escándalo por cesión gratuita de relleno en paitilla

Exigen que la renuncia no provoque impunidad

Sociedad civil y políticos señalan que es costumbre de esta administración tapar los escándalos de corrupción con renuncias de los funcionarios.

La renuncia de Anabelle Villamonte como jefa de Titulación y Regulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) no debe significar que las investigaciones por bien oculto, que adelanta el Ministerio Público debido a la cesión a título gratuito de un relleno en Paitilla a particulares allegados al Gobierno, se paralicen y el caso quede impune. Así lo exigieron ayer dirigentes de la sociedad civil y políticos de oposición.

El abogado y activista Ebrahim Asvat fue más allá. Dijo que tras la renuncia de Villamonte debe seguir la del director general de la Anati, Alejandro Castillero.

Asvat abogó por una derogación tanto de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009 (de islas y costas) como de la Ley 59 del 8 de octubre de 2010 (que creó la Anati), porque fueron hechas para beneficiar a los “especuladores y juega vivo, que ahora tienen los mismos derechos que los campesinos y personas humildes que por años ocuparon sus tierras en el país”.

Para el excontralor Alvin Weeden en este escándalo no es suficiente la renuncia de Villamonte, sino que se debe reformar la ley de Anati, porque “mientras esto no suceda aquí, se les seguirá repartiendo terrenos o patrimonio público a millonarios, amigos o familiares”.

“Por eso sigo diciéndole al presidente, Ricardo Martinelli, que asuma su responsabilidad y suspenda la ley de la Anati, y se haga una ley que realmente proteja a los campesinos, y no se favorezca a los millonarios que van a lucrar con el patrimonio público”, dijo Weeden.

El excontralor consideró que “el gobierno está sacrificando a la directora de Titulación y Regulación de la Anati, Anabelle Villamonte, para lavarles la cara a sus superiores”.

A juicio de Weeden, Villamonte lo único que ha hecho es acatar órdenes de sus superiores. Es decir, de Alejandro Castillero y del Ejecutivo, y por ello “está pagando el pato con todo lo que se ha hecho mal con la ley”.

“Yo no estoy exonerando a la señora de nada, pero considero que tampoco es justo que a ella se la ponga ahora como chivo expiatorio de todo un acto que es compartido. Insisto, yo creo que están sacrificando a este señora, tirándosela a los leones para lavarles la cara a los otros”.

SOCIEDAD CIVIL OPINA

En tanto, Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, indicó que la renuncia de la jefa de Titulación de la Anati se suma a otros casos que se han dado durante estos dos años de gobierno, donde funcionarios involucrados en actos de corrupción renuncian o son obligados a renunciar para “apagar” el escándalo.

Hay que recordar que en julio pasado, María Cristina González renunció de la dirección del Servicio Nacional de Migración, en medio de un escándalo que la involucraba en un supuesto tráfico ilegal de personas.

Según Gasnell, es necesario que todos los casos de corrupción se investiguen hasta el final y se concluyan con sanciones ejemplares.

De no haber sanciones, según Gasnell, se seguirán viendo renuncias sin consecuencias, y más escándalos de corrupción pasarán sin sanciones.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, denunció que lo que reflejan estas renuncias sin sanciones es que “hay una impunidad ante el desgreño administrativo en el sector público, por parte de los funcionarios que ejecutan voluntades de otros funcionarios de más alta jerarquía”.

Según Lee, no se trata de que un funcionario involucrado en un escándalo de corrupción renuncie, sino que responda a una investigación no solo administrativa, sino también penal.

Pablo Morales, presidente del Comité Ecuménico, sostiene que una renuncia no exime de que se haga una investigación. “No se trata nada más de quitar del escenario a una persona, cuando hay una serie de irregularidades que deben ser investigadas”, manifestó.

Morales agregó que ante este panorama el país tiene, tristemente, una secretaria anticorrupción (Abigaíl Benzadón) que se dedica a investigar solo la corrupción cometida en el gobierno anterior y es poco eficiente en aclarar e investigar a fondo y aplicar los correctivos y sanciones. “Es hora de que se hagan las investigaciones y que haya resultados”, puntualizó el religioso.

OPOSICIÓN CUESTIONA

El diputado del opositor Partido Panameñista José Isabel Blandón dijo que la renuncia de Villamonte es “un esfuerzo desesperado (del gobierno) por tratar de parar los escándalos de corrupción”.

Blandón manifestó que el gobierno ha perdido credibilidad, y el país necesita respuestas y no maniobras evasivas, por lo que espera que se sepa quiénes fueron los responsables de la titulación gratuita del terreno ubicado en Paitilla.

Por su parte, Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del también opositor Partido Revolucionario Democrático, recordó que durante la presente administración del presidente, Ricardo Martinelli, ha sido una norma tapar los casos de corrupción con renuncias, sin investigar las denuncias.

Sánchez Cárdenas dijo que, aunado a esto, los funcionarios renuncian, pero siguen en el cargo dos o tres meses después, sin que pase nada.

MP debe definir el delito

A la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez le preocupa que la renuncia de Anabelle Villamonte, del cargo de jefa de titulación de la Anati, signifique que las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) por la cesión gratuita del terreno de Paitilla, no concluyan, y el caso quede impune.

Gómez explicó que el MP aún no ha definido cuál es el delito que está persiguiendo en este caso. Este diario consultó al procurador, José Ayú Prado, quien tiene el caso en su despacho, sobre si continuarán las investigaciones por el terreno de Paitilla tras la renuncia de la jefa de titulación de la Anati, y este respondió: “por supuesto que sí”. Pero no dio mayores detalles.

La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, presentó el 12 de agosto pasado una denuncia ante el MP por la cesión gratuita de los terrenos de Paitilla.

Además, los abogados Víctor Martínez y Rogelio Cruz, y el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, presentaron denuncias de bien oculto.

ISIDRO RODRÍGUEZ

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