Fundación Universidad de Panamá

Exigen a la Universidad de Panamá auditar operaciones de fundación

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El rector Eduardo Flores junto a su equipo de trabajo anunció la decisión. El rector Eduardo Flores junto a su equipo de trabajo anunció la decisión.
El rector Eduardo Flores junto a su equipo de trabajo anunció la decisión. Rosalía Simmons

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, anunció ayer que esa entidad suspendió el convenio que tenía desde 1995 con la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), una entidad privada cuyo objetivo era “gestionar apoyo financiero, académico, científico, artístico y tecnológico” para la casa de Méndez Pereira.

Flores detalló que el 6 de este mes enviaron una nota al presidente de la Fudep, Sergei De la Rosa, a través de la cual oficializaron la suspensión del convenio y dieron plazo de 30 días hábiles a la organización para que desaloje las instalaciones que posee en el centro de estudios superiores.

La decisión de las autoridades de la UP fue bien recibida por miembros de la sociedad civil organizada que, sin embargo, exigieron que se efectúe una auditoría profunda de las actividades de la fundación y se deslinden responsabilidades.

Y es que una investigación de este diario reveló que a través de la Fudep se habría permitido que dinero del Estado fuera convertido en fondos privados.

El catedrático Miguel Antonio Bernal opinó que la suspensión debe ser complementada con las correspondientes denuncias penales, dada la cantidad de delitos que, según él, fueron perpetrados desde esa fundación y que dejaron una lesión gravísima a la universidad.

En 2016, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público una auditoría realizada a las actividades de la Fudep entre 2011 y 2014, en la que se estableció una posible lesión a las arcas de la principal universidad estatal del país calculada en $490 mil.

Al preguntársele a Flores si se iniciaría una auditoría a la fundación, explicó que “no podemos, porque es un ente privado”.

Su reacción fue catalogada como inverosímil por parte del excontralor general de la República Alvin Weeden, quien sostuvo que tanto las autoridades administrativas como de la Contraloría están en la “absoluta capacidad y tienen la obligación legal” de auditar todos los fondos públicos.

Al ser consultado sobre el tema, el exrector de la UP Gustavo García de Paredes indicó que a través de las publicaciones de La Prensa se desprestigió a la fundación, que a su juicio era un “apoyo importante” para la UP.

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