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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expedientes engavetados, un problema sin resolver

Sumarios que tienen hasta siete años en trámite siguen sin resolverse, pasando de oficina en oficina, en la máxima instancia judicial.

Al asumir el cargo de nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 3 de enero, el magistrado Alejandro Moncada Luna repitió una de las promesas que han realizado varios de sus antecesores y que ninguno ha cumplido a cabalidad: “acabar con la época de los expedientes engavetados”.

Por lo menos una decena de casos de alto perfil permanecen sin resolverse en la Corte, incluyendo algunos que llevan entre cinco y siete años pasando por distintos despachos de magistrados.

En un improvisado discurso, al comienzo de su gestión, Moncada Luna informó que presentará reformas al Código Judicial, en las que se incluirán plazos definitivos para la resolución de los expedientes, sin importar la instancia en la que se encuentren, incluyendo el pleno de la Corte.

Según el nuevo jefe del Órgano Judicial, cuando un expediente llegue a algún magistrado, este tendrá un tiempo definido para hacer un proyecto de resolución, y los restantes ocho magistrados tendrán un plazo para su lectura, que se dará de manera simultánea. También se fijará un plazo para la firma de los fallos.

“Los tiempos en que los expedientes quedaban engavetados en los despachos de los magistrados podrían pasar a la historia”, recalcó Moncada Luna.

Dos días después de ese anuncio, el magistrado Harley Mitchell presentó ante la consideración del pleno un proyecto de ley para establecer los términos de tiempo en que deben ser resueltos los expedientes que llegan al Órgano Judicial.

Mitchell sostiene que esta medida es necesaria, porque se deben establecer plazos “improrrogables” para que la tramitación de los expedientes sea más expedita.

En la exposición de motivos de ese anteproyecto de ley se establece que los términos incluirán al pleno, a los tribunales superiores y las Salas de la Corte.

El documento, actualmente en discusión, también indica que una vez que el magistrado ponente ponga a circular el proyecto de resolución de un caso, se distribuirá simultáneamente al resto de los magistrados para su lectura y la emisión de opiniones sobre él.

Para esto último se fijarán términos máximos en función de los recursos o el proceso.

Luego de cumplidos los plazos de lectura simultánea, las observaciones serán discutidas en un pleno extraordinario u ordinario.

El proyecto definitivo tendrá un término de dos días para ser firmado.

En caso de que un magistrado se abstenga de firmar, se emitirá una sentencia con la mayoría de las firmas. Solo los magistrados que firmaron el proyecto podrán salvar su voto.

VOLUNTAD

De acuerdo con la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, se requiere “voluntad y responsabilidad” para que esta iniciativa surta efecto.

A juicio de la exmagistrada de Troitiño, es necesario que los magistrados estén conscientes de que “deben leer los expedientes en la noche si no les alcanza el tiempo en el día”.

“Si los magistrados tienen interés de sacar los expedientes, los sacan; de lo contrario, se quedarán archivados”, destacó.

De Troitiño destacó que actualmente hay términos establecidos en el Código Judicial, pero reconoció que estos se cumplen muy pocas veces.

La exfuncionaria citó, por ejemplo, que los magistrados han fijado un término no escrito de cinco días para la lectura de un hábeas corpus, cuando la ley estipula que deben ser 48 horas.

Reconoció que durante su permanencia en la Corte, el caso en el que se ordenó investigar al exlegislador Rogelio Alba, en 2005; y el proceso en 2007 por el que se revocaron los indultos otorgados en 2004, por la entonces presidenta Mireya Moscoso, fueron los que más demoraron en fallarse; ambos cuatro años.

ENGAVETADOS

De acuerdo con registros periodísticos, hoy en día hay una gran cantidad de expedientes esperando ser tramitados en el Órgano Judicial, muchos de los cuales tienen hasta siete años.

Por ejemplo, está el expediente de la barriada Prados del Este, en el que después de siete años de investigaciones [septiembre de 2011] el Segundo Tribunal Superior acumuló los dos expedientes sobre las supuestas irregularidades en el financiamiento por 12 millones de dólares del proyecto, que se inundó en 2004.

Sin embargo, Galileo Ferrabone, uno de los más de 20 imputados en el caso, apeló ante la Sala Penal el fallo del tribunal, lo que está por resolverse.

