RECURSOS NATURALES

Ejecutivo aprueba llevar a la Asamblea Acuerdo de Escazú

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El acuerdo busca garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y asociaciones defiendan el ambiente. Archivo El acuerdo busca garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y asociaciones defiendan el ambiente. Archivo
El acuerdo busca garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y asociaciones defiendan el ambiente. Archivo

El país ratificará el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental vinculante que tiene que ver con acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia.

Esto, luego de que el Ejecutivo autorizara al Ministerio de Relaciones Exteriores a llevar a la Asamblea Nacional una propuesta de ley, con el objetivo de ratificar dicho acuerdo ambiental, el cual fue firmado el año pasado por Panamá.

En uno de sus puntos, este acuerdo establece que el país deberá asegurar el “derecho de participación” del público y, para ello, se compromete a implementar una participación “abierta e inclusiva” en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de normas locales e internacionales.

También incluye un componente relacionado con la justicia, en el que se indica que para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, Panamá atenderá las necesidades de las personas o grupos en “situación de vulnerabilidad” mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda.

Protección a activistas

Para Hermel López, representante de la Asociación de Profesionales de Darién para el Desarrollo Integral y Sostenible, uno de los puntos más valiosos del Acuerdo de Escazú es que busca garantizar un entorno seguro y propicio para el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas o restricciones.

De hecho, el artículo 9 de este convenio internacional señala que cada país debe tomar las medidas “adecuadas y efectivas” para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión.

“Esto es una buena oportunidad para proteger a los defensores de los recursos naturales, sobre todo en Darién”, dijo López, quien recordó que hace unos años la ecologista Ligia Arreaga tuvo que abandonar esa provincia luego de amenazas.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, subrayó que la ratificación de este acuerdo en la Asamblea busca darle más fuerza a las organizaciones ambientales, para que luchen sin persecusión.

“Todos los ciudadanos deben tener acceso a la justicia y a la información ambiental de una forma más expedita. Eso también hará que cada ciudadano sea un vigilante ambiental”, concluyó el funcionario.

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