Transparencia

Ejecución de nuevos estándares, el reto para Panamá

Pieth y Stiglitz piden registros públicos con datos sobre el beneficiario final de las sociedades. Los miembros del comité nacional sugieren que la información solo esté disponible para las autoridades.

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Mark Pieth consideró que fue una buena idea crear el comité. Mark Pieth consideró que fue una buena idea crear el comité.
Mark Pieth consideró que fue una buena idea crear el comité. Ana Rentería

Panamá está  dando pasos correctos para mejorar la transparencia del sistema legal y  financiero con la adhesión a convenios internacionales y el cambio de legislaciones locales, pero el gran reto que debe superar el país es la implementación efectiva de esos cambios para ganar credibilidad ante una comunidad internacional que ha puesto el foco en el país, luego de la publicación de la investigación sobre las sociedades offshore constituidas por la firma de abogados Mossack Fonseca.

Ayer, en  la 17  Conferencia Internacional Anticorrupción, que se celebra estos días en Panamá, el profesor Mark Pieth, de la Universidad de Basilea, dijo que “el Gobierno panameño ha reaccionado muy rápido. Se ha dado cuenta de que la  publicación  es un problema para su reputación” y destacó como “una buena idea” la creación del comité independiente de expertos del  que formó parte hasta su  renuncia junto con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, por diferencias con los miembros panameños del grupo.

Pieth y Stiglitz elaboraron un reporte con  sugerencias globales para combatir los flujos ilícitos de capitales, mientras que el  comité convocado por el Gobierno  hizo otro informe con recomendaciones para Panamá. 

El profesor suizo dijo que el comité hizo un reporte “muy bueno”, pero incidió en la importancia de la ejecución de las medidas. “El reto para Panamá es ir más allá de decir las cosas correctas, tienes que hacerlo realmente. Esto es difícil, porque muchas cosas toman mucho tiempo en Panamá”.

En su reporte particular, Pieth y Stiglitz sugieren la necesidad de que los países creen registros públicos, en los que figure información sobre los beneficiarios finales de las compañías, para saber quién es realmente la persona que está detrás de estas estructuras. “Es fácil mentir y tener a otra persona, como la señora de la limpieza, en 10 mil compañías. Para evitar esto, el registro debe ser completamente público. Esto es un gran paso para todos los países y no va a pasar mañana”, dijo el profesor universitario.

Los miembros que permanecieron en el comité no tenían la misma opinión. Estos recomendaron en su reporte que la información sobre el beneficiario final de las sociedades esté disponible para las autoridades, pero no que sea de acceso público, explicó Roberto Artavia, costarricense que terminó siendo el único miembro foráneo del comité, luego de las renuncias de Stiglitz y Pieth.

Domingo Latorraca, quien también formó parte del grupo de expertos, y Gian Castillero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y abogado, se refirieron a los problemas de seguridad física que hay en la región para defender que la información sobre el beneficiario final no se incluya en un registro público.

En el foro se recordó que uno de los aspectos que la comunidad internacional ha cuestionado de Panamá es la falta de acceso a la información de los propietarios finales de las compañías establecidas en el país.

Al respecto, Castillero dijo que Panamá tiene una elevada capacidad para identificar a los beneficiarios, pero que la cooperación con otros países se hace en estricta reserva y no públicamente. “Estamos muy claros que en la evaluación internacional se va a medir la capacidad efectiva de poder cumplir con la cooperación internacional”, puntualizó.

Los miembros del comité presentaron las recomendaciones incluidas en su reporte final, que pasan por el fortalecimiento de las instituciones para elevar su capacidad supervisora, la incorporación permanente del país al debate internacional sobre estos temas, la separación de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de la Presidencia y de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, así como tener acceso a la información financiera y poder compartirla según los acuerdos internacionales.

Todo ello debe contar con el compromiso político para que “el tema no se deje de atender, dependiendo de qué partido político esté en el gobierno. Tiene que ser una discusión nacional y haber un proceso de concientización para tratarse de manera continua”, comentó Latorraca, quien lamentó que en las últimas dos décadas no ha habido una política constante al respecto, lo que ha pasado factura al país.

Como representante del Ejecutivo, Castillero señaló que las recomendaciones efectuadas por el comité ya fueron incluidas en la estrategia nacional para su progresiva implementación.

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