corte suprema de justicia

Figali va contra Martinelli

El empresario denunció al expresidente el 20 de octubre pasado, por lo sucedido en 2009 cuando lo despojaron de un terreno en Amador.

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El terreno en Amador que le fue dado en concesión al empresario Jean Figali en 2002. Actualmente es ocupado por una empresa privada. El terreno en Amador que le fue dado en concesión al empresario Jean Figali en 2002. Actualmente es ocupado por una empresa privada.

El terreno en Amador que le fue dado en concesión al empresario Jean Figali en 2002. Actualmente es ocupado por una empresa privada.

Figali va contra Martinelli Figali va contra Martinelli

Figali va contra Martinelli

Grupo F. Internacional, propiedad de Jean Figali, interpuso una denuncia por peculado y hurto contra el expresidente Ricardo Martinelli, por derribar el 7 de julio de 2009 la cerca perimetral del terreno del empresario en la calzada de Amador.

La denuncia —a la que este diario tuvo acceso— fue presentada el pasado 20 de octubre en el Ministerio Público por el abogado Roberto Domínguez, en representación de Grupo F. Internacional. En principio, Domínguez pidió investigar el derribo de la cerca y el hurto de partes del yate La Gloria, propiedad de Figali.

El expediente fue asignado ocho días después a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, en ese entonces a cargo de Lorena de Coronell.

Domínguez hizo una ampliación de la denuncia el 20 de noviembre. Acusó a Martinelli de usar su condición de Presidente de la República para intervenir ilegalmente en los terrenos y derribar la cerca, acciones estas que provocaron que el yate fuera objeto de vandalismo.

Solicitó además investigar al funcionario de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en ese entonces autorizó la intervención ilegal de Martinelli.

En esa ocasión, con pocos días de haber asumido la Presidencia, Martinelli acudió al lugar junto a ministros de su gabinete y tumbó la cerca.

El entonces mandatario ordenó fijar una bandera panameña y un letrero que decía “propiedad del Estado”. Se secuestró el terreno bajo una supuesta deuda de Figali con el fisco.

¿Quién lo autorizó?

El abogado Domínguez interpuso el pasado 10 de diciembre otra ampliación de la denuncia en la fiscalía.

En esta diligencia, Domínguez aportó documentos que deben de probar que el terreno fue dado en concesión por la AMP mediante dos contratos suscritos el 15 de mayo y el 11 de octubre de 2002.

Domínguez considera que se debe aclarar si alguna autoridad judicial dio permiso para ejecutar el acto. “No es atribuible a un Presidente de la República”, señaló.

La fiscal De Coronell continuó con el trámite del expediente, pese a que Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) solo puede ser investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mediante una resolución del pasado 7 de enero, De Coronell decidió enviar el expediente a la CSJ. Pero el expediente llegó a este organismo el miércoles 14 de enero.

En reparto del 16 de enero, el magistrado Harry Díaz fue asignado como ponente de la denuncia. Díaz deberá pedir al Parlacen que confirme a través de un documento autenticado si Martinelli forma parte de ese foro regional.

Una vez conteste el Parlacen, el togado debe pedir el levantamiento del fuero electoral del exmandatario.

Posteriormente, elaborará un proyecto de fallo que decida si se admite o no la denuncia. Esta decisión será sometida a consideración del pleno de la CSJ.

Este medio pidió una opinión a Martinelli sobre la denuncia de Figali, pero no respondió.

el terreno

Los contratos suscritos por Figali le permitían rellenar la ribera y el fondo de mar en 7.7 hectáreas, para construir una marina en la calzada de Amador.

Sin embargo, el 26 de octubre de 2006 el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos, a través de la AMP, suspendió los trabajos al alegar incumplimiento de contrato por parte de Grupo F. Internacional.

El 22 de mayo de 2007, la AMP anuló los contratos por incumplimiento. Figali respondió con la presentación de una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la CSJ, y pidió la nulidad de la resolución que extinguió el contrato.

En fallo del 14 abril de 2009, la Sala Tercera le negó la demanda a Figali. Recién estrenado como presidente, Martinelli convocó a los medios de comunicación para tomar los terrenos de Amador, propiedad de Figali.

Figali enfrentó también un proceso penal por blanqueo de capitales y falsedad durante el gobierno de Martinelli.

En fallo del 17 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal decidió un archivo provisional del caso seguido a Figali y a Mario Virzi, el otro acusado del caso.

Ocho expedientes en la CSJ

En septiembre pasado, el exdiputado ecuatoriano Tito Galo Lara presentó una querella contra Martinelli por supuestas irregularidades cuando se le revocó el asilo territorial el 19 de mayo de 2014. El caso es tramitado por el magistrado José Ayú Prado.

El magistrado Abel Zamorano tiene la denuncia que interpuso el actual gobierno por los 353 indultos que otorgó Martinelli antes de dejar la Presidencia.

En tanto, el magistrado Oydén Ortega es ponente en dos casos: una querella que presentó Juan Jované el 7 de enero de 2015 y el expediente por supuesto peculado en el Programa de Ayuda Nacional a través de la compra de comida deshidratada. Fue enviado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Ortega debe decidir si acumula ambos expedientes, pues se trata de los mismos hechos.

Mientras que el magistrado Zamorano tiene la denuncia que en 2011 presentó la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez por interceptaciones telefónicas. El magistrado Hernán de León es ponente de la denuncia que interpuso en 2012 el dirigente del PRD Mitchell Doens por intervenciones telefónicas.

Rubén Polanco

‘Declaración no está invalidada’: Moncada

El abogado Gonzalo Moncada, defensor legal del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, aseguró que las objeciones que presentó el pasado viernes en la Fiscalía Segunda Anticorrupción ya las había anunciado y ello no invalida la declaración indagatoria de su cliente. El expresidente Ricardo Martinelli, en una conferencia de prensa, mostró el viernes el escrito de objeciones interpuesto por Moncada, afirmando que hubo amenazas a Tamburrelli para que durante la diligencia declarara en su contra. Moncada explicó que cuando concluyó la indagatoria de su defendido, el pasado 15 de diciembre, informó que presentaría un incidente de objeciones por las presiones y amenazas que recibió el exdirector del PAN de la entonces fiscal segunda anticorrupción Lizzett Chevalier. Agregó que el escrito de objeciones lo presentó hasta ahora para evitar que Chevalier enviara a Tamburrelli preso a la cárcel La Joya. Desde hace tres días, Vielka Broce ejerce de fiscal Segunda Anticorrupción, en reemplazo de Chevalier. El abogado admite que Chevalier presionó a Tamburrelli para que involucrara a Martinelli y a otras personas como las responsables del contrato por un monto de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada con fondos del PAN.

“La declaración de Tamburrelli no está invalidada. En la ampliación de indagatoria él se va a ratificar y dará nuevos elementos”, dijo. Moncada aplaudió el cambio de fiscal y aseguró que confía en el trabajo que pueda hacer Broce. Además, dijo que Tamburrelli está dispuesto a ampliar su indagatoria el 23 de enero y al día siguiente que concluye su incapacidad. Tamburrelli, acusado de peculado, corrupción y con arresto domiciliario, expresó en su indagatoria que recibió la orden de Martinelli para firmar el contrato de la comida deshidratada.

Rubén Polanco

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