INVESTIGACIÓN

Fincas excarcelarias, un negocio a costa del Estado

Fincas de bajos costos y sin calles de acceso fueron valoradas en millones de dólares y aceptadas como fianzas de excarcelación.

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Fincas excarcelarias, un negocio a costa del Estado

Salir de la cárcel parece un trámite bastante expedito para algunas personas, como políticos, empresarios y hasta sospechosos de delitos como narcotráfico y homicidio, quienes presentan fincas como garantía de excarcelación que no cumplen con los requisitos que exige la ley, pero son aceptadas sin objeción por las autoridades.

Son tierras aglutinadas en las sociedades Inversiones La Auxiliadora, Reforestadora San Cristóbal, Ioannis, Inversiones Kristian, Juan Palito, Ysidro, Easy Cash y otros a nombre de Rodrigo Muñoz.

Algunos de los beneficiados son el coordinador político de Cambio Democrático Porfirio Ellis y el comerciante Juan Carlos Marciaga, ligados con el fallido proyecto de riego de Tonosí y casos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Para la excarcelación de Ellis se utilizaron las fincas 51041 y 51050, valoradas en $400 mil cada una, pertenecientes a Reforestadora San Cristóbal. Su abogado, Rogelio Cruz, se desvinculó del procedimiento de excarcelación al indicar que “él [Ellis] tramitó” todo. Para poner en libertad al comerciante coclesano Marciaga, también se empleó terrenos de la misma sociedad, pero su abogado aseguró haber olvidado el procedimiento.

Todas estas fincas nacieron sobrevaloradas, ya que pasaron de precios catastrales bajos a ser valoradas en millones de dólares rápidamente. Pero esta no es la única coincidencia. Sus dueños, tramitadores o directivos se repiten una y otra vez.

Representantes de las sociedades simulaban donaciones o ventas de terrenos, que poco después servirían para las excarcelaciones. Por ejemplo, Inversiones Kristian donó a Juan Palito una finca de 82 hectáreas que poco después se dividió en 154 lotes valorados en $1.8 millones.

¿Cumplen estos terrenos con la ley para servir de garantía hipotecaria? ¿Son verificadas las fincas por jueces y fiscales? La respuesta a estas preguntas fue el silencio, pero una investigación de La Prensa despeja algunas dudas.

Un terreno de la sociedad Reforestadora San Cristóbal, con valor catastral de $329, fue valorado, de un plumazo, en $77.2 millones, tras ser dividido en 193 lotes. Expandir Imagen
Un terreno de la sociedad Reforestadora San Cristóbal, con valor catastral de $329, fue valorado, de un plumazo, en $77.2 millones, tras ser dividido en 193 lotes. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

FIANZAS

Al menos ocho fincas sin acceso a electricidad, agua o vías de acceso pavimentadas, que no son más que potreros o montes, están siendo aceptadas como aval en el Órgano Judicial para dejar en libertad bajo fianza a numerosos sospechosos de delitos de alto perfil.

Luego de seis meses de investigación, La Prensa dio con las fincas y las visitó. Varias de ellas están ubicadas en zonas rurales e inaccesibles de la provincia de Coclé, principalmente.

Las fincas se usan como garantía para que tribunales concedan fianzas de excarcelación a exfuncionarios, empresarios y políticos, así como a sospechosos de delitos como narcotráfico y homicidio.

Las fincas son patrimonio de sociedades anónimas, como Inversiones La Auxiliadora, Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Ysidro, Juan Palito e Ioannis. Esta última, renombrada en octubre de 2012 como San Carlos Ecologic Properties, S.A. (Curiosamente, ni uno de los 41 lotes segregados de la finca de esta sociedad –que valoraron en su conjunto en cerca de un millón de dólares– aparece bajo su nuevo nombre).

Las sociedades que aglutinan los terrenos tienen elementos en común: en todas ellas se repite en algún momento el nombre de dignatarios, directores, tramitadores o apoderados legales.

Fianzas, la gran estafa al Estado Expandir Imagen
Fianzas, la gran estafa al Estado

LOS BENEFICIADOS

La Prensa investigó de forma aleatoria 39 fianzas de excarcelación otorgadas por los tribunales entre enero y julio de 2016, las cuales suponen un monto global de $3.8 millones.

Todos los terrenos que se usaron de garantía para otorgar las fianzas fueron recibidos por los jueces sin objeción alguna. Entre las sociedades más prolíficas estaban Inversiones La Auxiliadora y Reforestadora San Cristóbal. Esta última, con 18 fianzas de excarcelación por la suma de $2.7 millones.

Entre los que utilizaron estas fincas como garantía para su excarcelación están personajes envueltos en escándalos en el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, y en el fallido proyecto riego de Tonosí.

Por ejemplo, el coordinador político de Cambio Democrático, Porfirio Bolita Ellis; su pariente Julio Ernesto Terrientes Ellis, así como el empresario coclesano Juan Carlos Marciaga.

Bolita Ellis es investigado por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado en el proyecto riego de Tonosí.

Mientras, Marciaga es procesado por la presunta comisión del delito de peculado. Manejó, al menos, 17 sociedades para obtener contratos en el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y obtuvo $10 millones en contratos directos con el PAN en el pasado gobierno.

Otros que han usado fincas para obtener su libertad son el exgobernador de Coclé y empresario Richard Fifer, acusado, entre otros delitos y casos, de estafa; y el exdirector de Contrataciones Públicas Eldis Sánchez, este último sindicado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Para la excarcelación de Fifer se utilizó la finca 51068, a la que otorgaron un valor de $400 mil.

