GESTIÓN PÚBLICA

Eduardo Peñaloza, el fiscal fantasma

En la Fiscalía Electoral se acumularon más de 128 denuncias contra funcionarios y políticos oficialistas que a la fecha no han tenido resultado.

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El 3 de junio de 2010, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, fue posesionado del cargo por el presidente Ricardo Martinelli y la entonces ministra de la Presidencia, María Fábrega, en un acto en el Palacio de las Garzas. LA PRENSA/Archivo. El 3 de junio de 2010, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, fue posesionado del cargo por el presidente Ricardo Martinelli y la entonces ministra de la Presidencia, María Fábrega, en un acto en el Palacio de las Garzas. LA PRENSA/Archivo.
El 3 de junio de 2010, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, fue posesionado del cargo por el presidente Ricardo Martinelli y la entonces ministra de la Presidencia, María Fábrega, en un acto en el Palacio de las Garzas. LA PRENSA/Archivo.

El 18 de mayo de 2010, el abogado Eduardo Peñaloza pasó de ser un desconocido a un hombre al que el país le pide que trabaje. Aquel martes de mayo, sin votos en contra –45 a favor y 15 abstenciones–, la Asamblea Nacional lo ratificó como el nuevo fiscal electoral: el encargado de velar por la equidad, la honradez y la imparcialidad en todos los procesos políticos por los siguientes ocho años.

Lo logró de la mano del presidente Ricardo Martinelli. Con un poco más de un año en el Palacio de las Garzas, el gobernante lo postuló por considerarlo idóneo para el cargo, luego de que Boris Barrios renunciara al puesto el 4 de febrero de 2010 en medio de un proceso penal que le adelantaba en ese momento la Corte Suprema de Justicia.

La relación Martinelli- Peñaloza era de vieja data. Este último trabajó con el Presidente durante su paso por el Ministerio de Asuntos del Canal (1999-2003). Fue subdirector de Migración en los primeros años de este gobierno y secretario del Comité de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD), el partido fundado por el mandatario. Peñaloza también obtuvo un escaño en el Parlamento Centroamericano como diputado suplente de la actual gobernadora Mayín Correa.

CD no era el primer partido en el que militaba. Ya había pasado por las filas de varios colectivos. quizás, como muchos, buscando la suerte que por fin encontró en CD. Fue parte del desaparecido Movimiento de Renovación Nacional y estuvo 13 años inscrito en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Ese martes, cuatro años atrás, Peñaloza, quien vestía saco azul y portaba un prendedor dorado del escudo nacional, prometió “ser vigilante de la conducta de los funcionarios”.

EL COSTO DE LA AUSENCIA

“Me gustas cuando callas, porque estás como ausente”. La primera línea del Poema XV, del chileno Pablo Neruda, describe con fineza las críticas dirigidas hacia Peñaloza por la sociedad civil y políticos de oposición.

Lo han tildado como servil a la administración Martinelli, cómplice de los candidatos de CD, ineficiente, inoperante, desfasado e indolente.

Incluso Juan Carlos Varela, presidente recién electo, le sugirió que renunciara al estimar que no ha cumplido con su trabajo.

Pero Peñaloza se defiende. En las pocas entrevistas que le ha dado a los medios –mayormente oficialistas–, el fiscal asegura ser respetuoso del derecho y cumplir con el marco legal de su cargo. También afirma ser buen administrador de los recursos del Estado.

Desde que asumió su cargo, Peñaloza ha manejado $23.5 millones en el presupuesto de la Fiscalía General Electoral (FGE). Durante su gestión, los fondos de la entidad pasaron de $3.2 millones en 2010 a $8.2 millones en 2014, de los que el 30% está destinado para la planilla, incluyendo su salario de $10 mil mensuales, emolumentos superiores al del Presidente de la República ($7 mil mensuales).

Por este salario el funcionario ha sido objeto de críticas, pero él asegura que duerme tranquilo. Desde su oficina con paredes rojas, en el sexto piso del edificio PH Hased en Bella Vista, el fiscal, quien admira a Mahatma Gandhi, asegura que su trabajo ha sido transparente.

