DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Falta de atención y apoyo: la revictimización de las denunciantes

En los ocho primeros meses de 2019, se han denunciado 3 mil 133 casos de delitos sexuales en niñas y adolescentes, lo que equivale a unos 13 casos por día.

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Datos del Ministerio Público revelan que en los ocho primeros meses del año 2019 se han denunciado 3 mil 133 casos de delitos sexuales en niñas y adolescentes, lo que equivale a unos 13 casos por día. Datos del Ministerio Público revelan que en los ocho primeros meses del año 2019 se han denunciado 3 mil 133 casos de delitos sexuales en niñas y adolescentes, lo que equivale a unos 13 casos por día.
Datos del Ministerio Público revelan que en los ocho primeros meses del año 2019 se han denunciado 3 mil 133 casos de delitos sexuales en niñas y adolescentes, lo que equivale a unos 13 casos por día. Foto Ilustrativa

Las víctimas de delitos sexuales en el país, que en su mayoría son menores de edad, afrontan diversos problemas luego de presentar las denuncias ante las autoridades judiciales y, generalmente, no gozan de la protección que el sistema debería ofrecerles.

Un caso reciente que deja en evidencia esa realidad es el de las dos presuntas víctimas del diputado del Partido Revolucionario Democrático Arquesio Arias –hermanas, una de ellas menor de edad–, quienes debieron salir esta semana de su natal Ustupu, en la comarca Guna Yala, por motivos de seguridad.

Según los familiares de las jóvenes, durante los últimos meses ellas fueron objeto de ataques y amenazas de los simpatizantes del diputado, a quien se le dictó una medida cautelar de arresto domiciliario el pasado 21 de octubre.

Las denuncias fueron de conocimiento público en julio pasado, cuando el caso pasó de una personería a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después que Arias tomara posesión de su curul en la Asamblea Nacional.

La isla Ustupu fue el sitio donde Arias laboró por última vez como médico, antes de ser diputado. Y fue allí donde se presentaron las dos denuncias que llevaron a que la CSJ le formulara cargos por la presunta comisión de los delitos de violación carnal y actos libidinosos.

Pero más allá de la situación de Arias, ¿qué sucede con las víctimas o cómo el Estado les colabora para superar esa compleja situación? En el caso de estas jóvenes de 22 y 16 años de edad, se vieron obligadas a trasladarse a la ciudad de Panamá, donde residen algunos de sus familiares. Aún así, tienen otra preocupación: su educación. Ambas están solicitando estudiar por módulos (una cursa en premedia de enseñanza y la otra está en la universidad).

De hecho, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) emitió notas esta semana a las autoridades educativas de Guna Yala, en las que les pide que se les permita a ambas jóvenes estudiar a distancia, para que no pierdan el año escolar y sus becas.

Arquesio Arias, diputado y médico general. Expandir Imagen
Arquesio Arias, diputado y médico general. Archivo

Otro inconveniente, que afecta a la presunta víctima menor de edad, es que aún no recibe la ayuda sicológica que le prometió la CSJ, ya que el Inamu no tiene la competencia para atender a menores de 18 años.

Inicialmente, le dijeron que sería referida a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, pero hasta el momento no se le ha brindado esa atención.

Enereida Barría, abogada de las denunciantes, afirma que estos son los problemas que a diario afrontan las víctimas de delitos sexuales en el país. “Ellas están en la ciudad de Panamá con cierto nivel de protección, pero lo que más les preocupa es perder su año escolar”, remarcó.

Según Barría, desde que sus clientas salieron de la isla no han podido recibir el apoyo administrativo del Ministerio de Educación y del Inamu, y fue el pasado miércoles cuando recibieron del Inamu las notas dirigidas a las autoridades del colegio y la universidad de Ustupu.

Son los familiares de las jóvenes los que tienen que hacer llegar esas notas hasta Guna Yala, lo que tomará varios días, además del tiempo que pasará para que les envíen los módulos. En esta comarca la tecnología aún no tiene cabida, como en otras regiones rurales de Panamá.

“El Estado no tiene los mecanismos para darle la protección, seguridad y, en este caso, para que sigan sus estudios de manera que no sufran más de lo que han sufrido”, advirtió la jurista.

Barría aseguró que no hay una política real y efectiva para la protección y seguimiento de estas víctimas, lo que las deja “totalmente desamparadas”. “Esperamos que este caso sirva de reflexión para crear una política estatal tendiente al cuidado de los menores de edad víctimas de delito sexual”, añadió.

Datos del Ministerio Público revelan que en los ocho primeros meses del año 2019 se han denunciado 3 mil 133 casos de delitos sexuales en niñas y adolescentes, lo que equivale a unos 13 casos por día. La mayoría tiene que ver con relaciones sexuales, violación, corrupción de menores y actos libidinosos.

La semana pasada, durante el VI Foro sobre los Derechos Humanos de las Niñas en Panamá, la fiscal Maruquel Castroverde expresó que el Estado está comprometido con instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que reconocen la condición de vulnerabilidad de las niñas víctimas. Sin embargo, apuntó, el respaldo presupuestario sigue siendo una asignatura pendiente para ayudar a esta población.

Castroverde dijo ese día que el 95% de las víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes menores de edad, y que el problema ha venido en aumento durante los últimos años.

En 2017 se reportaron 2 mil 209 víctimas del género femenino menores de edad en casos de delitos contra la libertad e integridad sexual. En 2018 la cifra aumentó a 3 mil 640, lo que representa un incremento del 64.7%.

Consultada sobre el tema, Nelva Reyes, de la organización Espacio de Encuentro de Mujeres, coincidió con Castroverde en que hay una deuda con las víctimas de delitos sexuales, sobre todo en brindarle seguridad a su integridad física y seguimiento a su estado emocional. “Muchas de estas niñas y adolescentes son dejadas a su suerte. Algunas incluso prefieren no formar parte de estos largos procesos judiciales, prefieren seguir invisibles”, advirtió.

Desde los partidos políticos también tienen su opinión. Ana Giselle Rosas, diputada de Cambio Democrático e integrante de la Secretaria de la Mujer de ese colectivo, se pregunta qué está pasando con las víctimas y qué atención se les brinda.

“Aquí estamos todos enfocados en qué está pasando con el diputado Arias, pero no preguntamos por las víctimas. Aquí los delitos de violencia contra la mujer están muy invisibilizados y, lamentablemente, cuando surgen estos casos mediáticos, esas debilidades del sistema quedan al descubierto”, manifestó Rosas.

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