lesión patrimonial

Fiscal de Cuentas pide auditar a diputados en planilla del Estado

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Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas. Archivo-LP Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas. Archivo-LP
Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas. Archivo-LP

El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó al contralor Federico Humbert que haga una auditoría a cinco servidores públicos que también ocupan cargos de diputados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para determinar si han incurrido en un presunto cobro de emolumentos debido a una posible dualidad de pagos con fondos estatales.

Rodríguez informó que la situación de estos servidores públicos pudo generar una lesión patrimonial al Estado.

Precisó que la auditoría se le realice a Carlos González, administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati); Priscila Weeden, quien labora en la Presidencia de la República; y a Abelardo Muñoz, que ocupa una subdirección en el Ministerio de Desarrollo Social. Todos son diputados del Partido Panameñista en el Parlacen.

También pidió una auditoría para Cirilo Salas Lemos, funcionario de la Asamblea Nacional, y a José Ramos, que labora en el Ministerio de Gobierno. Ambos son diputados en el Parlacen por el Partido Popular.

El pedido del fiscal de Cuentas surge después de que este medio publicara el 24 de este mes una información según la cual estos diputados, además de sus cargos en el Parlacen, devengan salarios en la planilla estatal: Carlos González cobra $7 mil como jefe de la Anati; Priscila Weeden, $6 mil en la Presidencia; José Ramos, $5 mil en el Ministerio de Gobierno; Abelardo Muñoz, $3 mil 500 en el Mides; y Cirilo Salas Lemos $1,800 en la Asamblea Nacional.

González aseguró a este medio que no cobra dos salarios porque desde 2014 no ejerce la curul en el Parlacen.

Weeden explicó que cada vez que acude a las sesiones del Parlacen pide licencia sin sueldo en la Presidencia.

El fiscal señaló que su pedido se basa en el numeral 13 del artículo 280 de la Constitución, que establece que corresponde a la Contraloría presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, las cuentas de servidores públicos de manejo.

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