Empieza debate de amnistía en el Parlamento

El pleno de los diputados envió a la Comisión Permanente de Política Interior el proyecto de ley para que sea consultado con todos los grupos interesados.

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Lilian Tintori y familiares de otros presos políticos se manifestaban ayer desde las gradas del hemiciclo. Lilian Tintori y familiares de otros presos políticos se manifestaban ayer desde las gradas del hemiciclo.
Lilian Tintori y familiares de otros presos políticos se manifestaban ayer desde las gradas del hemiciclo. Juan Barreto

El parlamento venezolano inició ayer el debate del proyecto de ley de amnistía para presos políticos, pero aunque se da por descontada su aprobación por la mayoría opositora, le espera un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional.

En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los políticos presos, un grupo de diputados presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional, que lo someterá a votación en las próximas semanas.

“Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía”, dijo la legisladora opositora Delsa Solórzano, al abrirse la discusión.

La ley , a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista. Esta busca amnistiar a unos 75 presos producto de las protestas de febrero de 2014 y a quienes se han exiliado por su oposición al chavismo. Asimismo, incluye a los detenidos por razones políticas desde el año 1999.

“No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos”, afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.

Tras esta primera discusión, que duró casi tres horas, el plenario aprobó enviar el proyecto a la comisión de política interior de la cámara y convocar a los “sectores que se sientan beneficiarios”. No se informó cuándo será la votación.

Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.

Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como “asesinos” y “golpistas”, propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.

“Amnistía + reconciliación = paz”, se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori -esposa de López, condenado en septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión-, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del excandidato presidencial Manuel Rosales, también en prisión.

A la sesión acudieron además partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, con pancartas y fotos de las víctimas.

Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el pasado 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.

Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá 10 días para hacerlo, aunque ya anticipó que la vetará.

Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.

El presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ.

Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el parlamento el 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección impugnó el oficialismo.

“El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial”, alegó Hernández.

Mientras avanzaba el debate, Maduro encabezaba una concentración en Caracas para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. En esa concentración reiteró que se encuentra en rebelión contra la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

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