LOS CASOS DEL FISCAL

Durante poco más de un año como fiscal electoral, la gestión de Peñaloza pasó inadvertida. No se pronunció sobre ningún caso ni recibió ninguna denuncia de alto perfil. No fue hasta junio de 2011 cuando el funcionario advirtió de que serían necesarias nuevas elecciones para elegir al secretario de la juventud del PRD. En aquellos comicios, Nadia del Río ganó la contienda contra Félix Moulanier por apenas un voto. Cinco meses después se volvieron a desarrollar las elecciones y en esa oportunidad el vencedor fue Moulanier.

En septiembre de 2011, Peñaloza comenzó a recibir denuncias contra políticos de CD, su antiguo partido, por supuesta utilización de recursos del Estado para hacer campaña. Poco a poco las fue acumulando, y en octubre de ese año sumaba 128 denuncias contra funcionarios a las que no les daba finiquito.

A finales de noviembre de ese año, el fiscal se enfrentaría a uno de los casos que definiría su trayectoria ante la opinión pública: El Bebedero. El representante de ese pueblo de Tonosí murió en un accidente de tránsito mientras ejercía su tercer período en ese cargo. Era miembro de CD, con pasado en el panameñismo y en el PRD. Fue electo sin suplente, por lo que el Tribunal Electoral (TE) instauró unas nuevas elecciones para principios de diciembre. Durante ese lapso, El Bebedero se convirtió en el pueblo de moda: ministros, funcionarios y políticos se tomaron el lugar, en el que apenas había un poco más de mil electores.

Casi que de inmediato comenzaron las acusaciones de que el gobierno patrocinaba la campaña de la candidata de CD, Nidia Cureña, quien al final resultó electa. Regalaron electrodomésticos, materiales de construcción, bicicletas y bolsas de comida a granel.

“Compra de votos no anula comicios”, expresó Peñaloza meses después de las elecciones en El Bebedero. Tiempo después sostuvo que no hubo compra de votos con recursos del Estado en Tonosí, y aseguró que las donaciones que recibió Cureña por parte de Heriberto Yunito Vega, empresario que obtuvo millones de dólares en contratos con el gobierno y que luego se postuló como candidato a diputado en el circuito 6-2, fueron privadas y no violaron la ley.

Para marzo de 2012, el término transfuguismo ya estaba incorporado casi que de forma cotidiana en el lenguaje nacional.

Apenas unos meses después que se quebró la alianza oficialista entre el Panameñista y CD, paulatinamente, al menos 250 políticos entre alcaldes, representantes de corregimiento y diputados se inscribieron en el colectivo de Martinelli. Los partidos, que veían cómo disminuía su cuota de poder político, aseguraron que los saltos eran patrocinados con fondos públicos y que se ameritaba una investigación. Peñaloza se desligó de cualquier eventual proceso y dijo que le correspondía al TE ahondar en estos temas.

Incluso, presentaron una grabación de Gabriel De Janón, directivo del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), aliado de CD, en la que le ofrecía dinero al representante de El Pajonal, en Coclé, Aurelio Alonso, por dejar de ser panameñista y convertirse en CD. El fiscal nunca se pronunció sobre el tema.

En diciembre de 2012, en la FGE ya reposaban 11 denuncias contra ministros de Estado y dos contra directores de instituciones por la utilización de bienes públicos para hacer proselitismo y por violación del fuero electoral.

Peñaloza reiteró, al ser abordado sobre estos expedientes, que adelantaba las investigaciones correspondientes, pero nunca se obtuvo una decisión final.

LA CARRERA ELECTORAL

En sus primeros tres años al frente de la FGE fue objeto de toda clase de críticas y cuestionamientos. Sin embargo, fue en el último año en el que arrancó el proceso electoral que culminó el pasado 4 de mayo, cuando arreciaron los reproches.

En mayo del año pasado, José Domingo Arias, excandidato presidencial de CD, se unió a Martinelli en la inauguración de un rompeolas en la cinta costera, lo que contravenía artículos del Código Electoral y de la Constitución.

“Se van a revisar los videos y las imágenes para analizar y determinar si se amerita una investigación al respecto”, respondió Peñaloza ante el asedio de los medios. Nunca más se supo sobre esta acción, ni tampoco cuando Arias se adjudicó la inauguración de canchas de fútbol que ya habían sido arregladas por el Estado.

Con el calor de la contienda presidencial, surgieron las campañas sucias y negativas. Una de las más sonadas fue la publicidad que pautó el Movimiento Panamá Avanza en varias televisoras. En la misma, se afirmaba que Juan Carlos Navarro, presidenciable del PRD, no hizo nada durante su gestión como alcalde de la capital (1999-2009).

