ASISTENCIA ECONÓMICA

Factura de subsidios sociales del Ministerio de Desarrollo Social baja

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pagó $19.4 millones menos en 2017 a los beneficiarios de los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y los Bonos Alimentarios de la Secretaría para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En total, este año se desembolsaron para estos subsidios $225 millones; mientras que en 2016 salieron de las arcas públicas $244.4 millones.

DEPURAN LOS PROGRAMAS SOCIALES

La actualización de datos, la solicitud de fe de vida y los procesos de recertificación que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) han conllevado a una disminución en la cantidad de beneficiarios y en el presupuesto asignado a los subsidios que otorga.

Se trata de los programas Ángel Guardián, 120 a los 65 y Red de Oportunidades, así como los Bonos Alimentarios de la Secretaría para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan), que son los más significativos y con mayor presupuesto.

En total, 11 mil 930 personas fueron excluidas del beneficio, y así se refleja en la última actualización del Mides a las cifras de la asistencia económica. A diciembre de este año, hay 206 mil 8 beneficiarios en todo el país.

En la lista oficial de 2016 los beneficiarios totalizaban 217 mil 938.

El filtro aplicado a los cuatro programas también ha implicado una reducción en el presupuesto asignado a la asistencia económica por el orden de los 19.4 millones de dólares, ya que el Mides para este año destinó 225 millones de dólares, y en 2016 el monto desembolsado fue de 244.4 millones de dólares.

De los 225 millones de dólares pagados en 2017, 180 millones de dólares fueron para el programa 120 a los 65; 30 millones de dólares, para la Red de Oportunidades; 9 millones de dólares para el programa de Senapan; y 6 millones de dólares para el Ángel Guardián.

LA DEPURACIÓN

Alcibiades Vásquez, titular del Mides, expresó que en el momento en que fortalecieron el sistema de verificación, en diciembre de 2016, encontraron, al menos, mil 500 empleados públicos inscritos en el programa Red de Oportunidades.

Asimismo, al solicitar la fe de vida, detectaron que en el programa 120 a los 65 se mantenían inscritas unas mil 500 personas que habían fallecido.

“Hemos colocado más de mil 400 denuncias por estos hechos ante las autoridades”, aseguró Vásquez.

El ministro de Desarrollo Social también informó que el resto de las personas excluidas de los programas fue detectado en el cruce de información de instituciones como la Lotería Nacional de Beneficencia, el Banco Hipotecario Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Registro Público, entre otras. En estos casos se detectó que las personas no requieren de estos subsidios.

“Con el cruce de información hemos identificado personas que tienen propiedades, negocios y que no viven en condiciones de pobreza”, dijo Vásquez.

Añadió que otras personas excluidas de los programas son aquellas que no cumplen con sus responsabilidades de estudio, de asistir a citas de salud y otros compromisos adquiridos.

La exclusión de los beneficiarios puede ser objeto de reconsideración, pero según el titular del Mides, todo el equipo de trabajo procura asegurarse de que “haya equidad en la selección de nuevos beneficiarios, y que todos los panameños que realmente lo necesiten tengan la posibilidad de acceder a ellos”.

Datos estadísticos de la institución muestran que las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Coclé son las que tienen la mayor cantidad de personas inscritas en estos cuatro programas.

Depuran los programas sociales Expandir Imagen
Depuran los programas sociales

NUEVAS ESTRATEGIAS

El trabajo impulsado por el Mides es aplaudido por representantes de la sociedad civil, aunque sugieren que se impulsen con mayor empeño programas de formación e inclusión productiva para los beneficiarios de los programas.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Héctor Cotes, manifestó que los subsidios deben ser temporales y focalizados. “No se puede dar dinero por darlo, este tiene que ser condicionado para que, una vez se supere la situación de pobreza o de pobreza extrema, puedan tener las herramientas necesarias para seguir adelante”, apuntó.

Para Cotes, la mayoría de estos programas dejaría de existir impulsando un mejor sistema de educación y formación, una “herramienta clave” para hacer los cambios que requiere el país.

Datos de la Contraloría General de la República de 2016 reflejan que el 22.1% (885 mil 971) de la población panameña vive en situación de pobreza y el 9.9% (397 mil 35), en situación de pobreza extrema.

El economista Adolfo Quintero manifestó que la inclusión productiva es una iniciativa que requiere de mayor apoyo para que tenga éxito.

Además, planteó que otra de las labores que debe realizar el Mides, para asegurar que este tipo de programas tengan una fecha de caducidad, es impulsar políticas públicas que ayuden a disminuir el empleo informal.

El último reporte de la Contraloría, que mide el estatus de la informalidad en el país y que fue publicado en agosto pasado, revela que en el país hay actualmente 592 mil 67 trabajadores informales.

Desde el punto de vista de Quintero, “los trabajadores en la informalidad son los futuros miembros del programa 120 a los 65”, porque en el conteo que lleva la Contraloría de este sector no se cuantifica a los profesionales, sino a los trabajadores con bajo nivel de ingresos y que además no tienen una cobertura de seguridad social.

Otros especialistas en el tema han apuntado a la necesidad de que, a través del Mides, se exija a los beneficiarios cumplir con las obligaciones establecidas en los programas y también establecer sistemas de evaluación permanentes y continuos que permitan saber si realmente se está cumpliendo con los objetivos de estas asistencias económicas.

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