PROYECTO DE LEY 53

Ejecutivo vetará ‘camarón legislativo’

Más organizaciones se sumaron a las críticas al ‘camarón legislativo’. Seguridad jurídica en juego.

Ante una expropiación

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El 4 de abril de 2017, Varela visitó la construcción de la fase 2 del puerto de PSA. Tomado de www.presidencia.gob.pa El 4 de abril de 2017, Varela visitó la construcción de la fase 2 del puerto de PSA. Tomado de www.presidencia.gob.pa
El 4 de abril de 2017, Varela visitó la construcción de la fase 2 del puerto de PSA. Tomado de www.presidencia.gob.pa

El ministro de la Presidencia y presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Álvaro Alemán, anunció que el Ejecutivo vetará el proyecto de ley 53, que derogó la Ley 2 de 2015, que aprueba el contrato para la construcción y operación de un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman.

Alemán, consultado por este diario, comunicó que el proyecto será vetado por “inconveniente e inexequible”, por el presidente Juan Carlos Varela.

Varela ya rechazó la actuación de los diputados, al señalar en su cuenta en la red social Twitter que la derogatoria del contrato ley a favor de PSA Panama International Terminal “atenta contra la seguridad jurídica y económica del país”.

Tres gremios -la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Cámara Marítima y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa- consideraron que el proyecto de ley 53 es un “exabrupto legislativo”.

Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea, dijo que revisará “el procedimiento de votación plenaria para tomar acciones que garanticen que esto no vuelva a ocurrir”.

Alemán sobre el proyecto 53: ‘Es una irresponsabilidad’

Crece el rechazo al proyecto de ley 53, sancionado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 19 de abril y que deroga la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, que no es otra cosa que el contrato ley para que PSA Panama International Terminal opere un puerto en Rodman.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) calificó la actuación de la Asamblea como un “exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica del país”, y solicitó al Ejecutivo que vete el proyecto de ley.

Lo mismo pide Juan Diego Vásquez, de la Red de Jóvenes por la Transparencia, quien consideró inaceptable que el Legislativo ponga en riesgo la estabilidad económica del país.

La Asamblea reacciona

La diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea, señaló que asume la responsabilidad de que se haya aprobado “tan inconveniente propuesta” .

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós y el jefe de la bancada de Cambio Democrático, Rony Araúz, solicitaron al Ejecutivo que vete la iniciativa del Legislativo, mientras que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) convocó a su bancada -donde está el grupo de diputados que propuso el artículo que derogó el contrato ley de PSA- para que mañana tome acciones ante este “exabrupto”.

Habla Alemán

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien preside la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), señaló que el proyecto será objetado por inconveniente e inexequible.

“Es una irresponsabilidad. El Gobierno Nacional, con el apoyo del sector privado, ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la competitividad logística del país”, indicó.

“Una decisión tan descabellada como la derogatoria del contrato con PSA envía un mensaje muy negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros. No obstante, tenga la seguridad de que seguiremos trabajando para posicionar al país en materia logística”, agregó.

Precisamente fue Alemán quien el 12 de enero de 2015 presentó ante la Asamblea Nacional el contrato ley entre la AMP y PSA.

Posteriormente, ya aprobado por la Asamblea, Alemán firmó la sanción del contrato ley junto al presidente Juan Carlos Varela.

Ante una expropiación

Nuestro ordenamiento jurídico le da categoría de ley a ciertas obligaciones adquiridas por el Estado, que aunque son aprobadas por la Asamblea, su contenido dista mucho de ser una ley cualquiera, y su modificación unilateral -o derogación inconsulta-, acarrea serias consecuencias.

La Asamblea no puede suprimir por sí misma tratados internacionales. Tampoco contratos leyes usualmente amparados por el acuerdo multilateral de protección de inversiones, y en este caso por el TLC con Singapur. Para efectos del derecho internacional, derogar la Ley 2 de 2015 equivale a una expropiación, y el Estado panameño está incumpliendo el contrato.

La mayoría de las grandes inversiones extranjeras están salvaguardadas por contratos leyes: Minera Panamá, Banapiña… Ahora, todas entran en incertidumbre jurídica. Esto va a alejar inversiones y que el riesgo país sea percibido como más elevado.

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