Tras considerar que la cuña violaba disposiciones del Código Electoral, el TE canceló su pauta. Esto, a pesar del criterio que emitió Peñaloza, quien se opuso a que se cancelara su difusión al juzgar que no tenía agravantes a las normas electorales.

Su criterio generó preocupación no solo en la sociedad civil sino en el seno del TE, y los magistrados de esta institución empezaron gestiones para un encuentro con el fiscal. “Queremos saber cómo andan las estadísticas, qué casos está tramitando, qué tipo de denuncias son”, afirmó Eduardo Valdés Escoffery, magistrado del TE.

El fiscal se sintió ofendido y calificó como una “falta de respeto” el llamado que le hizo el TE. Nunca se reunieron.

Félix Moulanier, líder de la juventud del PRD, volvió a aparecer en el panorama del fiscal. El dirigente le tendió una trampa al Molirena al asegurarles que renunciaría a su partido y apoyaría al oficialismo.

El colectivo del gallo lo acompañó con banderas y gritos al TE, pero al llegar la hora de la firma, Moulanier reveló que le ofrecieron dinero del Estado y un nombramiento en la Lotería Nacional de Beneficencia, donde lo pasearon como un trofeo durante horas laborales.

Peñaloza guardó silencio al respecto. Fue el secretario general de la institución, Juan Alvarado, quien aseguró que se iniciaría una investigación de oficio acerca del tema. Hasta ahora, no se conoce ninguna decisión sobre este caso.

Incluso, en enero de este año el Centro Carter, organización internacional que observó el proceso electoral en Panamá, invitó a Peñaloza a que investigara el financiamiento de las campañas políticas, en especial el posible uso de recursos públicos en las del oficialismo.

El fiscal no dijo nada, quizás escudado en sus palabras que ofreció durante la instalación de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, el 2 de enero pasado, cuando indicó que los que denunciaran irregularidades de tipo electoral tenían que presentar pruebas, ya que su gestión no se fundamentaba en “linchamientos mediáticos”.

En febrero pasado se reveló que CD instauró un sistema con información plagiada del TE, en la que detallaban datos familiares, políticos, sociales, laborales y fotográficos de todos los ciudadanos panameños.

Incluso, en el sitio, construido como parte de la campaña de Arias, se mostró que la esposa y los dos hijos de Peñaloza estaban inscritos en CD y que los tres eran funcionarios.

El fiscal, en lugar de investigar la plataforma electrónica, optó por interponer una denuncia contra La Prensa y Mi Diario [el 3 de abril de 2014] por publicar la información que revelaba la campaña de CD. “Se revelan datos de mis hijos que ponen en peligro nuestra seguridad personal”, afirmó.

Inclusive, arremetió contra un equipo periodístico de este medio cuando se le intentó tomar una foto a su salida de la FGE. “Eso está prohibido hacia los funcionarios”, dijo un alterado Peñaloza. Luego llamó a un oficial de la Policía Nacional y le ordenó tomar los datos de los periodistas por si le sucedía “cualquier cosa”.

Sin embargo, dos meses después el fiscal retiró la demanda que presentó contra los reporteros.

RENUNCIAR O SEGUIR

Peñaloza todavía sonríe entre las paredes rojas de su oficina. Afirma que se mantendrá en su puesto hasta 2018, tal y como lo señala su ratificación por la Asamblea Nacional, y que no renunciará pese a la solicitud de Varela.

Se considera un hombre sincero, con principios y valores, le gusta el arroz con porotos y carne y la chicha de piña. Es fanático del fútbol y de las carreras de caballos.

Fue nombrado en ese cargo luego de que se le montara un proceso a su antecesor Boris Barrios, cuyo período ahora le toca cumplir al exmiembro de CD. Con las lagunas burocráticas del Estado panameño podría ser víctima de una estrategia similar a lo que le sucedió a Barrios.

Sin embargo, el fiscal no habla de su futuro fuera de la FGE. De salir, probablemente se iría a vivir al campo y pondría un hostal, un sueño que le confesó a La Prensa en una entrevista hace semanas. En medio del silencio lejano a la urbe, Peñaloza podría volver a leer Don Quijote de La Mancha, su libro favorito, o también el Código Electoral, por el que tanto le reclamaron en los últimos cinco años.

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