Ministerio Público

Blue Apple: exfuncionarios tenían cuentas en el extranjero

Dos Intermediarios –uno jurídico y otro financiero– tienen bienes e inmuebles que representan la mayor parte de los $5 millones cautelados por el MP.

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Exfuncionarios tenían cuentas en el extranjero

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron ayer que han recibido cooperación internacional, según la cual existe un número plural de cuentas bancarias en el exterior cuyos beneficiarios finales –incluso, algunos con firmas– eran Joaquín Rodríguez, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank, el abogado Federico Barrios –creador de la sociedad Blue Apple Services–, Jorge Ruiz, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, y los extitulares de este ministerio Jaime Ford Federico José Suárez.

En el caso de Ford, precisaron las fuentes, este llegó a recibir pagos en efectivo.

Se cree que los pagos que recibían Barrios y Rodríguez sumaban en conjunto el 3% de las transacciones, porcentaje que se dividían a partes iguales entre ellos. A estos dos últimos también se les han cautelado bienes que corresponden a la mayoría del monto incautado en ese renglón, unos $5 millones, según las fuentes.

Por ahora, se han identificado siete constructoras que pagaban a exfuncionarios y a la red de lavado entre el 5% y el 10% del valor total del contrato, hoy todas bajo la lupa de los bancos en los que manejan sus cuentas.

UNA MANZANA DE $40 MILLONES

Una manzana de $40 millones Expandir Imagen
Una manzana de $40 millones

¿Cómo dinero del Estado se convirtió en dinero mal habido? La respuesta se encuentra en un esquema que era manejado por un abogado y un banquero: Federico Barrios y Joaquín Rodríguez, este último, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank. No menos de 40 millones de dólares en coimas manejaron estos dos personajes, fondos de los que no solo salían sus “honorarios”, sino el de ministros a cargo de la cartera de Obras Públicas.

Lo hacían a través de una sociedad denominada Blue Apple Services, una persona jurídica que facilitó la creación de un esquema criollo muy cercano en sus formas al investigado en la operación Lava Jato (en Brasil), entre cuyos protagonistas destaca Odebrecht.

Así pues, empresarios –contratistas del Estado–, funcionarios, banqueros y abogados se asociaron de manera ilícita para mover millones de dólares en operaciones que tenían como fin el lavado de activos.

Producto de las investigaciones, propiedades de dos de los involucrados –el banquero Joaquín Rodríguez Salcedo y el abogado Federico Barrios– han sufrido la cautelación por valor de varios millones de dólares.

Entre los exfuncionarios figuran los exministros de Obras Públicas Federico José Suárez y Jaime Ford Castro –este último previamente había sido viceministro de Vivienda–, así como un pez más pequeño: Jorge Ruiz, exdirector de Administración de Contratos de este mismo ministerio (ver recuadro).

De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2011 y 2012, estos exfuncionarios habrían exigido sobornos a las contratistas del Estado.

La coima, según la investigación, variaba entre el 5% y el 10% del valor de las obras. A cambio, el contratista recibía de manera oportuna –y sin retrasos– el pago por el avance de sus proyectos.

Para lavar la coima y pasar los filtros bancarios, Blue Apple y su hermandad de sociedades se habrían hecho pasar por proveedores de contratistas del Estado, haciendo creer que prestaron servicios que iban desde movimiento de tierra hasta consultorías.

Habiendo inventado la relación, las constructoras contratistas del Estado habrían pedido al Gobierno desembolsar sus pagos a favor de Factor Global, a la que previamente habían cedido sus créditos con el Estado.

Luego, por instrucciones del contratista, Factor Global, del Grupo Global Bank, desembolsaría a favor de proveedores y subcontratistas de su cliente, entre los que figuraba Blue Apple. Pero, como los servicios no eran más que una pantalla para encubrir el pago, entonces las facturas por los supuestos servicios también lo serían.

Así pues, los bancos habrían sido utilizados con dos propósitos: uno, para hacer factoring (que se explicará más adelante) y otro para abrir las cuentas en donde se depositaba el dinero indebido. Pero la coima solo estaba de paso en Blue Apple, ya que tras su llegada, partía de inmediato a cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, donde finalmente el dinero recalaba en sus beneficiarios finales: funcionarios del más alto nivel e intermediarios.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, uno de estos exfuncionarios –Jaime Ford Castro– llegó, incluso, a recibir dinero en efectivo.

En el caso del factoring, las constructoras usualmente acuden a los bancos en búsqueda de financiamiento para sus proyectos. El factoring –o factoraje– es una alternativa de financiamiento legal y común que consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor.