Al igual que Fifer, Ellis y Marciaga usaron fincas de Reforestadora San Cristóbal, también valoradas cada una en $400 mil.

Ellis y Marciaga recibieron fianzas de $500 mil cada uno; y Fifer, de $100 mil.

También se suman quienes conformaron una red de corrupción en el Órgano Judicial, en la que funcionarios presuntamente cobraron entre $2 mil y $7 mil a cambio de dar libertad a través de medidas cautelares o fianzas de excarcelación. Se detectó que, por lo menos, 7 de los primeros 13 sindicados usaron fincas de estas sociedades. Todos han salido de El Renacer, la Dirección de Investigación Judicial o la Policía Nacional gracias a estas fincas, que han sido sobrevaloradas para servir de aval a las excarcelaciones.

Y no son los únicos. Otros detenidos de La Gran Joya o de La Joyita, acusados de narcotráfico, homicidio y blanqueo de capitales, han recuperado su libertad gracias a estas fincas.

Se pudo constatar que todos los beneficiados de 21 fianzas en 2016, que ascendieron a más de medio millón de dólares, salieron de estos penales. La muestra de las fianzas también se tomó aleatoriamente.

Estas fianzas se expiden en los juzgados penales y civiles, que respaldan sus acciones, entre otras cosas, amparados en el artículo 245 del Código Procesal Penal, sobre la fianza hipotecaria.

Se indica que el fiador debe presentar al tribunal una certificación de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas en la que conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y la existencia de mejoras. Catastro se convirtió en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras en 2010.

Se preguntó al abogado de Ellis –Rogelio Cruz– sobre el proceso de negociación con los apoderados de las fincas para la excarcelación de su cliente, pero se desvinculó del tema indicando: “él [su cliente] lo hizo directamente. No tengo la menor idea de cómo fue. Insisto, él exclusivamente [hizo el trámite], yo no tuve nada que hacer con eso”.

Contrario a Cruz, el abogado de Marciaga, Rolando Rodríguez Chong, dijo que olvidó cómo tramitó la finca para liberar a su cliente.

Este diario llamó y dejó mensajes a la abogada de Fifer, María Eduarda Córdoba, pero hasta la hora de cierre de esta edición no había respondido.

NACEN SOBREVALORADAS

¿Se cumple con la norma o hay controles que se omiten? ¿Jueces y fiscales conocen la condición de estas fincas antes de aceptarlas? Al respecto, no hubo respuesta del Órgano Judicial, pero este medio logró obtener documentos que pueden desvelar la ruta tras las transacciones.

Son fincas que en muchos casos su costo no sobrepasaba el centavo por metro cuadrado; pero que, de un plumazo, se convertían en costosos inmuebles, valorados en algunos casos en millones de dólares, revelan documentos del Registro Público.

Ninguno de los inmuebles tiene calle de acceso. En los casos de las fincas ubicadas en San Carlos y Coclé, los únicos caminos que existen los ha hecho una empresa para colocar postes de tendido eléctrico de alta tensión.

Los lotes que surgieron de la segregación de fincas madre en Coclé, en San Carlos (Panamá Oeste), así como en Herrera, se encuentran en estado deplorable: los herbazales son su presentación y, para llegar a estos, hay que emprender largas caminatas o viajar en carros de doble tracción que con todo difícilmente se logra llegar a las fincas, tras atravesar ríos y vías convertidas en lodazales.

Una muestra es la finca de Reforestadora San Cristóbal, valorada en $77.2 millones. Sus apoderados no escatimaron en hacer multiplicaciones desproporcionadas del costo de este terreno, cuyo valor original era únicamente de $329, se observa en el Registro Público. Esta finca fue dividida en 193 parcelas, a las que se le otorgó un valor de $400 mil a cada una, pese a que cada lote tiene dimensiones diferentes.

Un recorrido por el área deja más interrogantes que la justificación de su elevado valor. Para ubicar el terreno, hay que recorrer un camino en carro durante más de media hora desde la Panamericana hasta llegar al pueblo de Llano Sánchez, en Aguadulce, provincia de Coclé.

De ahí, hay que emplear otra media hora –si el clima y el lodo lo permiten– por una vía de tierra improvisada que deja ver a lo lejos parte de la zona que sirve de garantía a las excarcelaciones en el sector de El Roble. Está de más decir que los servicios básicos no llegan a este.

Para llegar a este terreno, hubo que emplear dos días, ya que la lluvia impedía el acceso. El empleado de una finca cercana comentó que “por aquí no se ve a nadie; somos pocos los que andamos a caballo y otros en carros de doble tracción”.

Como esta, hay más. La sociedad Ioannis posee una finca de 27 hectáreas que adquirió en $29 mil, en septiembre de 2003. El terreno fue dividido tres meses después en 41 lotes, valorados en suma en $927 mil. El lote No. 230669 –que le dieron un valor de poco más de $26 mil– fue aceptado sin problema por los jueces, no para una, sino para seis fianzas, llegando, incluso, a sobrepasar su capacidad hipotecaria en más de $37 mil.

Los documentos sobre este lote revelan que el 1 de julio de 2015 se otorgaron tres fianzas que sumaron más de $23 mil, teniéndolo como aval. Al día siguiente, entregaron otra fianza por $15 mil, cuya garantía era el mismo lote. Una semana después, se tramitaron 2 fianzas más que sumaron $25 mil, sin objeción alguna.

¿Cómo las autoridades han podido verificar las condiciones de los terrenos? Se desconoce una respuesta, debido a que ni el Órgano Judicial ni el Ministerio Público accedieron a una entrevista.

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