UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Fallas en estrategia de seguridad universitaria

El proyecto incluyó la instalación de torniquetes, pero no se captó la huella digital de la población universitaria.

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En el campus central de la Universidad de Panamá se calcula que más de 30 mil personas se movilizan a diario, según datos de la propia casa superior de estudios. En el campus central de la Universidad de Panamá se calcula que más de 30 mil personas se movilizan a diario, según datos de la propia casa superior de estudios.
En el campus central de la Universidad de Panamá se calcula que más de 30 mil personas se movilizan a diario, según datos de la propia casa superior de estudios. Eric Batista.

Cinco años después de que las autoridades de la Universidad de Panamá (UP) iniciaran la implementación de un plan para optimizar la seguridad, el proceso no ha terminado.

La estrategia de seguridad incluía, entre otros aspectos, la activación de un sistema de acceso vehicular y peatonal para el cual se colocarían stickers de identificación en los vehículos y se tomarían las huellas dactilares de la población del campus central.

De igual forma, se instalarían cámaras de vigilancia, un sistema completo de monitoreo y un cinturón de fibra óptica alrededor de la institución.

El objetivo del plan era prevenir los asaltos a estudiantes, docentes y funcionarios, así como regular y tener mayor control del ingreso de vehículos y personas ajenas al centro.

La responsabilidad de completar esta tarea fue asignada al Consorcio Acceso Automático y Equipo de Vigilancia, a cambio de un pago de $3 millones.

A pesar de que se hicieron los pagos completos por los trabajos, el actual rector de la UP, Eduardo Flores, advirtió que el sistema “no funciona” y que la nueva administración tendrá que readecuarlo para no perder la inversión.

LAS FALLAS

Reynaldo Santamaría, director de Protección y Seguridad de la universidad, explicó que el sistema no está siendo utilizado, porque no fue efectivamente integrado y presenta deficiencias.

Citó como ejemplo que en lo que respecta al acceso del personal administrativo, docente y estudiantil, se pusieron los torniquetes en varias entradas, pero nunca se captó la huella digital de esa población.

Santamaría añadió que varios de esos aparatos se deterioran y su reparación cuesta cerca de los mil dólares por cada uno.

En relación con la videovigilancia, explicó que las cámaras fueron instaladas, pero el sistema de monitoreo se encuentra en la Dirección de Informática y no en el Departamento de Seguridad.

“Allí nadie estaba supervisando los monitores, así que lo que corresponde es mudar todo ese equipo al departamento correspondiente”, expresó.

Sin embargo, aclaró que, aunque no tienen una vigilancia modernizada, cuentan con 143 personas que trabajan en el Departamento de Seguridad y además hay presencia de agentes de la Policía Nacional, que garantizan la seguridad a la población universitaria.

Por su lado, Yira Pérez, directora general de Planificación y Evaluación Universitaria, informó que actualmente realizan estudios con técnicos especialistas en la materia para determinar las condiciones actuales del sistema e implementar los correctivos necesarios.

Añadió que no se quiere incurrir en mayores gastos, sino establecer una “planificación estratégica” que permita recuperar lo que ya se tiene, lograr la funcionabilidad del proyecto y garantizar la protección de quienes asisten a la universidad.

RESPUESTA

El exrector de la UP Gustavo García de Paredes defendió el trabajo que se realizó durante su administración y señaló que todo fue conforme a lo estipulado en el contrato.

“El plan se concluyó en un 80% y se hizo de manera efectiva”, enfatizó García de Paredes.

No obstante, el exrector reconoció que el proceso de digitalizar las huellas de la población universitaria no se terminó debido a la reticencia que había con la medida y que correspondía buscar los consensos para hacerla efectiva.

A su juicio, lo que ha ocurrido es falta de mantenimiento de los sistemas y estos se han deteriorado, por lo que corresponde a las actuales autoridades hacer frente a esta situación y “dejar de responsabilizar a la administración pasada”.

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