ASAMBLEA NACIONAL

Empresas que pacten con la justicia podrían licitar en las APP

La Asamblea Nacional aprobó anoche en segundo debate el proyecto de ley que crea el régimen de las asociaciones público privadas (APP). En el ente rector no habrá un representante del Legislativo.

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La mayoría del Partido Revolucionario Democrático se impuso anoche durante el segundo de bate. Ana Rentería La mayoría del Partido Revolucionario Democrático se impuso anoche durante el segundo de bate. Ana Rentería
La mayoría del Partido Revolucionario Democrático se impuso anoche durante el segundo de bate. Ana Rentería

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche en segundo debate el proyecto de ley 12, que crea un régimen de asociaciones público privadas (APP).

El texto ya había sido aprobado en segundo debate el 4 de septiembre pasado, pero el pasado lunes, tras abrir el tercer y último debate –en el que ya no se pueden hacer modificaciones– fue bajado nuevamente a segundo debate, debido a diferencias en torno a dos artículos.

Uno de ellos es el artículo 10, que determina la composición del ente rector de las APP, el máximo órgano de decisión sobre los proyectos que se harán bajo esta figura de contratación. Finalmente, no habrá una silla para un representante de la Asamblea Nacional en el ente rector, algo que había sido propuesto por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD)Benicio Robinson y aprobado en segundo debate la semana pasada.

Algunos juristas habían señalado que la participación de un diputado en el ente rector podría suponer una intromisión del Órgano Legislativo en otro poder del Estado, lo que chocaría con el artículo 163 de la Constitución Política.

El ente rector estará por tanto compuesto por cinco ministros, con el ministro de la Presidencia a la cabeza, y el contralor general de la República, que solo tendrá derecho de voz.

Más diferencias se dieron ayer en el pleno para definir el artículo 67, que trata la inhabilitación de empresas y personas para participar en proyectos de APP.

Una propuesta firmada por 18 diputados, entre ellos los de la bancada independiente, defendía que se incorporara entre las condiciones que hacen que una empresa no pueda contratar con el Estado el haber llegado a un acuerdo de colaboración por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y contra el patrimonio económico, entre otros.

Finalmente, la mayoría del PRD aprobó una redacción en la que no se inhabilita a las empresas que hayan llegado a acuerdos de colaboración con la justicia, sino que se incorporan las causales ya establecidas en la Ley 22 de 2006 (de contrataciones públicas), entre las que sí está, por ejemplo, el hecho de haber sido condenado mediante una sentencia definitiva por un tribunal panameño.

Según la Ley 22, tampoco pueden contratar con el Estado las empresas que están morosas en el pago de una multa impuesta por el incumplimiento de un contrato. En el texto aprobado ayer, se incluyó a las empresas que están morosas en el pago de una multa por una pena impuesta.

Según Zulay Rodríguez, diputada del PRD, esto supondría que Odebrecht, empresa que llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia panameña y a la que se impuso una multa de $220 millones, no podría participar en contratos de APP hasta que pague la totalidad de la multa.

No obstante, el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público establece que el pago de la sanción se haría en un periodo de 12 años, y técnicamente la empresa solo caería en morosidad si incumple alguno de los pagos parciales según el calendario pactado con el Ministerio Público, no por no haber pagado la multa en su totalidad.

En el texto aprobado ayer se llevó a 10 años el periodo que una empresa quedará inhabilitada en caso de incumplimiento de contrato, un baremo más riguroso que el de la propia Ley 22, que establece periodos de inhabilitación escalonados, dependiendo del monto del contrato.

Esta nota fue modificada el  miércoles  11 de septiembre de 2019, a las  5:28  a.m., para establecer la cantidad de diputados que firmaron la propuesta. Se publicó que fueron 38 y debió decir que fueron 18.

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