DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eximen a Rafael Guardia Jaén de 15 casos

Las fiscalías se comprometen a no acusar a Rafael Guardia Jaén por los delitos de peculado en los casos que se le siguen.

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El acuerdo de pena entre la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y el exjefe del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN)Rafael Guardia Jaén dispone eximir los cargos penales imputados al exfuncionario en 15 investigaciones que se adelantan en la esfera judicial.

Según el acuerdo, las fiscalías anticorrupción aceptan no acusar a Guardia Jaén de delitos contra la administración pública y demás tipos penales que se le formularon en esos casos, ni acusarlo en aquellos casos que puedan surgir a causa de su desempeño como director del PAN entre 2012 y 2014.

El acuerdo no está en firme, debido a que la fiscalía anunció que apelará la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de devolverle varios bienes y cuentas a Guardia Jaén, quien entregó ayer, a través de su abogado, Víctor Orobio, un documento en el que pone a disposición de la fiscalía los bienes y dinero que le descongeló el juez.

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Eximen a Guardia Jaén de 15 casos

Orobio dijo que su cliente tomó esta medida por las críticas a la decisión de Loaiza.

Al respecto, el Ministerio Público informó que, a pesar de la declaración de Guardia Jaén, continuará con la apelación por los bienes que le devolvió el juez.

MILLONES DEL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL, EN EL EXTERIOR

Al menos 4.4 millones de dólares que el exjefe del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén transfirió a bancos en el extranjero no han sido recuperados todavía por el Ministerio Público.

Así consta en el acuerdo de pena firmado entre Guardia Jaén y la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, al que tuvo acceso este medio.

Guardia Jaén se comprometió a devolver cerca de $4.4 millones que fueron remitidos a bancos en el extranjero por medio de transferencias Swift. (Ver tabla).

Según el documento, la fiscalía solicitó asistencia internacional para la ubicación y aprehensión de estos dineros, que, principalmente, fueron remitidos a bancos en Bahamas.

“Queda entendido que los dineros que fueron transferidos hacia el extranjero [...] quedarán sujetos a comiso por parte del Estado una vez sea ejecutada la sentencia de este acuerdo de pena”, señala el documento.

MILLONES EN LESIONES

Al menos $54.7 millones suman la posible lesión patrimonial al Estado –calculada por la Contraloría General de la República– que se acumula en 8 de los 15 expedientes en los que el Ministerio Público (MP) se compromete a no acusar al exjefe del PAN (Ver tabla).

El acuerdo de pena establece que “las fiscalías anticorrupción de descarga (antes fiscales primera, segunda, tercera y cuarta anticorrupción) aceptan no acusar a Rafael Guardia Jaén por los cargos contra la administración pública y demás tipos penales que se le formularon” en 15 procesos penales.

Con este acuerdo, Guardia Jaén sería condenado a una pena de prisión de cinco años y se le obliga a devolver cerca de $30 millones en bienes y cuentas bancarias aprehendidas por el Ministerio Público.

NO ESTÁ FIRME

El acuerdo entre la fiscalía y Guardia Jaén fue sometido a una audiencia de homologación el 13 de diciembre pasado ante el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza.

En esa audiencia, al dictar la pena accesoria, Loaiza resolvió devolverle a Guardia Jaén seis cuentas bancarias, que sumarían cerca de $100 mil; tres vehículos, incluyendo un Porsche Cayenne; dos apartamentos, además de una mansión en Costa Serena, valorada en $940 mil.

Millones del PAN, en el exterior Expandir Imagen
Millones del PAN, en el exterior

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Millones del PAN, en el exterior

El fiscal Adecio Mojica, representante del MP en la audiencia, anunció que apelará la decisión, mientras que Aurelio Vásquez, quien coordina las fiscalías anticorrupción de descarga, sustentó las razones por las que el Ministerio Público presentará dicho recurso.

En una entrevista con este diario, Vásquez aseguró que el juez Loaiza le liberó bienes y cuentas bancarias a Guardia Jaén, actuando fuera del acuerdo entre la fiscalía y el exjefe del desaparecido PAN.

Vásquez dijo que “el juez devolvió bienes sin ningún sentido probatorio de que estos hubiesen sido adquiridos de forma lícita”.

Recalcó que sí hubo un acuerdo respecto a la pena principal de cinco años de prisión, el cual fue homologado por el juez, pero aclaró que las diferencias surgieron cuando al final de la audiencia –en la parte de la aplicación de la pena accesoria, que es competencia del juez–, la defensa de Guardia Jaén intentó introducir cambios relacionados con los bienes del investigado e incluso trató de hacer una práctica de pruebas, lo cual no estaba contemplado en la audiencia de homologación.

Precisó que si bien el Código Penal establece que la pena accesoria es una decisión exclusiva del juez, este tiene que ver la gravedad de los delitos que se le habían imputado al sindicado (peculado, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos), y de los que se declaró confeso.

En ese sentido, detalló que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen que en los casos de blanqueo de capitales el inculpado es quien debe probar la procedencia lícita de los bienes.

Aseguró que el juez Loaiza no desconocía los expedientes que se le siguen a Guardia Jaén, ya que su juzgado lleva todas las causas relacionadas con el extinto Programa de Ayuda Nacional.

Indicó que el artículo 50 del Código Penal establece una variedad de penas accesorias que el juez puede aprobar, como el decomiso de bienes, como en efecto lo hizo en la audiencia, pero, además, explicó que el juez procedió a devolver algunos bienes que la fiscalía pretendía que permanecieran cautelados, ya que fueron adquiridos por Guardia Jaén cuando se desempeñaba como director del PAN.

Recordó que el imputado canceló en dos pagos su mansión en Costa del Este, cuyo valor asciende a la suma de 940 mil dólares y, como se dijo, adquirió el vehículo Porsche Cayenne cuando fungía como director del PAN.

De acuerdo con Vásquez, no existió una debida valoración por parte del juez Leslie Loaiza sobre la gravedad de los delitos imputados a Guardia Jaén.

Dijo que incluso en las declaraciones patrimoniales de Guardia Jaén, a su entrada y salida del gobierno, existían bienes no declarados que eran objeto de reclamación.

De acuerdo con Vásquez, el Segundo Tribunal Superior de Justicia tiene ahora la última palabra en cuanto a la apelación anunciada por la fiscalía contra la decisión del juez Loaiza.

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