Parque Nacional Camino de Cruces

Esperan suspensión de resolución

Residentes de Clayton presentaron una demanda de nulidad contra la resolución que redefinió los límites del parque Camino de Cruces.

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En 2016, el Ministerio de Ambiente informó que aumentó 90 hectáreas de bosques al parque. En 2016, el Ministerio de Ambiente informó que aumentó 90 hectáreas de bosques al parque.
En 2016, el Ministerio de Ambiente informó que aumentó 90 hectáreas de bosques al parque. Archivo

Organizaciones de la sociedad civil y autoridades están a la expectativa por la decisión que tomará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia sobre la resolución que redefinió los linderos del Parque Nacional Camino de Cruces.

Por un lado están los activistas y residentes de Clayton, en el corregimiento de Ancón, quienes demandaron la resolución tras considerar que no hubo una consulta pública adecuada.

María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá y residente de Clayton, sostiene que convocar a los residentes a una sola reunión y encima no tomar en cuenta sus sugerencias no quiere decir que hubo consulta. “Nosotros nunca estuvimos a favor de esa resolución”, acotó.

Una de las peticiones de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, grupo que presentó la demanda, era que los límites incluyeran más espacio verde.

De hecho, el Ministerio de Ambiente informó en 2016 que aumentó 90 hectáreas de bosques al parque que hasta entonces cubría 4 mil 876 hectáreas. Sin embargo, los activistas exigían la protección de otros puntos importantes de ese bosque.

Según Chávez, el Ministerio de Ambiente debe llevar a cabo una nueva medición de los límites del parque y presentar una propuesta, pero con una mejor participación ciudadana.

Mientras, Susana Serracín, representante de la A lianza para la Conservación y el Desarrollo, consideró que la Sala Tercera debe pronunciarse lo más pronto posible sobre la anulación de la resolución ambiental. “Instamos a las autoridades judiciales a dejar sin efecto esa norma”, acotó.

Este discurso de los residentes y ecologistas fue respaldado por el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien emitió su concepto sobre la demanda y recomendó a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo declarar ilegal la resolución debido a la falta de consulta pública.

En tanto, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, al ser consultado se remitió a una nota de prensa de 2016, cuando fue dada a conocer la polémica decisión de redefinir los límites del parque.

Esa nota dice textualmente que los nuevos límites fueron “el resultado de un periodo de consultas que incluyó la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, también a la Alcaldía de Panamá, así como al Ministerio de Ambiente y miembros de la sociedad civil”.

Se le hicieron más consultas a Sempris, pero no hizo otros comentarios al respecto. Un día antes también se le envió un cuestionario a través de su Dirección de Relaciones Públicas, pero tampoco hubo respuesta.

Otra funcionaria que siguió este tema de cerca fue la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, quien mencionó que dejar sin efecto esta resolución sería dar un paso atrás.

“Desde la perspectiva de la alcaldía estamos de acuerdo con la comunidad en proteger la mayor cantidad de bosques posibles, sin embargo, sería lamentable que en esa búsqueda dejemos indefensa esa zona verde con la anulación de la resolución”, subrayó.

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