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escándalo millonario

Fiscal: ‘Asamblea está sujeta a la fiscalización de Contraloría’

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Guido Rodríguez Guido Rodríguez

Guido Rodríguez Foto por: Archivo

Federico Humbert Federico Humbert

Federico Humbert Foto por: Archivo

Surgen nuevas reacciones de grupos de la sociedad civil y de funcionarios, cuyo rol tiene como propósito vigilar el patrimonio del Estado respecto al escándalo por la gestión de millones de dólares en donaciones y contratos profesionales, supuestamente fraudulentos por parte de la Asamblea Nacional desde el año 2014.

En una nota dirigida al contralor Federico Humbert el pasado miércoles, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó una auditoría de las donaciones y contratos por servicios profesionales gestionados por la Asamblea Nacional en los periodos fiscales 2014, 2015 y 2016, en los que, según advirtió, se pudo haber generado una lesión patrimonial al Estado.

“La Asamblea Nacional, como organismo, está sujeta a la fiscalización y posterior auditoría por parte de la Contraloría General de la República, toda vez que el fuero especial establecido en el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Panamá cobija a los miembros de la Asamblea, considerados individualmente como diputados de la República, mas no así al Órgano Legislativo como institución”, indica la carta del fiscal.

La Contraloría tiene la función de presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de manejo de los agentes y servidores públicos cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades, según dicta el artículo 280 de la Constitución, indicó.

En tanto, Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, opinó que es bueno que el fiscal de Cuentas cumpla con su rol, en un momento en que ha salido a la luz pública todo un sistema de supuesto desvío de fondos por parte de diputados en concepto de subsidios y donaciones.

“Hay que recordar que el año pasado, mediante el Decreto No. 441 del 25 de octubre de 2016, la Contraloría da legalidad a este tipo de prácticas en la Asamblea, pero es algo a todas luces inconstitucional, porque nuestra Constitución, en sus artículos 159, 160 y 161, establece cuáles son las funciones de los diputados y por ningún lado se establece que tienen la facultad de manejar fondos o subsidios”, explicó.

“El contralor es en gran parte culpable de esta situación, ya que luego de la gran negativa de las partidas circuitales durante el gobierno pasado, en el que más de $400 millones fueron utilizados de manera circuital por los diputados, ahora por otra figura se busca que los diputados continúen manejando fondos cuando no es función de ellos”, añadió Pittí.

Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, dijo que ante las denuncias que se han efectuado, las autoridades deben iniciar una investigación para saber si hay un acto delictivo.

A su vez, una comisión de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas presentó una nota a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en la que le señalan que por mandato constitucional está obligada a perseguir el delito, una vez esté debidamente notificada de la existencia de un hecho punible.

De acuerdo con la agrupación, no es cierto que solo la Corte Suprema de Justicia puede efectuar una investigación al respecto y que, para ello, se tiene que esperar una auditoría de la Contraloría.

“Como sabemos, lo primero ocurrirá el año del m... y lo otro [la auditoría] 100 años después”, dice la carta.

La asociación agregó en la misiva que las investigaciones periodísticas de La Prensa “desnudan una estructura de corrupción organizada desde la Asamblea Nacional”.

Mientras tanto, el Ministerio Público informó que es competencia de la Corte Suprema de Justicia investigar las denuncias planteadas.

A su vez, fuentes del máximo tribunal de la República indicaron que, por el momento, no se harán pronunciamientos sobre este tema.

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