Pueblo Patria Portugal fue destituida del cargo, el pasado 5 de agosto, por la Asamblea Nacional. El despido se dio luego de iniciarse dos investigaciones en su contra por supuestas irregularidades en el contrato de $250 mil con la empresa Imaginarium Studio, S.A. para una consultoría y el rediseño de la página web; y de la transacción por $200 mil con la empresa En Avant, S.A. para mejorar la atención al usuario.

Por su parte, el pleno de la Corte Suprema rechazó dos denuncias presentadas contra el diputado Sergio Gálvez por la compra de 30 mil jamones por $675 mil, con fondos de la junta comunal de El Chorrillo. En tanto, el Juzgado Décimo segundo Penal condenó el 15 de octubre de 2012 al exjefe de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Quintín Sanjur a dos años y seis meses de prisión, como resultado del proceso por peculado que se le siguió, dado el supuesto sobreprecio en una compra de 19 mil dólares para materiales de trabajo.

Rubén Polanco

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