APELACIÓN

Envían casos del PAN al Segundo Tribunal

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El PAN pasó es ahora la Dirección de Asistencia Social. Archivo El PAN pasó es ahora la Dirección de Asistencia Social. Archivo
El PAN pasó es ahora la Dirección de Asistencia Social. Archivo

El Juzgado Decimoquinto Penal remitió al Segundo Tribunal Superior dos procesos relacionados con la presunta compraventa irregular de llantas y bolsas de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)

En uno de los casos, el fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica apeló la decisión del juzgado de dictar un sobreseimiento en el caso de las bolsas de granos.

El segundo caso también es una apelación, aunque contra el fallo del juzgado que condenó a 80 meses de prisión a Carlos Sadat Bonilla por peculado en el caso de las llantas. En este proceso también fueron condenados Edwin Serracín y Ana Victoria Andrión, ambos a 48 meses de prisión.

Por otro lado, el juzgado rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensa del empresario Juan Carlos Marciaga, como parte dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del  PAN –hoy Dirección de Asistencia Social (DAS)–, tras la compra de granos.

En fallo del 25 de septiembre pasado, el juez Leslie Loaiza  rechazó el incidente de nulidad, que atacaba las órdenes de indagatoria libradas por la Fiscalía Especial Anticorrupción entre 2016 y 2017 por las presuntas anomalías en la asignación de los contratos para la compra de los granos.

En su decisión, Loaiza detalló que el recurso pedía la nulidad del proceso a Marciaga por presuntas violaciones a sus garantías fundamentales, pero durante las pesquisas el empresario estuvo asistido en todo momento por un abogado.

Además, según el juez, dicho argumento no está entre las causales de nulidad establecidas por el artículo 2294 del Código Judicial.

En el fallo, el juez citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que se enumeran claramente las causales de nulidad; a saber, la ilegitimidad del querellante, la falta de competencia del tribunal, la falta de notificación al imputado y error en la denominación del delito.

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