CAMBIO DEMOCRÁTICO

Estrategia electoral ilegal

Mediante una plataforma electrónica, el equipo de Arias podía acceder a información familiar, laboral y política de los panameños.

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Juristas, miembros de la sociedad civil y políticos de oposición cuestionaron la estrategia de campaña de José Domingo Arias (Der.). En la foto, junto a la primera dama, Marta Linares, y al presidente, Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo. Juristas, miembros de la sociedad civil y políticos de oposición cuestionaron la estrategia de campaña de José Domingo Arias (Der.). En la foto, junto a la primera dama, Marta Linares, y al presidente, Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.
Juristas, miembros de la sociedad civil y políticos de oposición cuestionaron la estrategia de campaña de José Domingo Arias (Der.). En la foto, junto a la primera dama, Marta Linares, y al presidente, Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.

El sitio web www.josedomingoarias.org, creado como exclusiva base de datos por la campaña del candidato presidencial del gobernante Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, habría violado varias normas del Código Electoral y de la Constitución, al aglutinar información privada, como afiliación política, relación laboral con el aparato del Estado, posibles subsidios y datos familiares.

Expertos constitucionalistas consultados por este medio señalaron que a ningún ciudadano panameño se le puede restringir el acceso a sus datos personales.

Con propósitos electorales (se presentaba como un registro de electores), el portal suministraba, hasta ayer lunes 3 de febrero, datos de nacimiento, lugar de votación, afiliación política, si era funcionario o beneficiario de algún programa social del gobierno de casi cualquier panameño, sus padres, hermanos, hijos y conocidos.

La divulgación en este diario de la existencia de la plataforma generó modificaciones en la información que proporcionaba el sitio, del que se eliminó la afiliación partidista y los subsidios estatales.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, apuntó el artículo 29 de la Constitución, en donde se señala que “la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos...”, para cuestionar la base de datos.

La estrategia de CD también interfiere con el artículo 42 de la Carta Magna. “Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley”.

Al permitir el acceso a esta información solo a los participantes de la campaña de Arias, el oficialismo estaría violando este artículo, aseguró Álvarez.

“Esto tiene conducta delictiva, y como se trata de una campaña electoral debería ser investigada la concurrencia de un delito electoral”, añadió, tras criticar la labor del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, quien, según el propio sitio de la campaña de Arias, tiene a su esposa y a sus dos hijos como miembros de CD y nombrados en el gobierno.

Este método de registro de electores también contravendría dos artículos del Código Electoral, de acuerdo con la explicación de Javier Ordinola, asesor legal del Tribunal Electoral durante 16 años.

Según Ordinola, el artículo 32 del Código establece que “los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo”.

También se refirió al artículo 387 del mismo texto, que sanciona con pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años a las personas que “ejerzan coacción u obliguen, a los servidores públicos o a los empleados de empresas privadas, mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza, a asistir o realizar trabajos para candidatos o partidos en determinada actividad partidista”. Asimismo, a quienes “abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados candidatos en el proceso electoral (...)”.

Según pudo establecer La Prensa, los funcionarios que actúan como “multiplicadores” en esta red de captación de datos, reciben promesa de prebendas en un posible gobierno de Arias.

ESTADO DE OPOSICIÓN

Según Luis Eduardo Camacho, vocero de la campaña de Arias y de CD, y secretario de Comunicación del Estado, no ha habido presiones dentro del partido para participar en esta estrategia.

“En el gobierno trabaja mucha gente que es de oposición. Siempre hay este tema de las denuncias que nunca se presentan en los tribunales”, afirmó Camacho, quien negó que haya lazos entre las instituciones y la campaña. “Ninguna institución del Estado ha suministrado información”, aseguró.

Camacho manifestó, además, que la información se recopiló por medio de entrevistas personales. “Llenas una cuestión y le preguntas a la gente, y la gente te responde. Eso no tiene nada del otro mundo”, expresó.

Según Camacho, la versión oficial de la campaña de Arias sobre este tema le correspondía a Rómulo Roux, secretario general de CD, que no se pronunció sobre el asunto.

José Domingo Arias, contactado por teléfono, no contestó la llamada del diario.

Quien sí habló sobre el tema fue el propio presidente del partido y de la República, Ricardo Martinelli, quien justificó esta operación. “Todos los partidos tienen todo su derecho. Eso me dicen que salió en un periódico que yo nunca leo”, acotó.

RECHAZAN SISTEMA

Para Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional Capítulo Panamá, “esta información no debería utilizarse para presionar o prometer mayores incentivos directos e indirectos a sus beneficiarios si cumplen con cierta cuota de apoyo a la campaña oficialista” y también él solicitó la intervención del fiscal electoral.

Juan Carlos Navarro, candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recalcó, por su parte, que “todos tienen la obligación de garantizar un proceso dentro de lo justo y transparente. Se debe investigar y castigar a los culpables”, opinó.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós criticó que se utilice el aparato estatal para sacar ventaja. “Esto no solo es delicado y peligroso, es antiético. CD está utilizando todo tipo de información para alcanzar el triunfo el 4 de mayo”, dijo.

Igual opinó Rogelio Paredes, diputado del PRD. “Se está favoreciendo a una sola corriente y esto puede considerarse un delito electoral”, afirmó.

(Con información de Gustavo A. Aparicio O., Luis Bellini, Eduardo Mendoza y Ángel López Guía).

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