Las FARC establecen condiciones para ser grupo político

Una de sus aspiraciones es que se garantice la protección constitucional frente a la extradición de cualquier integrante de la organización.

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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) definieron ayer las condiciones para su transformación en movimiento político, una vez firmada la paz con el Gobierno, que incluyen la participación en el Congreso, una “solución confiable” en el tema justicia y la “protección constitucional” frente a la extradición.

En un comunicado leído por la guerrillera Victoria Sandino (alias de Judith Simanca), propusieron que su “participación activa en la política abierta” comprenda la “asignación directa” de asientos en el parlamento, asambleas departamentales y concejos municipales, durante “al menos dos períodos” de sesiones.

Los negociadores de las FARC plantearon la necesidad de desarrollar “economías del común” para contribuir a la “reconstrucción de la base productiva del país” y al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población más pobre. Además, insistieron en promover y apoyar “procesos organizativos sociales” que provean de servicios de salud, trabajo, vivienda y seguridad social a “todos y cada uno” de sus integrantes.

“Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y la transformación de las FARC en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de justicia especial para la paz”, afirmó Sandino.

Estos arreglos deberán fundamentarse en los principios de “la justicia restaurativa”, extensivo a “prisioneras y prisioneros políticos y de guerra condenados o con procesos de trámite”, señalaron los insurgentes.

Estas condiciones para el paso de la guerrilla a movimiento político se inscriben en las 10 “propuestas mínimas” reveladas en octubre pasado, que incluyen, entre otras medidas, la creación de un “plan nacional” para el fin del conflicto y la “reconciliación” en Colombia.

Las FARC y el Gobierno iniciaron el pasado martes un nuevo ciclo de diálogos con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral antes de fin de año, la cual prepararía el camino para el acuerdo final, que según el plazo propuesto podría firmarse a fines de marzo de 2016.

La guerrilla lamentó que luego de tres años de negociaciones no se hayan definido temas fundamentales, como el desmonte del paramilitarismo; cuál debe ser el rol de las fuerzas armadas en una Colombia reconciliada y en paz o cómo materializar la dejación de las armas por ambas partes para asegurar su no utilización en política por el Estado.

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