DECLARACIÓN DE BIENES

Exfuncionarios mantienen en secreto sus patrimonios

Ninguno de los miembros del gobierno pasado de Ricardo Martinelli ha divulgado sus bienes. Las notarías también se negaron a dar esta información.
El exministro del Mici Ricardo Quijano (Der.) prefiere no hacer público sus bienes. El expresidente Ricardo Martinelli no se ha pronunciado sobre el tema. LA PRENSA/Archivo. El exministro del Mici Ricardo Quijano (Der.) prefiere no hacer público sus bienes. El expresidente Ricardo Martinelli no se ha pronunciado sobre el tema. LA PRENSA/Archivo.
El exministro del Mici Ricardo Quijano (Der.) prefiere no hacer público sus bienes. El expresidente Ricardo Martinelli no se ha pronunciado sobre el tema. LA PRENSA/Archivo.

El viernes pasado, mismo día en el que La Prensa publicó que ninguno de los funcionarios del gobierno anterior ha hecho pública su declaración de bienes, el expresidente Ricardo Martinelli reaccionó sobre el tema.

“Como fiel cumplidor de la ley hace días presenté mi declaración de bienes”, escribió Martinelli en su cuenta de Twitter a las 2:16 p.m.

Pese a su declaración a través de la red social, Martinelli incumple con la obligación establecida en el artículo 304 de la Constitución, que califica este documento como “público”.

“(...) Deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública, en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación”, señala parte del artículo citado de la Carta Magna.

La semana pasada se le envió un correo al exmandatario sobre el tema, pero nunca contestó. Ayer se le volvió a preguntar al respecto, a través de WhatsApp, y tampoco respondió.

Salvo por el exministro de Comercio e Industrias (Mici) Ricardo Quijano, ningún funcionario del gobierno anterior ha optado por revelar ni siquiera detalles de su declaración de bienes.

Quijano envió un correo a este medio en el que indicó la fecha en la que preparó su declaración, con la escritura No. 18,263, en la Notaría Quinta. Después advirtió que prefería no revelar su documento, pese a que consideraba como “buena” la iniciativa de hacerla pública que adoptaron varios miembros del nuevo gobierno.

El extitular del Mici indicó que su decisión de mantener su patrimonio en secreto está protegido por la norma. Se refiere a la Ley 59 de 1999, que, contrario a lo que dice la Constitución, establece que los funcionarios deben entregar este documento a la Contraloría General de la República para su custodia, y que solo se levantará ante el inicio de un proceso de investigación judicial.

NOTARIOS NO CUMPLEN

Diomedes Cerrud, encargado de la Notaría Quinta en la que declaró Quijano, aseguró a este medio que no tenía autorización del exministro para dar copia de su declaración.

Al igual que Cerrud, varios notarios han preferido incumplir con lo que dicta la Carta Magna y no dar copia de este documento público, según constató este diario en un recorrido.

En la Notaría Primera, por ejemplo, los encargados aseguraron que para proporcionar la información de bienes de Ada Romero, administradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tendrían antes que recibir una llamada de la funcionaria en la que aprobara este procedimiento.

Igual informó Ricardo Landero, de la Notaría Décima, en el caso de Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario.

Mientras que en la Notaría Segunda, la recepcionista informó que las personas a cargo no dejaron autorización, y en la Notaría Décimo Primera manifestaron que la ley no los obliga a darla.

Hasta ahora, las únicas autoridades en facilitar el documento notariado con su declaración de bienes han sido Juan Carlos Varela, presidente de la República; Isabel De Saint Malo, vicepresidenta de la República y canciller; Marcela Paredes, ministra de Educación; Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional, y José Blandón, alcalde de la ciudad de Panamá.

Por otra parte, la Contraloría, a cargo de Gioconda de Bianchini, tampoco ha revelado la lista de los funcionarios entrantes y salientes que han cumplido con la legislación.

La Ley 59 establece que los funcionarios actuales que violen esta disposición serán sancionados con retención de salarios, mientras que los que salieron del gobierno deben ser multados.

Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional Capítulo Panamá, aseguró que este procedimiento debe ser de carácter público y sin requerir autorización de las autoridades.

“Para evitar estas interpretaciones legales se presentó el proyecto de ley de reforma de la Ley 59. En este se señala expresamente que la escritura pública que contiene la declaración es de acceso público”, afirmó el abogado. “En virtud de lo ocurrido, pareciese que quien presenta la declaración puede autorizar que su contenido se haga público, como lo hizo el Presidente, lo cual ayudó a aumentar la confusión”, añadió.

El actual alcalde capitalino y antiguo diputado, José Isabel Blandón, presentó en 2009 un proyecto para reformar la Ley 59 y obligar la divulgación de esta información. Sin embargo, la iniciativa no prosperó a pesar de ser prohijada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

19 Nov 2017

Primer premio

8 0 5 6

CCAA

Serie: 13 Folio: 12

2o premio

9078

3er premio

3785

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código