El banco o su subsidiaria de factoring se encarga de cobrarle las facturas al Estado. A cambio, la empresa obtiene por adelantado el dinero de esas operaciones, aunque con un descuento.

El banco suele desembolsar dinero a su cliente (en este caso a las constructoras) a medida que estas van mostrando avances en la obra.

El dinero se puede girar a nombre de la misma constructora, que luego emite cheques a favor de sus proveedores; aunque también el mismo banco puede hacer desembolsos de forma directa a terceros y por instrucción de su cliente, en este caso contratistas del Estado.

Los fondos que entran al banco, producto del cobro de las facturas, provienen de una fuente limpia: el Estado, un blindaje irrefutable.

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Una manzana de $40 millones

Global Bank ha manifestado que para el caso, “Blue Apple Services y otras sociedades, en donde se menciona la actividad de factoraje realizada por nuestra subsidiaria Factor Global, deseamos aclarar que los contratos sujetos a tal ejercicio comercial fueron producto de licitaciones del Estado, debidamente adjudicadas y refrendadas. El banco realizó las debidas diligencias, analizando e investigando la procedencia de los fondos, que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Añadió que “en ningún momento, Factor Global descontó facturas de Blue Apple Services o de otras sociedades citadas en el proceso. Todas las facturas descontadas fueron de las entidades gubernamentales. Se honraron cheques girados por los clientes y se ejecutaron instrucciones de estos para la emisión de cheques a favor de terceros”.

La teoría del Ministerio Público respecto a la investigación no cuestiona la fuente de los fondos, sino el destino que se le dio a estos.

Entre los investigados figura Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank, quien habría participado del esquema y a quien no le habría parecido raro que Blue Apple, ahora etiquetada como una sociedad de papel, fuera proveedora de las constructoras.

Rodríguez Salcedo renunció en septiembre de 2017 al grupo financiero, aparentemente aduciendo motivos personales. Fue en ese mes, precisamente, cuando el Ministerio Público comenzó a investigar este caso.

Blue Apple no era cliente de Global Bank. Las cuentas de esta sociedad habrían estado en Banesco, Capital Bank y Banco General, cerradas una vez las entidades observaron operaciones sospechosas. Los bancos “se dan cuenta de la forma irregular en la que se estaban manejando estas cuentas bancarias”, dijo la procuradora Kenia Porcell.

Cuando es así, el procedimiento implica enviar las respectivas alertas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –en ese entonces dirigida por Emma Reyes– que nada hizo con los reportes de operaciones sospechosas enviadas por los bancos.

Además de Blue Apple, como parte de la red de corrupción, Porcell mencionó otras sociedades de papel para mover dinero: Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma, S.A.

Todas se crearon bajo el amparo de la ley de la pequeña y mediana empresa, que permitía transacciones por montos menores. Fue a través de esas sociedades que se adquirieron inmuebles de lujo, entre otros bienes.

Hasta ahora hay siete empresas investigadas: Conalvías, Meco, Rodsa, Bagatrac, GS Constructores (Grupo Corporativo GS, S.A.), REC, S.A. y Concepto y Espacios. La Cámara de Comercio y la Cámara Panameña de la Construcción instruyeron a sus respectivos comités de ética para que determinen posibles sanciones contra las compañías miembros involucradas en este caso.

Las contratistas del Estado vinculadas a la investigación de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir tienen una extensa lista de proyectos millonarios adjudicados en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y en la de Juan Carlos Varela.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Entre tanto, la Fiscalía Sexta Anticorrupción siguió ayer con las diligencias. Una de ellas fue la ampliación de la indagatoria a Rodríguez Salcedo.

Su abogada, Gladys Quintero, confirmó que es la tercera vez que Rodríguez Salcedo rinde indagatoria. Las otras dos veces fueron el 5 y 10 de enero pasado. En esta última fecha, el fiscal Aurelio Vásquez ordenó su detención preventiva.

A su vez, a las 10:00 a.m. llegó al edificio Avesa –sede de la fiscalía– Miguel Batista, abogado del exministro Ford. Una hora después, abandonó el lugar y aseguró que no pudo ver el expediente porque le informaron que está en reserva. Indicó que su cliente quiere presentarse a declarar, pero, por la reserva del expediente, dijo que está en desventaja. “Esto es injusto, ilegal y arbitrario”, agregó el abogado.

Confirmó que Ford cuenta con fuero penal electoral porque está postulado a un cargo en las elecciones de Cambio Democrático el próximo domingo, razón por la que ni él ni Suárez pueden ser llamados a indagatoria hasta ser desaforados.

(Con información de Olmedo Rodríguez Campos).

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