Otro caso que se ha mantenido por más de cinco años en los tribunales es el proceso que se le sigue al expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán por lavado de dinero, iniciado en 2005. Actualmente, la Sala Penal debe resolver solicitudes del Ministerio Público y del Gobierno de Nicaragua para que se revoque la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que anuló el proceso contra el exmandatario por considerar, en 2010, que se trataba de un caso de doble juzgamiento. Ambos recursos quedaron en manos del magistrado Jerónimo Mejía.

En tanto, en noviembre de 2007 estalló el escándalo por el desfalco millonario en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito y el proceso judicial estuvo por más de tres años en los tribunales, hasta que finalmente el Juzgado Tercero Penal de San Miguelito fijó para el 19 de marzo próximo la audiencia preliminar a los 43 implicados en el caso.

Mientras, el proyecto de fallo sobre el desfalco millonario al extinto Fondo de Inversión Social (FIS), descubierto en 2010 y en el que fueron involucrados diputados de gobierno y oposición, tiene casi 20 meses circulando entre los miembros del pleno de la Corte. El ponente es Harley Mitchell.

En el caso de los pinchazos en la Procuraduría de la Administración, el pleno tiene pendiente desde octubre de 2010 resolver un recurso de nulidad presentado por la defensa de Óscar Ceville.

Otros tres procesos pendientes en el pleno desde 2010 tienen que ver con los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 14 de 2010, conocida como ley carcelazo; Ley 69 de 2007, que desapareció la Policía Técnica Judicial y creó otros dos organismos de investigación; y la Ley 74 de 2010, que le dio beneficios a los policías para no ser detenidos en una cárcel mientras son investigados.

Los ponentes en estos casos son Harley Mitchell, Luis Ramón Fábrega y Jerónimo Mejía, respectivamente.

El pleno también tiene pendientes unos amparos de garantías presentados por los abogados del expresidente Ernesto Pérez Balladares y del exalcalde capitalino Juan Carlos Navarro, para evitar que sean indagados en procesos por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y de abuso de autoridad, respectivamente.

De igual manera, desde octubre de 2011 está pendiente la solicitud del procurador de la Nación, José Ayú Prado, para que se acumulen las denuncias contra el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, por la muerte de pacientes contagiados con la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) resistente, la cual debe ser resuelta por Víctor Benavides.

El pleno también discute un proyecto sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el asilo territorial a la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia María del Pilar Hurtado, en el que Mitchell es ponente.

Y a pesar de la renuncia del alcalde Bosco Vallarino el pasado jueves, al magistrado Hernán De León le toca resolver la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la Asamblea que le devolvió la ciudadanía. Esto está previsto para el 24 de este mes.

Cemis, el caso emblema de expedientes atrasados

El proceso por el supuesto pago de sobornos a diputados en 2001 para la aprobación del contrato del Cemis es quizás el más emblemático en lo que respecta a atrasos procesales derivados de recursos legales y otros obstáculos.

Desde septiembre del año 2010, la fase de este caso que le compete investigar al Ministerio Público se encuentra suspendida, debido a una serie de recursos legales que el Juzgado Cuarto Penal tiene pendiente por resolver.

Al mismo tiempo, la parte de la investigación que se instruye en la Corte Suprema de Justicia está prácticamente paralizada, en un limbo jurídico, tras la salida de la institución, el pasado 3 de enero, del magistrado ponente Virgilio Trujillo, quien era el suplente del también retirado magistrado Alberto Cigarruista.

En esta instancia de la pesquisa hay pendientes ocho recursos, seis de los cuales estaban, precisamente, en el despacho de Trujillo.

De esos recursos, tres fueron presentados en septiembre de 2010. Se trata de un incidente que pretendía anular todo lo actuado en el caso; un recurso de previo y especial pronunciamiento que advertía de un posible doble juzgamiento; y otro de nulidad contra la orden de indagatoria emitida contra el expresidente Martín Torrijos, imputado en el proceso.

Los otros tres recursos fueron presentados entre el 11 de enero y el 7 de febrero de 2011.

Mientras que dos recursos legales están pendientes por resolver en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

José Otero

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